Rosario Sánchez, candidata del PSIB-PSOE: «Prohens aborda el debate de la sobrepoblación desde un discurso clasista y racista»

¿Qué es lo primero que haría si fuera presidenta del Govern a partir de 2027?

Después de tres años de absoluta dejadez en la gestión pública hay dos prioridades. La primera es la vivienda, porque la desigualdad pasa hoy por el acceso a una vivienda digna y asequible. Hace falta un plan de choque. La segunda son los servicios públicos, especialmente la sanidad. Las listas de espera se han disparado y la salud tiene que volver a ser una prioridad.

¿La decisión de ser candidata fue exclusivamente suya o fue una petición de Francina Armengol y Pedro Sánchez?

Fue una decisión personal. Llevo más de veinte años en la gestión pública, he sido delegada del Gobierno, consellera y secretaria de Estado. Creo que ha llegado el momento de poner toda esa experiencia al servicio de las islas. Además, vivimos un momento de crispación, individualismo y discursos de odio que me preocupa profundamente, igual que el negacionismo climático o un mercado completamente descontrolado.

¿Qué propuestas concretas tiene para solucionar el problema de la vivienda?

El Govern dice que trabaja para facilitar el acceso a la vivienda, pero está haciendo justo lo contrario. Han subido tanto el precio de compra como el del alquiler y cada vez más personas se marchan de Balears porque no pueden permitirse vivir aquí. Hay que combatir la especulación, construir vivienda pública como prioridad presupuestaria, aplicar la ley estatal de vivienda, intervenir el mercado, incentivar a los pequeños propietarios y sacar a los fondos buitre del mercado. También hay que restringir cualquier actividad, como el alquiler turístico, que dificulte el acceso a la vivienda. Si no actuamos, la fractura social y generacional será muy difícil de revertir.

¿Hasta qué punto relaciona el problema de la vivienda con el crecimiento demográfico de Balears?

Fuimos la primera comunidad autónoma que incorporó la sobrepoblación al debate del reto demográfico. Hay que garantizar servicios públicos para una población creciente, pero también preguntarse por qué Balears sigue atrayendo cada vez a más población. Por eso ya empezamos a reducir las plazas turísticas durante los gobiernos de progreso. Lo que me preocupa es que el actual Govern esté abordando este debate desde un discurso clasista y racista.

¿En qué sentido?

Hemos visto muchas veces a Marga Prohens utilizar un discurso aporófobo contra las personas con más necesidades y otro que enfrenta a la sociedad en un territorio como Baleares, donde la convivencia debe ser una prioridad. Lo vemos, por ejemplo, con la regularización de inmigrantes. A mí me preocuparía mucho más tener más de 30.000 personas trabajando en la economía sumergida y sin derechos. Ese es el verdadero problema. Nosotros fuimos los primeros en afrontar el reto del crecimiento demográfico, pero debe hacerse desde la convivencia y apostando por una economía más diversificada. Sin embargo, no veo ninguna apuesta del Govern por diversificar el modelo económico pese a disponer de más recursos que nunca.

Sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes. Primero se hablaba de 10.000 personas y finalmente han sido cerca de 30.000. ¿Es normal no conocer la cifra real?

Si el Govern desconocía que había 30.000 personas trabajando en la economía sumergida, significa que tiene una mala percepción de cómo funciona la economía balear. Lo importante es que esas personas puedan trabajar con derechos. Es una cuestión de derechos humanos, pero también económica, porque deben cotizar a la Seguridad Social. El crecimiento económico depende también de la inmigración y ahora corresponde a las comunidades autónomas garantizar vivienda, sanidad, educación y servicios públicos para toda esa población.

El Govern sostiene que esta regularización provocará un efecto llamada.

Son personas que ya están trabajando y sosteniendo nuestra actividad económica, pero sin derechos. Si esos empleos existen es porque los necesitamos. Por eso creo que el Govern está alimentando un discurso racista que rompe el modelo de convivencia de Balears enfrentando al pobre contra el más pobre.

Una de las principales críticas es que ustedes gobernaron ocho años y que muchos de los problemas actuales son consecuencia de esa etapa: la masificación turística, la presión urbanística o la construcción en suelo rústico.

El Govern de Prohens utiliza constantemente esa excusa para no asumir sus propias competencias. La vivienda, la ordenación turística, la sanidad o la educación dependen de la comunidad autónoma. Nosotros dejamos una hoja de ruta clara: empezamos a reducir las plazas turísticas, impulsamos el factor de insularidad para diversificar la economía y trabajamos con un proyecto de país. El Partido Popular no tiene ese proyecto. Su prioridad es el negocio a corto plazo, como demuestran la amnistía urbanística, los cambios en los espacios naturales o la construcción en suelo rústico. Entre su discurso y sus decisiones hay un abismo, y eso acaba traicionando la confianza de los ciudadanos.

¿Cree que Balears necesita un decrecimiento turístico?

La Secretaría de Estado me ha permitido comprobar que Balears era un referente en ordenación turística. Muchas de las medidas que hoy se aplican en otros territorios nacieron aquí: la ecotasa, la regulación del alquiler vacacional, las limitaciones a los cruceros, las moratorias de plazas, la protección de las camareras de piso o los estudios de capacidad de carga. En cambio, el Partido Popular no ha aportado ninguna medida innovadora, lo que demuestra que no tiene un modelo. El nuestro pasaba por reducir progresivamente las plazas turísticas mediante una moratoria y limitando el crecimiento.

Baleares roza los 20 millones de turistas al año. ¿Cuál es el límite?

Todo el mundo considera excesiva la presión turística que soportan Balears. El límite no puede fijarse de forma arbitraria, sino mediante una ley y estudios de capacidad de carga. Lo que sí tengo claro es que no puede haber más plazas turísticas y que debemos avanzar hacia una reducción progresiva, desde el diálogo con la sociedad y el sector. Las mesas de sostenibilidad han sido un paripé cuando podían haber servido para alcanzar un gran consenso sobre un modelo más racional. Además, Balears necesita diversificar su economía.

Se le ha reprochado una contradicción entre el discurso del Gobierno de España, que promociona el turismo, y el debate que existe en Balears sobre limitarlo.

No existe ninguna contradicción. El Estado proporciona herramientas y financiación, pero la ordenación turística corresponde a las comunidades autónomas. Cuando existe saturación, hay que aplicar límites, moratorias o tasas si son necesarias. El turismo aporta riqueza, pero solo tiene sentido si mejora la calidad de vida de los residentes. Nuestro modelo es un turismo al servicio del país, no un país al servicio del turismo.

La manifestación del 26 de julio nace precisamente de la sensación de que el modelo actual no mejora la vida de los residentes.

Lo comparto. El modelo turístico actual no es sostenible y hay que poner límites y orden. El Govern de Marga Prohens no lo está haciendo. La manifestación refleja el malestar de una parte muy importante de la sociedad por esa falta de gestión, que se aprecia tanto en la movilidad como en la ordenación turística. Además, muchas de las inversiones que hoy están transformando el modelo turístico proceden de los fondos Next Generation impulsados durante los gobiernos progresistas.

¿Acudirá a la manifestación?

Si voy como secretaria de Estado, la noticia sería yo y no el mensaje que se quiere transmitir. Los protagonistas deben ser los ciudadanos. Me parece una lástima que el debate se haya centrado en posibles incidentes violentos, porque eso perjudica su objetivo. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y una forma de expresar el malestar ciudadano. Cuando tanta gente sale a la calle, cualquier gobierno debería escucharla.

Hace dos semanas estuvo en el Comité Federal del PSOE. ¿Cómo ve al partido en este momento?

Creo que el PSOE, y especialmente el de Balears, es más necesario que nunca. Estamos viendo una deriva cada vez más extremista del Partido Popular, que ha asumido discursos impensables hace unos años sobre derechos de las mujeres, derechos laborales o convivencia. El PSOE sigue representando un proyecto de país basado en los derechos humanos, el Estado del bienestar, la legalidad internacional y la convivencia. La derecha moderada prácticamente ha desaparecido y, aunque a veces mantenga ese discurso, las políticas que aplica son claramente de ultraderecha.

Con casos como los de Ábalos, Koldo o Leire, ¿no cree que el PSOE debería haber sido más autocrítico?

La corrupción es un cáncer para cualquier democracia y solo puede afrontarse con tolerancia cero. Creo que el PSOE ha actuado cuando han aparecido indicios de corrupción y las personas implicadas han salido del partido. No puedo decir lo mismo del Partido Popular, que en Balears tiene numerosos antecedentes y llegó incluso a eliminar la Oficina Anticorrupción. La única manera de defender la democracia es mantener una posición de tolerancia cero frente a la corrupción.

Toda esa situación política nacional acabará afectando a su candidatura en Balears.

Hay mucho ruido interesado, pero confío en que la sociedad balear se identifica más con el proyecto del PSIB. Creo que los discursos extremistas, racistas y clasistas de Marga Prohens generan rechazo. La manifestación de es Trenc fue una muestra del malestar social. La ciudadanía percibe que el PP gobierna pensando en el negocio a corto plazo, deteriorando el territorio, la convivencia, el modelo económico y los servicios públicos.

¿Zapatero tendría que haber dado más explicaciones sobre sus investigaciones?

Como decía antes, tengo tolerancia cero frente a cualquier caso de corrupción y creo que el partido ha actuado con responsabilidad cada vez que han aparecido indicios.

Asegura que existe un proyecto deliberado para privatizar la sanidad y la educación.

Ese es el proyecto del Partido Popular. Marga Prohens dice que prioriza la gestión sobre la ideología, pero yo creo justamente lo contrario: la ausencia de gestión también es una decisión ideológica. No fortalecen los servicios públicos porque creen que hacer negocio con ellos forma parte de su modelo. Basta mirar lo que está haciendo el PP en Madrid o Andalucía para entender hacia dónde quieren llevar Balears.

También asegura que el Govern ha renunciado a las políticas de integración a través del catalán.

Es una política ideológica, racista, clasista, aporófoba y excluyente. Vox expresa abiertamente su rechazo al catalán, pero el PP también impulsa políticas que dificultan la integración. Cuando una sociedad tan diversa como la balear renuncia a la inclusión, acaba generando fracturas sociales muy peligrosas. Las instituciones tienen la obligación de construir convivencia, no de romperla.

Si el PP no lograra la mayoría absoluta, ¿facilitaría un gobierno en minoría para evitar que dependiera de Vox?

Creo que Marga Prohens no necesita a Vox para aplicar políticas de ultraderecha. La diferencia es que Vox las expresa con más claridad. Pero, además, tengo un problema de confianza. Ha incumplido compromisos como la Ley de Memoria Democrática, el Impuesto de Turismo Sostenible, la limitación de entrada de vehículos o las medidas sobre el alquiler. La credibilidad y la palabra son el principal patrimonio de un dirigente político y creo que Marga Prohens no ha dado explicaciones suficientes sobre esos incumplimientos.

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