Vivienda en Baleares: El Govern gasta solo el 20% de las ayudas al alquiler joven, con 248 beneficiarios

La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas para la población joven balear. Sin embargo, una de las medidas estrella impulsadas para aliviar esta situación apenas ha llegado a una pequeña parte de quienes la necesitaban. La convocatoria para el periodo 2024-2025 del Bono Alquiler Joven, presentado por el Govern como una herramienta para ayudar a los menores de 35 años a hacer frente a los elevados precios del alquiler, ha ejecutado poco más de una quinta parte del presupuesto previsto.

Según las resoluciones del pasado 31 de marzo, la Administración autonómica ha repartido únicamente 999.500 euros entre 248 beneficiarios. La cifra contrasta con los 4,8 millones de euros anunciados por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La diferencia entre el dinero presupuestado y el finalmente concedido en esta convocatoria resulta llamativa. También lo es el reducido número de solicitantes: apenas 742 jóvenes presentaron su solicitud, una cifra que pone de manifiesto las dificultades para encajar en unos requisitos que se sitúan muy alejados a la realidad del mercado. Entre las condiciones exigidas figuraban no superar unos ingresos anuales de 25.200 euros y residir en una vivienda cuyo alquiler no excediera los 900 euros mensuales – o 450 euros por habitación-. Precisamente estos criterios explican que el 67% de las solicitudes fueran rechazadas.

Nueva convocatoria

Ante estos datos asfixiantes, la Conselleria trata de aportar oxígeno con la presentación, la próxima semana, de una nueva convocatoria correspondiente al periodo 2026-2027, cuyas solicitudes se abrirán al público el mes de septiembre: «Las condiciones son las mismas, vienen establecidas por el Gobierno central. Para próximas convocatorias sí se contemplarán límites superiores, tal y como ha venido reclamando el Govern, teniendo en cuenta la realidad de nuestras islas», afirman fuentes oficiales.

El problema, por lo tanto, se mantiene, y es que si el año pasado fue difícil encontrar a jóvenes viviendo por debajo de ese umbral, este año, en el que los precios del alquiler han aumentado alrededor de un 2% -según los principales portales inmobiliarios-, lo será más.

«Otro motivo importante por el que se deniega es que debe existir un contrato entre el propietario de la vivienda y el joven solicitante (y no a través de terceros). Por ejemplo, en un piso que comparten varios jóvenes en distintas habitaciones, todos deben tener contrato con el propietario para poder acogerse a las ayudas». Indica la Conselleria al ser preguntada por la dificultad de cumplir con los requisitos exigidos.

R. A. fue una de las jóvenes que intentó acceder a la prestación. En su caso, ni sus ingresos, ni el contrato, ni el precio de su alquiler fueron el problema. Su solicitud fue rechazada porque comparte vivienda con la hija de la propietaria. «Ni el solicitante ni ninguno de los convivientes puede ser familiar del propietario. El solicitante es lógico, pero yo no tengo ningún parentesco con mi arrendadora», explica. Según relata, presentó la documentación que acreditaba tanto el contrato, como los pagos realizados mediante transferencia bancaria. La respuesta que recibió al acudir a una oficina para pedir explicaciones aumentó todavía más su frustración. «Me dijeron que si no fuera familiar de uno de los convivientes jamás pagaría un alquiler tan bajo. Con eso evidenció precisamente el problema: solo un familiar alquila por menos de 900 euros, pero esa misma condición sirve para denegar la ayuda», lamenta.

Dinero público para no regular

Desde el Sindicato de Llogateres consideran que el escaso alcance de la medida demuestra la falta de voluntad política para intervenir sobre las causas del problema. Para Oscar Martínez, portavoz de la organización, programas como el Bono Alquiler Joven se presentan como soluciones sociales pero terminan actuando como mecanismos de apoyo indirecto al mercado. «En vez de regular los precios, lo que se hace es coger dinero público para mantener estos precios y que los rentistas sigan manteniendo sus ingresos», afirma

Martínez compara el resultado con otras iniciativas como el Alquiler Seguro. «Ni se trata de alquileres seguros, ni de contratos justos. Lo único que aseguran es el negocio actual», critica. Además, el sindicato se pregunta: «De casi cinco millones han repartido menos de uno. Lo interesante ahora sería saber qué harán con el resto del presupuesto», señala, a lo que la Conselleria responde que irán destinados a las próximas convocatorias.

Ante este escenario, el Sindicato plantea una estrategia en tres niveles. A corto plazo, apuesta por la organización colectiva de los inquilinos para reforzar su capacidad negociadora frente a propietarios.

A medio plazo, reclama la aplicación efectiva de medidas ya contempladas en la legislación estatal. Entre ellas destaca la declaración de zonas tensionadas que permitiría limitar los incrementos de los alquileres. «Actualmente no hay ni un solo municipio de Mallorca que haya conseguido ser declarado zona tensionada», denuncia.

Lo más difícil, que es un cambio regulatorio, es lo que platea el Sindicato a largo plazo. «Son las decisiones políticas lo que realmente queremos revertir. Por ejemplo, necesitamos que los pisos turísticos desaparezcan definitivamente. Tampoco deben permitirse los alquileres temporales: bajo este paraguas se hacen contratos durante la temporada baja y se obliga a las personas a irse de su casa durante los meses en que los propietarios consideran que pueden doblar o triplicar sus ingresos. También solicitamos que todas las viviendas que actualmente están cerradas con fines especulativos se pongan inmediatamente en el mercado inmobiliario».

Por si la situación no fuera suficiente desoladora, el pasado mes de abril se derogó en el Congreso la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que permitía alargar determinados arrendamientos hasta dos años. «Recibimos una avalancha de consultas», explica Martínez.

La combinación de unas ayudas que no se adaptan al mercado real y la retirada de mecanismos de protección intensifica la presión sobre el alquiler joven en Balears, en un contexto de precios en máximos históricos. A la espera de que se concrete una nueva convocatoria autonómica adaptada, el sistema deja a una parte importante de jóvenes sin acceso a la ayuda y, cada vez más, sin acceso a la vivienda.

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