El Gobierno defiende que la subida del plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Mallorca hará las plazas "más atractivas"
El ministro de Hacienda, Arcadi España, explica en Palma que el objetivo de la mejora es combatir el déficit de trabajadores en las Baleares
B.Ramon
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"Es un acuerdo histórico". Así han resumido los sindicatos CSIF y UGT la mejora del plus de insularidad para los empleados de la Administración General del Estado (AGE) en Baleares, aprobada por el Consejo de Ministros.
El Gobierno ha acordado incrementar un 100 % la indemnización por residencia para los funcionarios del Estado destinados en Mallorca y más de un 300 % para los de Menorca, Ibiza y Formentera. La medida beneficiará a 11.176 empleados públicos y permitirá que perciban las mismas indemnizaciones por residencia que los funcionarios destinados en Canarias.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado que el objetivo de la medida es hacer más atractivas las plazas de la Administración General del Estado en Baleares para combatir el déficit de personal que sufre el archipiélago.
España ha reconocido que el acuerdo no satisface todas las reivindicaciones sindicales, pero ha defendido que supone un avance "que no se había visto en décadas". "Mejorar las condiciones de los servidores públicos es mejorar el servicio público y fortalecer el Estado del bienestar", ha señalado. Asimismo, ha admitido que "hay que seguir negociando", aunque ha calificado el pacto de "paso relevante".
Desde CSIF, su presidente en Baleares, Luis Apolinar, ha definido el acuerdo como "un paso positivo, pero insuficiente". Ha celebrado que el Gobierno haya reconocido el desfase existente entre la indemnización por residencia y el coste real de vivir en las islas, aunque ha advertido de que la falta de incentivos pone en riesgo la cobertura de los servicios públicos al dejar numerosas plazas sin cubrir.
Por su parte, el secretario general de Servicios Públicos de UGT en Baleares, Miguel Ángel Romero, ha celebrado que "por fin" exista un acuerdo publicado, aunque ha insistido en que se trata solo de "un primer paso". Según ha explicado, la situación de la Administración es crítica debido a la dificultad para cubrir unas 11.000 plazas en un contexto de un gran crecimiento de la población.
Tanto UGT como CSIF han reclamado al Ministerio de Hacienda que, a partir del otoño, se negocie con rapidez la segunda fase del acuerdo. Entre sus principales demandas figuran la equiparación del plus de insularidad para todas las categorías profesionales y la incorporación de incentivos adicionales, como complementos por permanencia en el puesto, para favorecer que los funcionarios permanezcan destinados en Baleares.
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