Ione Belarra redobla la presión sobre Marlaska por la detención de dos activistas antiturismo

Podemos ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior, la cartera de Fernando Grande-Marlaska, para que explique la actuación de la Guardia Civil en la detención de dos activistas vinculadas al movimiento contra la turistificación en Mallorca, al cuestionar la proporcionalidad del operativo policial.

La iniciativa, presentada por la secretaria general de la formación, Ione Belarra, solicita al Gobierno información sobre las circunstancias en las que se practicaron las detenciones, después de que las dos mujeres fueran arrestadas en sus domicilios, trasladadas esposadas a dependencias policiales y se les intervinieran sus teléfonos móviles, ha informado el partido en un comunicado.

Podemos también pide explicaciones por las declaraciones atribuidas a fuentes policiales tras la operación, en las que se afirmaba que "los que cometan delitos contra intereses turísticos en Mallorca serán detenidos". A juicio de la formación, resulta "especialmente preocupante" que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sitúen públicamente la protección de los "intereses turísticos" como eje de su comunicación en un contexto de movilización social contra la crisis de la vivienda y la turistificación.

En su iniciativa parlamentaria, Podemos pregunta qué criterios justificaron las detenciones en los domicilios de las activistas, el uso de esposas durante el traslado y la incautación de sus teléfonos móviles, además de si estas actuaciones se ajustaron a los principios de necesidad y proporcionalidad que, a su juicio, deben regir toda actuación policial.

Asimismo, solicita al Ejecutivo que aclare si existen investigaciones o dispositivos específicos dirigidos contra personas o colectivos vinculados al movimiento contra la turistificación y qué garantías existen para evitar una eventual criminalización de la protesta social.

La formación sostiene que la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la especulación inmobiliaria forman parte del ejercicio legítimo de los derechos de participación y protesta y reclama al Gobierno "transparencia" sobre la actuación desarrollada.