El último acelerón de Galmés para limitar los coches en Mallorca

La estabilidad registrada en las carreteras de Mallorca en 2025 fue solo numérica. Los datos no mienten: el tráfico aumentó un 0,5%. Objetivamente, volvió a haber más coches circulando por la isla que el año anterior, un hecho que podría corroborar cualquier conductor mallorquín. Para atajar el colapso viario, el Consell de Mallorca de Llorenç Galmés prometió en 2023 su medida estrella para la presente legislatura: limitar la entrada de vehículos en temporada alta, incluyendo los rent a car. A día de hoy, la ley todavía debe enfrentar un largo período de tramitación parlamentaria mientras el departamento insular de Movilidad ha metido la quinta marcha para conseguir aprobar la norma antes de que acabe el año y poder así aplicarla durante el verano de 2027.

El Consell dio hace unos días un paso importante para imponer las cifras que marcarán la regulación, adjudicando a la empresa MOVyTRANS la redacción del estudio de carga que establecerá los criterios técnicos que servirán para fijar el número máximo de vehículos que podrán acceder a la isla a través de sus puertos, así como el límite de turismos de alquiler. No es, sin embargo, la primera vez que Fernando Rubio, conseller insular de Movilidad, encarga la elaboración de un documento de estas características. En 2023 su departamento pagó para que se redactara el mismo estudio, el cual quedó finalmente desfasado debido al tiempo transcurrido entre su publicación y la tramitación de la norma para regular la entrada de vehículos en la isla . El Consell calculó mal los tiempos y se ha visto obligado a repetir la operación.

Para lo que el estudio de carga no servirá será para fijar la tasa que deberán pagar los conductores que quieran entrar en la isla. Eso deberán negociarlo con las navieras y demás sectores implicados. Serán también las navieras quienes se encarguen de las autorizaciones de entrada y del cobro de la tasa.

La limitación también afectará a los rent a car, sector turístico duro de pelar que, pese a los pronunciamientos públicos, jugará todas sus cartas para verse afectado lo más mínimo. En una reciente reunión entre Rubio y representantes de las distintas patronales, se evidenció cómo las grandes empresas se oponen frontalmente a la regulación mientras las pequeñas, y locales, entienden que la masificación de las carreteras de la isla requiere de medidas restrictivas que seguramente afectarán a su negocio.

El sprint final

La tramitación de la ley se aceleró a finales de mayo. Galmés veía cómo el tiempo iba agotándose y, a menos de un año para las elecciones, decidió dar el paso y trasladó a los grupos políticos su intención de sacar adelante la norma a principios de junio. Ni siquiera en su último Debate de Politica General de la legislatura quiso jugar la carta de la limitación.

Pero su aprobación en el pleno del Consell fue un anuncio trampa: era tan solo el primer paso de una larga tramitación legislativa cuyo recorrido deberá atravesar el Parlament para después regresar a la institución insular, que dará luz verde al texto de forma definitiva.

Todo esto mientras el PP no tiene asegurado el apoyo de sus socios de Vox, que durante la primera votación se abstuvieron, dejando a Galmés y Rubio solos junto a una oposición que, si bien se ha mostrado muy crítica con los tiempos y las formas, no podía posicionarse en contra de una de las medidas más restrictivas para los visitantes de la isla que se han impulsado en los últimos años. No hay que perder de vista a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament y líder de Vox, quien podría boicotear los planes del PP retrasando la entrada del texto en la cámara autonómica.

En el Consell confían en tener la ley de limitación lista antes de finales de año. Se tramitará por vía urgente. Pero Galmés debe acelerar si quiere cumplir su promesa.

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