Opositores y sindicatos denuncian presuntas irregularidades y "amiguismo" en las oposiciones de Servicios de Restauración

Crecen las dudas sobre el desarrollo de las oposiciones docentes en la especialidad de Servicios de Restauración de Formación Profesional. Lo que el colectivo de aspirantes ya tildaba de un supuesto "feudo cerrado propenso al amiguismo" ha sido remitido -según SIAU- a los despachos de la administración autonómica. El sindicato docente asegura haber presentado un escrito formal ante la Conselleria de Educación y Universidades solicitando la apertura de un expediente informativo que determine "si existieron causas de abstención no contempladas y si se garantizó la imparcialidad del proceso selectivo".

Las sospechas de los afectados se centran de forma directa en la composición de los órganos evaluadores. Según denuncian docentes que han participado en el procedimiento, cuatro de los cinco miembros de la lista de voluntarios que conformaron el tribunal en esta última convocatoria pertenecen al mismo centro (CIFP Juníper Serra) y departamento.

Entre las principales quejas trasladadas por los aspirantes se señala la supuesta coincidencia de que entre las personas evaluadas en la presente convocatoria figuraría "el hijo de un antiguo integrante del tribunal y compañero de departamento de los actuales miembros voluntariamente designados". Según exponen las fuentes consultadas, la coincidencia de que cuatro docentes del mismo centro se presentasen en bloque como voluntarios resulta "sospechosa", habida cuenta de la "relación de amistad y de trabajo de más de una década entre los implicados".

El propio sindicato SIAU señala en su escrito que ha tenido conocimiento de la "existencia de posibles relaciones personales, de amistad o familiares entre miembros del tribunal y determinados aspirantes". Si bien la central sindical puntualiza que "no afirma que estas circunstancias hayan determinado el resultado de las pruebas", sí considera indispensable verificar si "concurría alguna causa de abstención prevista en la Ley 40/2015" para salvaguardar la imparcialidad y la transparencia exigibles en la función pública.

A las sospechas de "trato de favor" se le suma la disconformidad con el criterio de elección de la presidencia del tribunal, la cual, según los denunciantes, "se elige de forma recurrente" por parte de la Conselleria, repitiendo designaciones "a pesar de haber recibido reclamaciones y recursos de alzada en convocatorias anteriores" que, según afirman, "no han obtenido respuesta" expresa antes del inicio del nuevo proceso.

Sin recusaciones ni denuncias formales

Consultada por este periódico sobre las sospechas de "favoritismo" denunciadas y la repetición del presidente del tribunal, la Conselleria de Antoni Vera defiende la plena legalidad del proceso y asegura no tener constancia de irregularidad alguna. Desde la administración autonómica recalcan que "no existe ninguna recusación contra este tribunal" ni consta "ninguna denuncia con nombres y apellidos", precisando que "SIAU tampoco la ha hecho".

No existe ninguna recusación contra este tribunal

Conselleria de Educación y Universidades

Fuentes de la Conselleria recuerdan que la recusación es la herramienta legal de la que disponen tanto opositores como miembros del tribunal para notificar cualquier sospecha de conflicto de intereses, asegurando que "ante la menor sospecha, la Conselleria actúa siempre". Respecto a la presidencia del órgano evaluador, el departamento educativo defiende que "se aplica estrictamente la normativa para la composición de los tribunales" y reitera que "no hay ninguna queja formal en ningún sentido sobre este tribunal".

Agravio comparativo entre islas

El malestar entre los opositores también responde a las cifras de aprobados registradas en Mallorca. La especialidad de Servicios de Restauración arrastra desde hace años la declaración de 'difícil cobertura' por la falta de personal funcionario para cubrir las plazas. Sin embargo, según exponen los afectados, la severidad de los exámenes prácticos en la isla ha provocado que en convocatorias recientes como las de 2024 o 2025 tan solo una persona lograra superar el proceso, dejando varias plazas vacantes.

En la actual convocatoria de 2026 en Mallorca, según los datos consultados, solo dos personas habrían logrado superar la primera fase.

El colectivo contrapone este escenario con lo acontecido este año en Ibiza, donde la Conselleria constituyó por primera vez tribunales diferenciados. Según denuncian los docentes interinos, aspirantes que -según denuncian- en las convocatorias celebradas en Mallorca obtenían sistemáticamente calificaciones suspensas, habrían alcanzado en el tribunal de Ibiza "muy buenas notas" en la fase práctica, como la presentación de la programación didáctica. Para los afectados, este contraste pone de manifiesto una presunta "discrepancia en la objetividad de los criterios de corrección aplicados" en la sede mallorquina.

Garantías de transparencia

Ante los cuestionamientos sobre la objetividad y opacidad del sistema de evaluación, la Conselleria niega tajantemente la falta de transparencia. Según el departamento educativo, "los criterios específicos de evaluación están publicados y se pueden consultar por cualquier persona". En el caso particular de la especialidad de Servicios de Restauración, la administración detalla que se indica "incluso el porcentaje de cada prueba sobre la nota final" y subrayan que el procedimiento se encuentra "muy detallado".

Respecto a la petición sindical de revisar el modelo de examen y la sede del tribunal, desde Educación recuerdan que la organización del proceso selectivo viene fijada por el Real Decreto 276/2007 del Ministerio de Educación: "Es una normativa estatal que se debe seguir y la Conselleria no puede revisar la organización de un proceso que viene marcado por una norma superior", concluye.

Reclamación de cambios organizativos

Cabe destacar que el "agotamiento" ante la reiteración de estas circunstancias ha derivado en consecuencias personales para los opositores. Algunos docentes en activo con años de experiencia aseguran haber sufrido "episodios de ansiedad" y "crisis psicológicas" tras el desarrollo de las pruebas.

Ante esta situación, el escrito del sindicato SIAU remarca la "progresiva pérdida de confianza que estas circunstancias están generando entre los profesionales" y solicita formalmente a la Dirección General de Personal Docente que valore "la conveniencia de modificar la sede donde habitualmente se desarrollan estas oposiciones", así como revisar la motivación de las calificaciones y el modelo organizativo general para evitar que los procesos de acceso a la función pública sigan bajo la sombra de la sospecha.

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