El delegado del Gobierno reconoce que no sabe cuántos migrantes irregulares hay viviendo en Baleares

El delegado del Gobierno en Baleares ha reconocido esta mañana que se desconocía el número de migrantes que están viviendo en las islas “sin control administrativo”, es decir, de manera irregular y alejados del control policial. Alfonso Rodríguez ha querido hacer esta mañana una valoración del proceso de regularización de estos migrantes, que en Baleares suman un total de 34.166 personas que han solicitado convertirse en ciudadanos con residencia legal en España y, por lo tanto, con derecho a disfrutar de los servicios públicos como cualquier residente. Esta cifra tan elevada ha desbordado los cálculos iniciales, ya que se preveía que a este proceso de regularización se iban a sumar alrededor de unas diez mil personas. El cálculo no ha podido estar más lejos de la realidad, ya que los procesos que están abiertos en estos momentos multiplican por tres estas previsiones iniciales.

Rodríguez ha aprovechado esta valoración para defender el proceso de regularización que inició el Gobierno que representa en Baleares y lo ha hecho para atacar al mismo tiempo al Govern balear, así como a los partidos políticos de la derecha y la ultraderecha, que se han opuesto a que se legalice a tantas personas, porque pueden colapsar los servicios públicos, sobre todo en sanidad y en educación.

El delegado ha recordado que todas los extranjeros que pretenden acceder a la regularización “ya están viviendo con nosotros”, y que la mayoría de ellas están trabajando en empleos que no cotizan y, por lo tanto, están impulsando la economía sumergida. El político socialista ha señalado que con respecto a la política migratoria existen dos modelos diferenciados. El primero es el que impulsa el gobierno socialista, que pretende que todos estos extranjeros que ya están viviendo en España “puedan disfrutar de los derechos y de las obligaciones que les corresponde como ciudadanos”, ya que su regularización les permitirá pagar impuestos, que ayudarán a sufragar los servicios públicos, a la vez impulsarán el crecimiento de la economía. El otro mensaje que resaltó Rodríguez “es el que impulsa el Govern, que recoge los postulados de la extrema derecha, que culpabiliza a los migrantes que ya están con nosotros de colapsar los servicios públicos. Estos mensajes están en contra de los derechos humanos”, resaltó el político.

“Estas personas (los migrantes) van a adquirir derechos y obligaciones, y con los impuestos que pagarán van a mejorar los servicios públicos. No hay que olvidar que son personas que hasta ahora han realizado los trabajos más penosos, pero gracias a este proceso de regularización se convierten en ciudadanos de pleno derecho”, insistió el delegado.

Rodríguez quiso aclarar que él nunca “confirmé que serían unas 10.000 personas las que se iban a regularizar en Baleares. Este era el dato de los expedientes ordinarios de legalización por arraigo que se estaban tramitando en Extranjería. El número exacto de solicitudes no lo sabíamos”, aclaró en su valoración sobre este polémico proceso.

Ante la pregunta si los cálculos reales habían desbordado las previsiones de la Delegación del Gobierno, Alfonso Rodríguez ha evitado dar una respuesta clara a esta cuestión, aunque al final ha tenido que reconocer que la administración desconocía la cifra exacta de personas en situación irregular que han estado viviendo en Baleares. Son extranjeros que residen en Baleares, pero que no están bajo el control de las autoridades del Estado.

Este mismo desborde de previsiones se ha producido a nivel nacional. El Gobierno calculó que se iban a regularizar alrededor de medio millón de personas. La cifra real ha sido de 1,17 millones. Por lo tanto, el Delegado justificó este error de cálculo “porque la situación es muy parecida a lo que ha ocurrido a nivel nacional”, es decir, hay muchos más migrantes irregulares viviendo en España de los que preveían las autoridades.

La administración a partir de ahora tiene un periodo de tres meses para analizar la documentación antes de aprobar cada expediente de regularización. El delegado aseguró que se van a poner los medios que sean necesarios para cumplir con las fechas y aclaró que en estas últimas semanas se ha acelerado la tramitación de los expedientes de arraigo. Gracias a ello los funcionarios de extranjería podrán colaborar con los expedientes, que tendrán que resolverse en UTEX, cuya oficina está en la Península.

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