Prohens acusa al Gobierno de provocar un "efecto llamada" con la regularización extraordinaria: "Lo primero que hacen es preguntar dónde tienen que ir para obtener los papeles"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cargado este martes contra el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber provocado un "efecto llamada" en Baleares, de haberse puesto en marcha "sin recursos" y de generar una "gravísima inseguridad jurídica" tras la decisión del Tribunal Supremo de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Prohens ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no puede realizar una evaluación completa del proceso porque, según ha denunciado, la Delegación del Gobierno y el Gobierno central no han facilitado información. "Se hace complicado hacer una valoración cuando la información que nos han trasladado ha sido nula", ha afirmado.

La presidenta ha apuntado que varios ayuntamientos socialistas ya advirtieron hace unas semanas de que la regularización se había iniciado "sin recursos" y ha insistido en que corresponde al Gobierno central dotar de financiación a una medida que, según ha criticado, se ha aprobado "sin contar con las garantías necesarias", con "muchas dudas" sobre aspectos como los certificados de vulnerabilidad o de antecedentes penales y con una importante falta de información hacia las administraciones que deben gestionar sus efectos.

"Aumentan las llegadas de irregulares"

Prohens sostiene que el proceso ha tenido un impacto directo en el archipiélago. "Podemos afirmar con total contundencia que ha provocado un efecto llamada", ha señalado, asegurando que desde el inicio de la regularización han aumentado las llegadas de inmigrantes irregulares, especialmente a Ibiza y Formentera. Según ha explicado, muchas de las personas que desembarcan en las Islas "lo primero que hacen es preguntar dónde tienen que ir para obtener los papeles fruto de este proceso de regularización".

En este sentido, ha reiterado que Baleares tiene unos servicios públicos "más que tensionados" y ha defendido que el debate migratorio "no va de solidaridad, sino de capacidad". "Todos podemos entender que una persona huya de su país cuando no tiene oportunidades, pero el Gobierno de España se ha lavado absolutamente las manos y nos ha dejado abandonados", ha afirmado, al recordar que la inmigración es una competencia estatal mientras que las "consecuencias" recaen sobre comunidades autónomas y ayuntamientos.

La presidenta también ha puesto el foco en el recorrido judicial del proceso de regularización. Ha recordado que el Govern ya interpuso un recurso contra la medida y ha subrayado que ahora es el propio Tribunal Supremo quien ha elevado una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que la norma podría entrar en conflicto con la legislación comunitaria.

"Es gravísimo", ha afirmado Prohens, quien ha recordado que ya advirtió en un pleno del Parlament de que la iniciativa podía vulnerar la normativa europea. A su juicio, resulta especialmente contradictorio que mientras la Unión Europea avanza hacia una estrategia común centrada en reforzar los retornos a los países de origen, España haya impulsado una regularización que, según ha dicho, va "totalmente en contra" de esa línea.

La presidenta ha advertido además de que la regularización puede incentivar que inmigrantes que pretendían desplazarse a otros países europeos permanezcan finalmente en España al obtener aquí una situación administrativa regular. "Nos han puesto en una situación de inseguridad jurídica muy preocupante", ha concluido, atribuyendo la medida a "un interés partidista y electoralista" del Gobierno de Pedro Sánchez.

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