El Govern acusa al Ejecutivo central de actuar con "irresponsabilidad" en la regularización tras dispararse las solicitudes en Baleares
El archipiélago registró 34.166 solicitudes, cifra que triplica la previsión inicial de la Delegación del Gobierno, según datos definitivos
Al margen de la regularización, el Consell de Govern también ha autorizado un recurso contra el traslado de una menor migrante no acompañada desde Canarias

El conseller de Hacienda, Antoni Costa. / CAIB

El Govern ha elevado este viernes el tono contra el Gobierno central tras conocerse los datos definitivos del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, que ha cerrado con 34.166 solicitudes en Baleares y cerca de 1,17 millones en el conjunto de España, muy por encima de las previsiones iniciales que manejaba el Ejecutivo estatal y la Delegación de Gobierno del archipiélago.
Durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha calificado de "irresponsable" la gestión del proceso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que se ha llevado a cabo "sin ningún tipo de planificación ni consenso" con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Costa ha sostenido que las cifras conocidas esta semana confirman las advertencias que, según ha dicho, venía realizando el Govern desde el inicio del procedimiento. "Esta regularización se ha hecho sin calcular las consecuencias que se pueden derivar en el futuro", ha afirmado el portavoz.
El portavoz ha recordado que el Gobierno central hablaba inicialmente de unas 500.000 personas beneficiarias, mientras que el proceso ha finalizado con alrededor de 1,17 millones de solicitudes. En Baleares, ha añadido, la previsión trasladada por la Delegación del Gobierno rondaba las 10.000 personas, frente a las más de 34.000 solicitudes finalmente registradas. A juicio de Costa, este desfase demuestra que el Ejecutivo estatal "no ha calculado el impacto que tendría esta medida sobre los servicios públicos del conjunto de ciudadanos de Baleares y de España". "Los cálculos iniciales no es que hayan quedado cortos; en Baleares han sido un tercio de la realidad y, en España, más del doble", ha reprochado.
En este sentido, ha insistitdo en que la decisión se adoptó "sin consensuar nada" con las comunidades autónomas y que ahora serán "los ciudadanos, las comunidades y los servicios públicos quienes paguen las consecuencias" de esa medida.
El portavoz también ha defendido que el proceso provocará un "efecto llamada". Según ha explicado, una de las primeras preguntas que, asegura, realizan muchas personas migrantes al llegar a España es dónde deben acudir para iniciar un procedimiento de regularización, lo que, en su opinión, acaba convirtiéndose en "un argumento más que utilizan las mafias". Además, también ha advertido de que la regularización abrirá la puerta a futuros procesos de reagrupación familiar. "Es evidente que las 34.000 solicitudes se transformarán en muchas más personas; no sabemos cuántas, pero habrá un efecto llamada", sostuvo.
Costa ha aprovechado igualmente para cargar contra los partidos que, según ha dicho, defienden el decrecimiento o la preservación de la identidad de Baleares mientras respaldan esta medida. "Nos preguntamos si se puede ser más hipócrita", ha afirmado.
Nuevo recurso contra el traslado de una menor migrante desde Canarias
Al margen de la regularización extraordinaria, el Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria contra la resolución que acuerda el traslado a Baleares de una menor migrante no acompañada procedente de Canarias.
Según ha explicado Costa, se trata del cuarto recurso presentado por el Ejecutivo autonómico en relación con el traslado de menores. El Govern considera que la resolución del Estado no responde de forma suficiente a las alegaciones formuladas por Baleares, no tiene en cuenta el interés superior de la menor y omite, además, la situación de saturación que, según sostiene, atraviesa actualmente el sistema autonómico de protección.
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