El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: "No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada"

El jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández Mosquera, ha defendido este martes la actuación desarrollada por el instituto armado en la investigación que culminó con la detención de dos activistas vinculadas al movimiento Menys Turisme, Més Vida, rechazando de forma tajante las críticas por la supuesta desproporción del operativo policial.

Tras el acto de presentación de los nuevos guardias civiles destinados a Baleares, el máximo responsable del cuerpo en las Islas ha asegurado que el dispositivo fue el habitual en este tipo de investigaciones, ha negado que existiera un trato excepcional por el perfil de las detenidas y ha insistido en que el objetivo fue exclusivamente reunir las pruebas necesarias para poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

"No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada", ha afirmado el general al ser preguntado por la controversia política y social generada tras las imágenes de las detenciones y los registros domiciliarios practicados por la Guardia Civil. El responsable del instituto armado ha defendido que la operación se desarrolló siguiendo los mismos criterios que cualquier otra investigación por daños y ha rechazado que la condición de activistas de las detenidas influyera en la actuación policial.

"Yo no le veo excepcionalidad. Es la actuación normal en un puesto de la Guardia Civil. Otros casos no son tan mediáticos y no existe ese fondo de discrepancia entre grupos políticos o de la sociedad, pero nosotros siempre actuamos exactamente igual", ha asegurado.

"No perseguimos activistas"

El general también ha querido desvincular completamente la investigación de cualquier consideración política, insistiendo en que la Guardia Civil únicamente actúa cuando existen denuncias por presuntos delitos. "Nosotros no perseguimos activistas ni entramos en el debate político. Lo que hacemos son investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales. No hacemos otras cosas", ha manifestado.

En la misma línea, ha asegurado que la polémica surgida tras las detenciones no condiciona el trabajo del instituto armado. "Esta polémica no nos afecta. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, seguiremos investigando todos los hechos delictivos que tengamos conocimiento. Nosotros no somos los responsables; los responsables son los autores de los hechos delictivos que son denunciados y que se cometen", ha añadido.

Los registros buscaban asegurar pruebas

Durante su comparecencia, el general ha explicado que los registros domiciliarios practicados tenían un único objetivo: localizar e intervenir pruebas que pudieran incorporarse posteriormente al procedimiento judicial.

"Lo que simplemente se hizo fue registrar los domicilios para intervenir aquellas prendas que habían sido utilizadas durante los actos de daños realizados la noche del 31 de mayo. Lo único que se hizo fue asegurar esas pruebas para que sirvieran ante la autoridad judicial, que será quien decida la autoría o no de estas personas", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que las detenidas fueron puestas rápidamente a disposición judicial. "Las detenciones se produjeron por la mañana y ya por la tarde estaban en el juzgado. En ningún caso estuvieron en los calabozos porque las diligencias ya estaban hechas gracias al trabajo de investigación realizado previamente. Será el juez quien decida cuando corresponda", ha señalado.

El jefe de la Guardia Civil también ha restado importancia a las imágenes que desencadenaron la controversia. "Las imágenes que han generado polémica no las hemos hecho nosotros. Nosotros simplemente nos hemos limitado a hacer nuestro trabajo: detener a unas presuntas responsables de unos daños y ponerlas a disposición judicial en el menor tiempo posible", ha afirmado.

"No solamente son pintadas"

El máximo responsable del instituto armado ha defendido igualmente la gravedad de los hechos investigados, rechazando que puedan reducirse únicamente a unas pintadas. "Hablamos de pintadas, pero también hubo daños contra cristales. Se rompieron cristales con un martillo y también se estropearon con pegamento las cerraduras de cinco edificios. Por tanto, hay un daño agravado. No solamente son pintadas", ha explicado.

Además, ha insistido en que uno de los inmuebles afectados estaba catalogado como Bien de Interés Cultural, circunstancia que agrava la posible responsabilidad penal. En este contexto, ha aprovechado para defender el trabajo realizado por los agentes encargados de la investigación.

"No es tan importante el tiempo que se les ha seguido, sino el buen trabajo realizado. En un tiempo bastante razonable se ha conseguido resolver un delito de daños graves contra cinco edificios, uno de ellos declarado Bien de Interés Cultural", ha señalado, al tiempo que ha trasladado públicamente su respaldo al puesto principal de Inca y a la compañía de Calvià por la investigación desarrollada.

La referencia al grupo criminal

Otro de los aspectos por los que fue preguntado el general fue la inclusión en el atestado de la posible pertenencia a un grupo criminal, una calificación que ha suscitado un intenso debate. El responsable de la Guardia Civil ha negado que se trate de una decisión discrecional de los investigadores y ha asegurado que responde a lo establecido en la ley.

"El Código Penal habla de grupos criminales y organizaciones criminales y establece una serie de características. No es la Guardia Civil quien decide eso; lo determinan los hechos", ha explicado.

Según ha detallado, cuando concurren determinadas circunstancias los agentes están obligados a reflejarlo en las diligencias. "En este caso hay más de dos personas concertadas para realizar un delito. Encaja perfectamente con lo que establece el Código Penal. No es nada que queramos añadir; es lo que tenemos que añadir. Es obligatorio cuando existen más de dos personas concertadas para cometer un delito, en este caso un delito de daños", ha concluido.

Delegado del Gobierno

Por su parte el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha defendido que la actuación de la Guardia Civil en la investigación de las dos activistas de Santa Maria responde exclusivamente a un procedimiento judicial iniciado tras la denuncia presentada por unos hechos ocurridos a finales de mayo y ha recalcado que la Delegación del Gobierno no interviene en este tipo de actuaciones. "La Guardia Civil inicia su actuación como policía judicial a partir de esa denuncia presentada por la posible comisión de un delito. A partir de ahí se produce una investigación y continúa su actuación hasta que las personas pasan a disposición judicial. La Delegación del Gobierno no interconecta, no interviene, no ordena ni mandata este tipo de actuaciones, que dependen de la autoridad judicial", ha afirmado.

En relación con las pintadas aparecidas este lunes en viviendas vinculadas al entorno de las activistas, Rodríguez ha confirmado que la Guardia Civil ya ha abierto una nueva investigación después de que la Policía Local trasladara la correspondiente denuncia y ha avanzado que esta se suma a las diligencias abiertas de oficio por un posible delito de odio. El delegado ha pedido dejar que las pesquisas sigan su curso y ha aprovechado para hacer un llamamiento a que las protestas por la crisis de la vivienda y la masificación turística se desarrollen "desde la legalidad y el respeto".

"Es comprensible que la ciudadanía eleve la voz por la enorme dificultad de acceso a la vivienda, por las consecuencias negativas de una cierta masificación turística y ante la inacción de la política, pero esas protestas deben desarrollarse siempre desde la legalidad y el respeto a todos", ha señalado.

De cara a la manifestación convocada para este domingo contra la masificación turística, Rodríguez ha avanzado que el dispositivo policial se adaptará a la previsión de una movilización multitudinaria y ha defendido el derecho de la ciudadanía a expresar su malestar, aunque insistiendo en que las protestas deben transcurrir sin incidentes. "La ciudadanía tiene todo el derecho y, en muchísimas ocasiones como en estas, razón para manifestarse desde la legalidad. Las manifestaciones ganan fuerza cuando se desarrollan desde la libertad, pero también desde el respeto", ha afirmado, antes de sostener que el debate debe centrarse en las soluciones políticas a la crisis de la vivienda y a las consecuencias de la masificación turística.

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