Los alquileres de menos de 1.000 euros al mes prácticamente han desaparecido de Mallorca

Cualquier familia mallorquina que se siente en estos momentos en un ordenador para buscar en las principales webs inmobiliarias un piso que poder alquilar por menos de 1.000 euros al mes va a obtener un resultado descorazonador. Un rastreo de este tipo durante el pasado jueves en Idealista dio como resultado la oferta en toda la isla de 23 viviendas por debajo de ese importe, de las que solo cuatro corresponden a Palma, el municipio que registra una mayor demanda, mientras que Manacor y Sant Llorenç se sitúan en cabeza en este tipo de residencias. Muchas de ellas se ofrecen para cortas temporadas. Si se opta por Fotocasa, la frustración del aspirante se multiplica, porque entre las 24 ofertas que aparecen una buena parte corresponden al alquiler de habitaciones y son mínimas las que suponen el alquiler del conjunto de la vivienda. Como anécdota, Idealista solo ofrece en Ibiza una vivienda de menos de mil euros que no sea de alquiler de temporada para el invierno.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Miguel Artieda, confirma esta situación y reconoce que la oferta actualmente existente por debajo de los mil euros es casi inexistente. Si tenemos en cuenta que la recomendación es que a la vivienda no se destine más de un 30% de los ingresos de una familia, el resultado es que para tener un alojamiento en Mallorca es necesario que la unidad familiar consiga más de 3.000 euros cada mes, algo impensable para una buena parte de la población, especialmente en el caso de los jóvenes.

Las causas

Artieda señala entre los factores que han llevado en estos momentos a una situación tan precaria el hecho de que julio es uno de los meses con mayor demanda por las necesidades de los trabajadores de temporada, y que el mercado del alquiler del archipiélago lleva años manteniendo enormes escaladas en sus precios aunque este año muestre algunas señales de moderación.

Sobre este último punto, recuerda que Baleares aparece sistemáticamente en los puestos de cabeza por lo que a los precios del mercado inmobiliario se refiere, duplicando las medias nacionales en casi todos los índices.

Pero hay otro aspecto que el presidente de los API apunta como clave: en los barrios que tradicionalmente eran más económicos por presentar también mayores situaciones de degradación, los propietarios de los inmuebles que se venían incorporando al mercado del alquiler tradicional se están pasando en masa al de habitaciones por resultar extraordinariamente más rentable.

Artieda recuerda una denuncia expuesta hace pocos días en Diario de Mallorca por el presidente de la asociación de consumidores Consubal, Alfonso Rodríguez, respecto a una vivienda del barrio palmesano de Son Oliva diseñada con tres habitaciones, cuyos propietarios transformaron el salón para conseguir dos cuartos más, pese a ser ilegal. De este modo, por un inmueble que en el mercado clásico hubiera generado unas rentas de 800 a 900 euros mensuales como máximo, al cobrar 475 por cada habitación se obtenían 2.375 por mes.

Comparte la opinión de Consubal en otro punto: los autores de estas irregularidades son en la mayoría de los casos pequeños propietarios y no grandes empresas inmobiliarias.

Este representante de los API en las islas recuerda que este fenómeno empezó a crecer hace dos años, pero que ha alcanzado ya unas dimensiones que en su opinión hacen necesaria una nueva regulación, dejando muy claro que no se trata de prohibirlo o limitarlo, sino de fijar unas condiciones para ordenarlo mediante su inclusión por parte del Gobierno central en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Sobre este punto, y a la vista de malas experiencias anteriores, José Miguel Artieda insiste en que la regulación que reclama tanto para el alquiler de habitaciones como para el de temporada, de hacerse, debe de tener un amplio consenso político y el asesoramiento previo de los profesionales del sector, y no partir de un planteamiento ideológico de solo una determinada orientación de partido.

Ampliar las ayudas

En opinión del presidente de los API de las islas, la situación que se vive en el mercado balear del alquiler supone un claro apoyo a la pretensión del Govern balear de que el Ejecutivo estatal eleve el tope existente para recibir ayudas, que actualmente está fijado para aquellos pisos que se comercializan por un máximo de 900 euros al mes, cifra que se propone elevar hasta los 1.200 euros.

Artieda pone de relieve que en estos momentos el acceso a un alquiler asequible está concentrado en la oferta vinculada al programa Lloguer Segur, que junto al Govern impulsan los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria y de administradores de fincas, aunque por esta vía solo se han ofertado hasta ahora un centenar de inmuebles.

Suscríbete para seguir leyendo