El Govern aplica multas de hasta 5.000 euros diarios para los que no cesen su alquiler turístico ilegal

El Govern balear aplica multas que van de los 500 a los 5.000 euros diarios a aquellos propietarios que mantienen una comercialización turística ilegal pese a haber sido requeridos por los servicios de inspección. Además, a la tercera notificación que se les haga de esas multas su expediente pasa a ser remitido a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia. Estas medidas, que entraron en vigor cuando hace un mes se aprobó la ley ómnibus, han sido presentadas hoy en la segunda reunión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo por parte del conseller de Turismo, Jaume Bauzá, y de la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

Ambos representantes del Ejecutivo autonómico han destacado las medidas de refuerzo que se están adoptando para combatir la oferta turística ilegal, y en este apartado se ha dado especial relevancia a la creación de multas coercitivas diarias por los importes antes señalados, que tienen como objetivo evitar que los propietarios infractores sigan consiguiendo beneficios económicos manteniendo una actividad ilegal mientras se tramitan los expedientes sancionadores.

Un aspecto puesto de relieve es que a estas sanciones coercitivas se podrá sumar posteriormente la que corresponda por la actividad irregular. Se recuerda que el Govern ya ha prohibido crear nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, con un aumento de las sanciones hasta los 500.000 euros en los casos más graves.

Además, cuando se produzca la tercera notificación de las citadas sanciones (pueden pasar semanas entre unas y otras) los expedientes serán trasladados a la Fiscalía para la actuación por vía penal ante un presunto delito de desobediencia.

Lucha contra la 'okupación'

Otra de las medidas aprobadas en la ley ómnibus se vincula a la protección de los alojamientos turísticos (desde apartamentos legales a hoteles) contra las ocupaciones ilegales y los fraudes vinculados con el uso residencial encubierto. Según ha subrayado Bauzá, con la modificación de la ley de turismo de las islas se permite a estos establecimientos reclamar el auxilio inmediato de los cuerpos de seguridad para proceder al desalojo inmediato cuando se produzcan las citadas 'okupaciones' o se den situaciones que desvirtúen la actividad turística que está autorizada.

Finalmente, se ha dado a conocer a la mesa contra el intrusismo, en la que participan otras Administraciones como la Delegación del Gobierno, el nuevo protocolo que van a seguir las policías locales de Ibiza, con el fin de que estas sean clave en la detección de la oferta turística ilegal de la isla.

En las actuaciones de los agentes locales en aspectos como las quejas por molestias vecinales u otras incidencias, los datos que obtengan y que hagan sospechar de una actividad turística ilegal (como el cambio frecuente de los inquilinos), serán enviados mediante una app al Consell de Ibiza, que es el que tiene la potestad inspectora, para determinar si cabe la apertura de un expediente.

Otras actuaciones

Durante la reunión de la citada mesa celebrada hoy, la directora general de Transportes, Lorena del Valle, ha señalado la celebración durante esta semana de una reunión con los representantes del transporte terrestre para abordar el tema del intrusismo. Hay que recordar que desde el sector del taxi se viene subrayando el aumento de las irregularidades que se cometen.

Desde la conselleria de Mar se ha expuesto el refuerzo de los dispositivos de vigilancia y control del litoral, del que han pasado a formar parte 22 embarcaciones, de las que diez se destinan a la vigilancia costera y doce a los puertos que gestiona la Administración autonómica para reforzar la seguridad y ordenar el tráfico marítimo.

Se ha recordado que el pasado año se incoaron 162 expedientes sancionadores con propuestas de multas por valor de 471.600 euros, mientras que durante el presente ejercicio ya se ha alcanzado la cifra de 39 nuevos expedientes y más de 70 se encuentran pendientes de incoación.

En el caso del intrusismo en el sector comercial, se ha abierto un canal de comunicación con las patronales Afedeco y Pimeco y con la Confederación Balear de Comercio para compartir información y luchar contra el fenómeno del top manta.

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