Denuncian que el Govern ha discriminado al personal público en el pago de unos atrasos del año 2020

El sindicato UGT ha acusado esta mañana al Govern balear de discriminar a unos 10.500 trabajadores públicos, al no abonarles en la nómina del mes de junio una subida salarial del 2 %, que corresponde a la congelación de un aumento del sueldo del año 2020, que fue acordada por el Ejecutivo del Pacte.

Miguel Ángel Romero, secretario general de UGT Servicios Públicos, explicó que en esta legislatura las formaciones sindicales alcanzaron un acuerdo con el Govern, para ir cobrando de una manera escalonada los sueldos que habían quedado congelados durante los últimos años, coincidiendo con la época de la pandemia sanitaria. UGT había presentado una demanda judicial para reclamar el derecho al pago de dichos atrasos, pero al firmar el acuerdo con el Ejecutivo, se decidió retirarla. El sindicato interpretó que esta subida debía aplicarse, no solo a los funcionarios de carrera de Baleares, sino también a todo el personal que trabaja para la administración, como por ejemplo los empleados de las empresas públicas instrumentales o los profesores de los colegios concertados. Esta última subida del 2% debía aplicarse este mes en todas las nóminas, pero solo se ha incluido en las de los funcionarios de carrera y no en el resto del personal. El portavoz de UGT acusa al Govern de realizar “una interpretación errónea” del acuerdo suscrito con los representantes de los trabajadores y esta decisión lo que está produciendo “es una situación de discriminación” que los trabajadores públicos no están dispuestos a aceptar, por lo que incluso se plantean trasladar este conflicto a los tribunales. “La interpretación errónea que se está realizando del acuerdo resiente la confianza de los trabajadores, ya que UGT decidió retirar la demanda porque se entendía que el acuerdo daba cobertura a todo el personal público y no solo a los funcionarios”, resaltó Romero.

El sindicalista afirmó también que “no creo que la presidenta Prohens, al firmar este acuerdo con los sindicatos, fuera consciente de que se iban a discriminar a 10.500 trabajadores públicos de Baleares”. Romero aclaró que el dinero que se ahorra el Govern al no aplicar esta subida a un tercio de la plantilla pública de las islas es de alrededor de unos seis millones de euros. “¿Qué vale políticamente esta discriminación?”, preguntó el líder sindical.

Por otra parte, Ester Justos, responsable del sector autonómico de UGT, también habló que el impago de esta subida supone una discriminación entre funcionarios públicos y personal laboral. Recordó que el Govern sí había abonado a todo el personal el resto de recortes de sueldo, pero que ahora había decidido por su cuenta no hacerlo con respecto al aumento del año 2020.

Azaar Tortonda, del sector de enseñanza de UGT, también criticó con dureza que el Govern no haya incluido en el pago de estos atrasos a los profesores que trabajan en los centros concertados. Recordó que en el último acuerdo que se firmó con la conselleria de Educación sí se incluía el pago de la subida salarial congelada en el año 2020 y de hecho ambas partes acordaron un pago aplazado de las cantidades atrasadas. La última subida se debía aplicar en la última nómina de este mes de junio, pero a los profesores de la concertada no se les ha incluido en este aumento de sueldo.

Los representantes sindicales detallaron que su intención es negociar con el Govern y exigirle que rectifique la interpretación que está haciendo la conselleria de Función Pública sobre el acuerdo que se firmó esta legislatura. “Tenemos razón política y judicialmente”, sostuvo Miguel Ángel Romero, que no descartó ninguna movilización, tanto a nivel de protesta en la calle, como la presentación de una nueva demanda judicial para exigir que el Govern cumpla con los acuerdo y pague este dinero.

USO también protesta

No solo UGT denuncia la discriminación en el pago de estos atrasos. A esta reivindicación se ha sumado también el sindicato USO. Sus delegados sindicales que forman parte del sector educativo concertado se han concentrado esta mañana frente a la conselleria de Función Pública y han exigido una explicación clara de las razones por las que no se han abonado las retribuciones pendientes que corresponden al 2 por ciento del año 2020. El sindicato denuncia que se haya dejado al margen de este pago a los profesionales de la enseñanza concertada y a los trabajadores del sector público instrumental de la comunidad autónoma. “Se nos pidió actuar de buena fe, se nos pidió modificar y confiar en el proceso, y ahora descubrimosque esa buena fe ha servido para dejar fuera a más de 8.000 trabajadores y trabajadoras. Esto es intolerable”, ha señalado Juan Carlos Lorenzo González, secretario general de la Federación deEnseñanza de USO.

La organización sindical considera que esta diferencia para pagar estos atrasos supone una ruptura grave del principio de igualdad de trato de los trabajadores públicos. “No aceptamos trabajadores de primera y trabajadores de segunda. El dinero que no se abonó en 2020 debe recuperarse en tiempo y forma, exactamente igual que lo recupera los funcionarios de la enseñanza pública”, reiteró el lider sindical.