El Gobierno revisará en seis meses el plus de residencia de los funcionarios del Estado en Baleares

El Gobierno ha dado este martes un paso para revisar el complemento de residencia que perciben los empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en Baleares. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que, además de desbloquear la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas, incorpora una disposición específica para actualizar el conocido plus de insularidad en el archipiélago.

La norma establece que el Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de seis meses para revisar las cuantías actuales de esta indemnización por residencia y negociar con las organizaciones sindicales una actualización adaptada a la realidad económica de las Islas. El texto precisa además que la revisión no podrá suponer una reducción de las cantidades que actualmente perciben los empleados públicos estatales destinados en Baleares.

La medida da cumplimiento al Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y del servicio a la ciudadanía suscrito entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO. Según recoge el real decreto-ley, el objetivo es adaptar unas cuantías que llevan años siendo objeto de reivindicación por parte de los trabajadores públicos destinados en el archipiélago, donde el elevado coste de la vivienda y de la vida ha reabierto el debate sobre la suficiencia del complemento de residencia.

Desbloqueo de la jubilación parcial

El grueso del decreto aprobado por el Consejo de Ministros se centra, no obstante, en resolver de forma permanente la situación de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas, una modalidad que había quedado prácticamente bloqueada tras la reforma de la Seguridad Social que entró en vigor el 1 de abril de 2025.

La nueva regulación introduce un sistema gradual y flexible para facilitar la contratación del trabajador relevista, requisito imprescindible para acceder a esta modalidad de jubilación. Las administraciones deberán planificar previamente estas sustituciones, preferentemente a través de sus ofertas de empleo público, y, cuando no sea posible incorporar de forma inmediata a un relevista fijo, podrán recurrir temporalmente a contratos de sustitución hasta completar el proceso.

El decreto establece además un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación de las administraciones al nuevo sistema. Con esta reforma, el Gobierno asegura que cumple el compromiso adquirido con las organizaciones sindicales para recuperar una modalidad de jubilación parcial que había quedado condicionada por las nuevas exigencias de contratación indefinida de los relevistas en el sector público.

Suscríbete para seguir leyendo