Denuncian en Palma a Arran y Menys Turisme, Més Vida por grupo criminal, coacciones, desórdenes públicos e inducción a los daños

La firma jurídica internacional MD Law Group ha denunciado a Arran Mallorca, a la plataforma Menys Turisme, Més Vida y a sus portavoces públicos por pertenencia a grupo criminal, coacciones agravadas, provocación a los desórdenes públicos e inducción a los daños para “neutralizar” los efectos de los denominados ‘manuales de acción directa’ difundidos públicamente en la isla, en los que se alienta a llevar a cabo acciones directas no violentas contra negocios turísticos.

El ‘Manual de acción contra la turistificación’ publicado el martes por Menys Turisme, Més Vida, entidad organizadora de la gran manifestación antimasificación convocada para el próximo 26 de julio, ha provocado una cascada de reacciones contrarias a las iniciativas que propone el documento difundido en redes sociales.

Un despacho jurídico ha desplegado una estrategia de contención en dos frentes simultáneos “para frenar en seco las campañas coordinadas de hostigamiento, sabotaje y vandalismo que amenazan el tejido económico de la comunidad”.

Por un lado, por la vía penal, MD Law Group interpuso una denuncia ayer miércoles en el juzgado de guardia de Palma contra Arran Mallorca y la plataforma Menys Turisme, Més Vida. El escrito, que ha recaído en la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Palma, solicita la intervención inmediata de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para perseguir las tácticas de contravigilancia, uso de disfraz y ocultación de rostro que estas plataformas promueven en sus guías de sabotaje.  

Vía legislativa

Mientras, por otro lado, por la vía legislativa, el despacho ha registrado hoy ante la Mesa del Parlament balear y su presidente, Gabriel Le Senne, una proposición normativa pionera: la ‘Ley de Protección de la Imagen y Sostenibilidad de los Recursos Turísticos de las Illes Balears’. Este texto articulado persigue la asfixia financiera de los promotores de la turismofobia, introduciendo sanciones administrativas que oscilan entre los 60.001 y los 300.000 euros para quienes financien o difundan guías de sabotaje, estableciendo además la responsabilidad solidaria y patrimonial de los portavoces que justifiquen públicamente estos actos, según ha indicado la firma jurídica. 

“Baleares es una sociedad democráticamente avanzada, cívica y plural. El derecho a la manifestación, a la réplica ideológica y a la protesta está plenamente garantizado, pero es intolerable que en pleno siglo XXI se utilicen tácticas coercitivas típicas de la kale borroka callejera para amedrentar a empresarios, inmobiliarias y familias que operan de forma lícita”, han señalado desde la dirección del despacho. “El vandalismo organizado y el boicot institucional no son herramientas de diálogo, son delitos, y deben ser combatidos con toda la fuerza del Estado de Derecho”, han añadido.

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