El Govern defenderá en los tribunales el decreto del taxi y los VTC tras el recurso de la CNMC
El Ejecutivo autonómico sostiene que la norma es "necesaria" para garantizar la movilidad y adaptar el servicio a las características de un territorio "limitado y protegido"

Un vehículo de Uber en el aeropuerto de Palma. / F.G.

El Govern balear defenderá la legalidad del decreto que regula los servicios de taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC) después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya recurrido varios de sus artículos al considerar que introducen restricciones "desproporcionadas" a la competencia. El Ejecutivo autonómico sostiene que la norma es "necesaria" para garantizar la movilidad y adaptar el servicio a las características de un territorio "limitado y protegido".
La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, ha asegurado este viernes, tras la reunión del Consell de Govern, que el Ejecutivo todavía no conoce en detalle el contenido del recurso presentado por la CNMC y que serán los servicios jurídicos de la comunidad autónoma quienes analicen el alcance de la impugnación antes de fijar la estrategia de defensa.
Pese al recurso, Estarellas ha dejado claro que el Govern mantiene su respaldo al decreto. Según ha explicado, la regulación nació con el objetivo de "garantizar la movilidad" en las Islas y establecer criterios objetivos para ordenar tanto las licencias de taxi como las autorizaciones de VTC, teniendo en cuenta las particularidades territoriales de Baleares.
La portavoz ha defendido que el archipiélago requiere una regulación específica por sus limitaciones territoriales y por la elevada presión sobre la movilidad, especialmente durante la temporada turística. En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo considera que la normativa responde al interés general y seguirá sosteniéndola ante los tribunales mientras se resuelve el procedimiento judicial.
La CNMC ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra varios preceptos del decreto al entender que algunas de las medidas incluidas limitan la competencia de forma injustificada. No obstante, el Govern mantiene que la regulación persigue equilibrar la actividad del taxi y de los VTC sin renunciar a una planificación adaptada a la realidad insular.
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