El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de "mentir" sobre el registro domiciliario: "No se merece dirigir el cuerpo en Baleares"

El abogado de las dos activistas detenidas la semana pasada por las pintadas contra varios inmuebles de Santa Maria del Camí ha cargado con dureza contra el jefe de la Guardia Civil en Baleares, el general Alejandro Hernández, al que acusa de haber ofrecido una versión "radicalmente falsa" sobre la actuación policial y de haber mentido públicamente para justificar la investigación. El letrado, Josep de Luis, sostiene que el operativo fue "absolutamente desproporcionado" y anuncia que intentará demostrarlo durante la instrucción judicial.

"La Guardia Civil no se merece estar dirigida en Baleares por una persona que miente a la prensa", afirma el abogado, que acusa directamente al máximo responsable del instituto armado en las Islas de faltar a la verdad al explicar el desarrollo de la operación.

Una de las principales críticas del letrado se dirige a las explicaciones ofrecidas por el general sobre los registros practicados durante la investigación. Según De Luis, hablar de un registro domiciliario es "radicalmente falso", ya que, sostiene, nunca existió una autorización judicial que lo amparara.

"Cuando habla de un registro, eso es radicalmente falso. No hubo ningún registro domiciliario. Y cuando alguien no dice la verdad, miente. Un registro habría necesitado una autorización judicial y ningún juez la habría concedido con el atestado que existe en este caso", sostiene.

A su juicio, la Guardia Civil intenta presentar como un registro lo que, en realidad, fue una entrega voluntaria de prendas de ropa obtenida bajo la amenaza de mantener detenidas a las dos jóvenes.

"Les dijeron que si no colaboraban quedarían detenidas"

El abogado asegura que las dos activistas fueron informadas de que únicamente podrían regresar a sus domicilios si accedían a entregar la ropa que vestían el día de los hechos investigados. "Se les dijo que si colaboraban podrían marcharse a casa y comparecer después ante el juzgado, pero que si no colaboraban quedarían detenidas. Al final autorizaron la entrega de la ropa", explica.

Sin embargo, sostiene que existen elementos que ponen en duda el carácter voluntario de esa entrega. Según afirma, a las jóvenes no solo se les pidió la ropa utilizada aquel día, sino que incluso se les indicó qué prendas concretas debían aportar.

"Si les dices simplemente que entreguen la ropa que llevaban aquel día, deberían entregar toda la ropa. Sin embargo, según ellas, les fueron indicando exactamente qué prendas querían. Eso no cuadra", afirma.

De Luis también pone en duda las garantías de la asistencia prestada por el abogado de oficio durante la actuación policial. Según explica, la intervención apenas duró apenas unos minutos y, además, se realizó telefónicamente. "Me parece imposible que en ese tiempo un abogado pueda prestar una asistencia jurídica eficaz y valorar adecuadamente si conviene autorizar la entrega de determinadas pruebas", sostiene.

El grupo criminal

Otra de las cuestiones sobre las que carga con mayor contundencia es la inclusión de la posible pertenencia a un grupo criminal en el atestado policial, una circunstancia que el general Alejandro Hernández defendió este martes al considerar que "encaja perfectamente" con el Código Penal.

El abogado rechaza completamente esa interpretación y sostiene que la Guardia Civil confunde los requisitos legales exigidos para apreciar este delito. "Se han inventado la referencia al grupo criminal para intentar justificar el resto de actuaciones. El Código Penal no dice que exista un grupo criminal porque haya más de dos personas que cometan un delito, sino porque haya más de dos personas unidas para cometer delitos. Esa diferencia es fundamental en Derecho Penal", afirma.

Además, recuerda que el propio juzgado no ha asumido esa calificación jurídica. "El juzgado ha incoado la causa únicamente por un delito de daños. La referencia al grupo criminal no se la ha creído nadie", sostiene.

"Era una absoluta desproporción"

El abogado también rechaza frontalmente la afirmación del general de la Guardia Civil de que la operación fue "absolutamente adecuada" y sin ningún tipo de desproporción. "Que él considere que la actuación fue proporcionada es una opinión; yo sostengo exactamente lo contrario. Cuando empiece la instrucción intentaré demostrar ante el juzgado que hubo una absoluta desproporción", afirma.

A su juicio, resulta injustificable desplegar un dispositivo de estas características para investigar unos daños materiales. "Estamos hablando de un delito de daños. Que me digan cuántas veces la Guardia Civil ha sometido a un seguimiento de este tipo a unos investigados por unos daños. Yo nunca lo había visto", añade.

Para De Luis, la verdadera finalidad de la referencia al grupo criminal era dotar de una mayor apariencia de gravedad a la investigación y respaldar actuaciones que, de otro modo, habrían resultado difíciles de justificar. "Necesitaban la referencia al grupo criminal para estirar un poco más la investigación y justificar actuaciones que, de otra manera, no se sostenían. La acusación de grupo criminal queda muy espectacular y genera confusión, pero el juzgado no le ha hecho ningún caso", concluye.

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