El Govern creará una aplicación para calcular el precio máximo de venta y alquiler de las viviendas protegidas en Baleares
El cálculo tendrá en cuenta variables como el municipio donde se ubica el inmueble, su calificación energética o el régimen de protección aplicable
Una promoción de vivienda pública en Palma. / DM
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La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad impulsará el desarrollo de una nueva aplicación informática que permitirá calcular el precio máximo al que pueden venderse o alquilarse las viviendas sometidas a algún tipo de protección pública en Baleares. El proyecto incluirá también el mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de la herramienta para garantizar su actualización y funcionamiento.
Según el informe que justifica la contratación, la aplicación permitirá que cualquier ciudadano pueda conocer de forma ágil y completamente informatizada el precio máximo de venta o alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO), de precio tasado o de precio limitado. El cálculo tendrá en cuenta variables como el municipio donde se ubica el inmueble, su calificación energética o el régimen de protección aplicable. Además, la herramienta ofrecerá información sobre la posible extinción de la condición de vivienda protegida.
La Conselleria considera que esta herramienta mejorará la prestación de los servicios públicos y facilitará el acceso a una información "fiable y actualizada", en línea con el objetivo de avanzar hacia una administración plenamente digital. El desarrollo de la aplicación se realizará en cuatro fases (análisis y diseño, programación, pruebas y puesta en producción, y mantenimiento) y tendrá un plazo de ejecución de 16 meses a partir de la formalización del contrato. El contrato sale a licitación por un importe de 90.839,89 euros, IVA incluido, de los que 81.749,48 euros se destinarán al desarrollo de la aplicación y 9.090,41 euros al mantenimiento posterior. La adjudicación se tramitará mediante un procedimiento abierto simplificado.
El Govern asegura que se debe mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos, las empresas y las entidades, así como aumentar la productividad de estos servicios y la participación ciudadana mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de sus competencias.
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