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El Govern pide destinar fondos europeos a construir vivienda pública de alquiler en Baleares

El Ejecutivo reclama que el Fondo de Transición Justa financie promociones de alquiler social y solicita ampliar las ayudas de 13 municipios a toda Mallorca

Dos personas observan los anuncios de viviendas en una inmobiliaria en Palma.

Dos personas observan los anuncios de viviendas en una inmobiliaria en Palma. / Tomàs Moyà - Europa Press

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Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Govern reclama al Gobierno de España y a la Unión Europea que el Fondo de Transición Justa (FTJ), creado para compensar el impacto económico del cierre de instalaciones contaminantes, pueda destinar parte de sus recursos a la construcción de vivienda pública en Baleares. La propuesta contempla una inversión de 3,36 millones de euros para impulsar promociones de alquiler social en los municipios beneficiarios del programa.

La iniciativa se plantea durante la reunión del Comité de Seguimiento del Fondo de Transición Justa 2021-2027, celebrada en Carrión de los Condes (Palencia), donde el Ejecutivo autonómico defiende que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales problemas de las Islas y que el fondo europeo debería adaptarse para dar respuesta a esta necesidad.

El Govern sostiene que incorporar una línea específica para vivienda social permitiría reforzar las políticas públicas de acceso a la vivienda al mismo tiempo que se impulsa la cohesión social en los territorios incluidos en el programa.

El Govern quiere extender las ayudas a toda Mallorca

Además de incorporar la vivienda pública entre las actuaciones financiables, el Ejecutivo autonómico solicita ampliar el ámbito territorial del Fondo de Transición Justa. Actualmente solo pueden acceder a estas ayudas trece municipios del entorno de la antigua central térmica de Alcúdia, pero el Govern plantea que toda Mallorca pueda beneficiarse de estos recursos europeos.

Según defiende el Ejecutivo, esta modificación permitiría extender las inversiones vinculadas a la sostenibilidad y a la transición energética al conjunto de la isla, en lugar de limitarlas a los municipios inicialmente incluidos en el programa. En la actualidad, la denominada Zona de Transición Justa de Mallorca comprende los municipios de Alaró, Alcúdia, Ariany, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pollença y Selva, definidos tras el cierre de la central térmica de Alcúdia.

El Fondo de Transición Justa es un instrumento financiero de la Unión Europea diseñado para ayudar a los territorios que afrontan consecuencias económicas y sociales derivadas de la descarbonización y del abandono de actividades intensivas en emisiones. En el caso de Baleares, las ayudas se destinan a compensar el impacto del cierre de la central térmica de Alcúdia y a financiar proyectos relacionados con la diversificación económica, la sostenibilidad y la transición energética. Ahora, el Govern plantea ampliar ese objetivo para que el fondo también contribuya a aliviar la crisis de acceso a la vivienda mediante la construcción de promociones públicas de alquiler.

Piden eliminar el límite de los 150 kilómetros para acceder a más fondos europeos

El Govern también aprovecha la presentación de la primera Estrategia de la UE para las Islas para reclamar un cambio en la regulación de los programas europeos de cooperación territorial Interreg. El Ejecutivo balear pide suprimir el límite geográfico de 150 kilómetros que actualmente condiciona la participación en estos proyectos, al considerar que deja a Baleares fuera de numerosas iniciativas de cooperación con otros territorios mediterráneos pese a compartir problemas y objetivos comunes.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, traslada esta reivindicación ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea durante una conferencia celebrada en Chipre.

El Govern defiende que los futuros programas europeos tengan en cuenta las necesidades reales de las regiones insulares y no únicamente la proximidad geográfica, una petición que ya ha logrado el respaldo del Comité Europeo de las Regiones y que ahora busca incorporar a la futura regulación comunitaria.

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