Rechazo frontal de PSIB y Més a la importación de residuos de Ibiza: "Es una decisión profundamente equivocada"

La ofensiva política contra el plan de importación de residuos urbanos de Ibiza a Mallorca ha dado un nuevo paso este martes. Tanto el PSIB como MÉS per Mallorca han cargado duramente contra la gestión del Consell de Mallorca, después de que el GOB haya anunciado un recurso judicial contra la operación, y han exigido paralizar cualquier traslado de residuos hasta que existan todas las garantías ambientales, sanitarias y jurídicas.

Los socialistas han denunciado que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, mantuvo oculto durante casi un año el expediente completo de la importación de residuos, pese a las reiteradas solicitudes de información realizadas por la oposición en plenos, comisiones, preguntas escritas y peticiones formales de acceso a la documentación.

Según ha explicado la consellera socialista Juana María Adrover, el expediente no fue entregado hasta que el Consejo de Transparencia de España requirió formalmente al Consell que facilitara la documentación tras una denuncia presentada por el Grupo Socialista.

"Galmés utiliza el Consell de Mallorca como si fuera de su propiedad. Obvia las normas mínimas de transparencia e impide la labor democrática de control que marca la ley", ha criticado Adrover, quien ha asegurado que la oposición se ha visto obligada a acudir a organismos estatales para que la institución insular cumpliera con sus obligaciones de transparencia.

Críticas por rebajar las garantías ambientales

La consellera socialista ha calificado el expediente de la importación de residuos de Eivissa como "especialmente flagrante" y ha denunciado que el equipo de gobierno ha rebajado las exigencias ambientales inicialmente previstas.

En este sentido, ha acusado al conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, de haber defendido durante meses el proyecto limitándose a asegurar que "el estiércol no olería", mientras que la documentación conocida ahora revela, según el PSIB, que finalmente se permitirá transportar residuos a granel y no embalados, pese a que los propios informes técnicos recomendaban la opción contraria.

Adrover ha advertido de que todavía se desconocen otros aspectos del expediente y ha mostrado el respaldo del Grupo Socialista a las reivindicaciones del GOB y de las asociaciones vecinales de Palma, especialmente las de Son Sardina, que reclaman suspender el plan piloto hasta que exista una evaluación de impacto ambiental y sanitario, se publique toda la información y se abra un proceso de participación ciudadana. "La ciudadanía tiene derecho a saber que no habrá riesgos para la salud ni para el entorno antes de autorizar ningún traslado de residuos", ha defendido.

Asimismo, la consellera ha acusado a Galmés de estar dispuesto a "cualquier cosa" para reducir la tasa de tratamiento de residuos antes de finalizar la legislatura, aunque ello suponga, a su juicio, poner en riesgo la salud pública, el medio ambiente y la transparencia institucional.

"La judicialización demuestra el fracaso de la gestión del PP"

Por su parte, MÉS per Mallorca considera que la decisión del GOB de acudir a los tribunales constituye la prueba más evidente del "despropósito" con el que el PP ha gestionado la importación de residuos desde el inicio. La portavoz ecosoberanista en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que la judicialización del expediente es "la consecuencia directa de una manera de gobernar basada en la opacidad, la improvisación y la falta absoluta de respeto por los procedimientos y por la ciudadanía".

La formación sostiene que el conseller Pedro Bestard ha sido incapaz de explicar con transparencia las condiciones económicas, jurídicas y ambientales de una operación que afecta directamente a Mallorca y denuncia que el gobierno insular ha ocultado información relevante, ha modificado criterios técnicos y ha apostado por un modelo que incrementa la incineración, el transporte de residuos y el impacto ambiental, en lugar de priorizar la reducción, la reutilización y el reciclaje.

MÉS recuerda además que ya advirtió desde el inicio que el acuerdo pretendía resolver la falta de planificación del PP en Ibiza trasladando el problema a Mallorca. "El PP vendió esta operación como una decisión técnica, pero cada día queda más claro que es una decisión profundamente política y profundamente equivocada", ha asegurado Perelló.

La portavoz también ha responsabilizado directamente a Llorenç Galmés por haber avalado una gestión que, según la formación, ha generado "desconfianza social, conflicto institucional y ahora también un litigio judicial".

Por todo ello, MÉS reclama paralizar cualquier ampliación o consolidación de la importación de residuos mientras no exista plena seguridad jurídica, se publique toda la documentación del procedimiento y se apueste por un modelo de gestión basado en la prevención, la reducción de residuos y la economía circular, en lugar de convertir Mallorca "en la solución de los problemas que el PP ha sido incapaz de resolver en otras islas".

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