Condenada una empleada de banca a un año y tres meses de cárcel por apropiarse de más de 300.000 euros de clientes en sa Pobla

La Audiencia de Palma ha condenado esta mañana a una empleada de banca a un año y tres meses de prisión y una multa por apropiarse de más de 300.000 euros de clientes de una sucursal de sa Pobla entre 2010 y 2014.

La acusada, una ciudadana española de 54 años, ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección Primera y se ha declarado responsable de un delito de apropiación indebida agravada en concurso con otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La trabajadora de la oficina de CaixaBank realizó multitud de reintegros en efectivo y traspasos a su cuenta sin el conocimiento ni consentimiento de las víctimas. En ocasiones, incluso ella misma firmaba las correspondientes autorizaciones para llevar a cabo las operaciones bancarias, mientras que otras veces no dejaba constancia documental. Actuaba desde su terminal de trabajo, si bien en otras ocasiones operaba desde los ordenadores de otros empleados, compañeros que se encontraban ausentes.

La fiscalía solicitaba inicialmente para ella una pena de cinco años de cárcel, si bien hoy ha rebajado sustancialmente su petición al apreciar dos circunstancias atenuantes muy cualificadas: la de dilaciones indebidas, porque han transcurrido más de once años desde que se inició el procedimiento judicial; y la de reparación del daño, ya que la sospechosa ha devuelto todo el dinero del que se apoderó.

El ministerio público ha tenido muy en cuenta que la mujer “ha satisfecho íntegramente las cantidades” de las que se apropió y “ha reparado el daño causado” al abonar a la entidad bancaria todo el dinero. Fuentes de la entidad financiera han asegurado que todos los clientes perjudicados que vieron como los fondos habían desaparecido de sus cuentas fueron resarcidos.

Tras confesar esta mañana los cargos, la Audiencia Provincial ha dictado sentencia oralmente. La Sala le ha impuesto un año y tres meses de prisión y una multa de tres meses a razón de seis euros diarios. No hay responsabilidad civil porque la encausada ya ha devuelto las cantidades sustraídas. El fallo ya es firme porque las partes personadas han indicado que no van a interponer ningún recurso.

El tribunal ha suspendido la pena de cárcel a la inculpada durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir al valorar que no tiene antecedentes penales, la condena impuesta es inferior a dos años y no tiene que pagar ninguna indemnización.

Durante cuatro años

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre enero de 2010 y abril de 2014, cuando la sospechosa trabajaba como empleada de banca en una sucursal de sa Pobla. En ese tiempo, la mujer, con “ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito”, aprovechando las funciones que desempeñaba en la entidad y que debido a ellas tenía bajo su custodia y administración los fondos de los clientes de la entidad, se apoderó de distintas cantidades de dinero procedentes de estos fondos.

En concreto, la encausada realizaba disposiciones de efectivo de las cuentas de los perjudicados sin su conocimiento ni consentimiento, o bien traspasaba dinero de las cuentas de los afectados a la suya propia. A veces firmaba ella misma las autorizaciones de reintegro y otras, dejaba el justificante sin firmar y no dejaba constancia documental de los reintegros ni de los traspasos. Con este modus operandi logró hacerse con 312.656 euros, según el fiscal.

Por ejemplo, de las cuentas de una clienta de la sucursal y su familia, realizó 72 reintegros por una cuantía total de 146.462 euros entre los años 2010 y 2014. La sospechosa extraía entre mil y 8.590 euros. Parte del dinero fue abonado a las cuentas de la acusada, según el ministerio público, que desconoce el destino que ella dio a las restantes cuantías. En 18 de las órdenes de reintegro, la encausada “estampó mendazmente la firma” de los titulares de la cuenta e igualmente estampó mendazmente la firma de la perjudicada en la ficha interna digitalizada de la clienta en la entidad bancaria, según la acusación. Además, para evitar ser descubierta y que la afectada detectara las irregularidades, excluyó los depósitos de la clienta del servicio de internet.

De la cuenta de otros dos perjudicados, se apropió de 1.900 euros en 2013. Mientras, entre 2010 y 2014, de las cuentas de otra mujer realizó 38 reintegros por valor de más de 59.000 euros al extraer entre mil y tres mil euros cada vez. En quince de las órdenes de reintegro, estampó mendazmente la firma de la titular de la cuenta.

Otro perjudicado perdió 24.951 euros en solo cuatro meses en 2012 en catorce reintegros y otros clientes, 49.530 euros en 31 extracciones entre 2010 y 2014, según la fiscalía. La entidad bancaria abonó el dinero a los clientes afectados y ahora la acusada ya ha resarcido a su antigua empresa.

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