Los fraudes en el alquiler «desbordan» a las asociaciones de consumidores de Mallorca

Los fraudes que se cometen en el mercado de la vivienda balear, y más concretamente en el del alquiler, han «desbordado» a las asociaciones de consumidores, según reconoce el presidente de la asociación Consubal, Alfonso Rodríguez. Subraya que durante la primera mitad del año alrededor del 80% de los casos que llegan a manos de estas organizaciones están relacionados con esta materia, seguida de las quejas contra las compañías aéreas y contra las eléctricas, con un retroceso de las que se dirigen contra empresas de telefonía móvil y contra las entidades financieras.

Rodríguez añade a lo dicho un aspecto adicional que considera muy relevante: una mayoría de los casos que se reciben en relación con las irregularidades en materia de alquileres están llegando a los juzgados, y apunta el riesgo de que estos terminen colapsados.

Hay otro factor que el presidente de Consubal lamenta, y es que los propietarios de los inmuebles que dan pie a las denuncias de los consumidores no son grandes empresas, sino personas de clase media que se han lanzado también a la carrera por obtener un máximo beneficio por sus inmuebles, y en una gran parte de los casos las víctimas son familias de inmigrantes.

Irregularidades en alquileres

Las situaciones más comunes a las que Consubal se enfrenta están vinculadas a la pretensión del dueño del inmueble de cancelar el contrato de alquiler antes de tiempo y a la exigencia de aumentos desproporcionados de las rentas que percibe, pero a estas dos tipologías se añade la transformación de zonas comunes de las viviendas en dormitorios para derivarlas al mercado del alquiler por habitaciones, una práctica ilegal según se ha venido recordando desde la conselleria de Vivienda.

Alfonso Rodríguez subraya que esta situación se está extendiendo precisamente en las zonas con viviendas más degradadas, como los barrios de Palma de La Soledat, Son Gotleu, el Camp Redó y Son Oliva, por citar algunos ejemplos.

La explicación de este último fenómeno es bien simple: alquilar en esas zonas una vivienda con un cierto deterioro de tres habitaciones puede permitir conseguir unos ingresos de hasta unos 800 o 900 euros mensuales, pero si se transforma su salón en otros dos dormitorios y se alquila por habitaciones la rentabilidad puede superar los 2.000 euros mensuales. Este ejemplo no se pone al azar, sino que corresponde a uno de los casos que han llegado a manos de Consubal, de una vivienda de Son Oliva donde cada uno de estos cinco cuartos se ha alquilado a 475 euros mensuales.

No es el único ejemplo que aporta de esas tipologías más comunes en el fraude de los alquileres, que en muchos casos tienen a las familias inmigrantes como las afectadas y provocan que, según reconoce Rodríguez, «hay días en los que me voy a casa sintiendo vergüenza ajena».

Señala el ejemplo de una persona que alquiló una vivienda de Son Gotleu a una familia pakistaní, y que vendió el inmueble sin comunicar que tenía inquilinos y sin que el comprador lo revisara. Al acceder este último al piso, se encontró dentro a esas personas, a las que denunció como okupas. El presidente de Consubal apunta que este caso ha terminado en un juzgado de lo penal al considerar que la vendedora cometió una estafa, pero pone de relieve la tensión que se ha generado sobre una familia inmigrante en la que «el padre y un hijo se matan a trabajar como repartidores»

Un segundo conflicto en el que ha intervenido Consubal está relacionado con un agente de los cuerpos de seguridad ya jubilado que posee algunas viviendas que ha puesto a nombre de una empresa. Transcurridos cinco años comunicó al inquilino que no iba a renovar el contrato, cuando ese plazo corresponde a propietarios que son personas físicas, pero que cuando se trata de personas jurídicas (empresas) se amplía a siete. Según Rodríguez, desde ese momento está lanzando amenazas constantes sobre los inquilinos (de nuevo una familia pakistaní) para intentar que abandonen el inmueble antes de tiempo.

Devolución de fianzas

Alfonso Rodríguez destaca que también son numerosos los casos vinculados a la negativa del propietario a devolver la fianza del alquiler, y cita como ejemplo otro inmueble de Son Gotleu cuya propietaria no quiere retornar esa cantidad a unos inquilinos que se marchan, alegando que han dejado manchas de humedad por condensación, cuando según el representante de esta asociación de consumidores el problema está relacionado con la antigüedad de la vivienda. «Casos como este son el pan nuestro de cada día» y añade que las devoluciones amistosas de las fianzas son minoritarias.

Todos estos ejemplos corresponden a Mallorca, pero asegura que la situación que se vive en Ibiza alcanza niveles de «barbaridades».

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