El juez rechaza que una imputada en el caso Relámpago se persone en la causa al llevar 20 años fugada

Un magistrado de Palma ha rechazado que Sonia Regina Da Costa, imputada en el caso Relámpago, un macroproceso que estalló en 2007 en Mallorca contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, se persone en la causa al llevar fugada casi 20 años.

El juez ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por los abogados de la ciudadana brasileña, del despacho Soriano i Piqueras, con oficinas en Madrid, Valencia y Palma, si bien ha admitido a trámite el recurso de apelación formulado con carácter subsidiario.

El reciente auto judicial hace un duro reproche a la encausada, en la línea del informe elaborado por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, quien también se opuso de forma rotunda a la personación de Da Costa al destacar que se encuentra en situación de rebeldía desde hace aproximadamente dos décadas.

El magistrado de instrucción de la capital balear subraya que “para actuar ante el Tribunal es imprescindible estar a disposición del Tribunal”.

Además, añade: “Incluso se tienen dudas de la posibilidad y del derecho de la señora Da Costa a interponer recursos contra las resoluciones judiciales, pero en aras a la máxima tutela judicial efectiva y dado que tal recurso no perjudica a nadie, salvo a la Administración de Justicia, se le da tramitación”.

Por ello, admite a trámite el recurso de apelación, que tendrá que ser resuelto por un tribunal de la Audiencia de Palma.

El auto dictado el pasado 10 de junio de 2026 hace suya la jurisprudencia que aportó la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

Juan Carrau rechazó la personación de la ciudadana brasileña, detenida en abril de 2007 en Palma y que luego huyó de la justicia, “dado que se encuentra en situación de rebeldía en la presente causa sin que haya comparecido personalmente y sin que se haya declarado la extinción de sus posibles responsabilidades”. También incidió: “Quien está rebelde y escapado a la justicia, no puede accionar en defensa de sus intereses si no comparece personalmente”.

El fiscal citó doctrina del Tribunal Constitucional que se refiere al deber jurídico de comparecer personalmente y alegó que el mandato de representación legal del letrado puede estar condicionado a la presencia del inculpado ante el juez o tribunal. Carrau mencionó, además, doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció el estándar de proporcionalidad para resolver el conflicto entre el interés de asegurar la sujeción del inculpado al proceso y el de comparecer procesalmente.

El ministerio público criticó la actitud de la ciudadana brasileña: “En lugar de presentarse ante el juzgado que sabe que le llama y ha librado contra ella la orden de detención, interpone un recurso, sin que comparezca personalmente, previo otorgamiento de poder en Brasil en el mes de julio de 2025, actitud absolutamente contraria con estar a disposición del juzgado instructor, decidiendo por su cuenta y riesgo eludir el someterse a las decisiones del órgano judicial”.

Embargos pendientes

Sonia Regina Da Costa reapareció el pasado año a través de sus abogados para preguntar sobre los procedimientos judiciales que todavía tiene pendientes en España. Los letrados solicitaron copia de las actuaciones en varios juzgados de Palma, recabaron si las órdenes de búsqueda y captura contra ella aún están vigentes y si constaban embargos contra la mujer.

Da Costa fue arrestada en abril de 2007 en Palma al estallar la operación Relámpago. El juez la dejó en libertad con cargos con la prohibición de salir de España. Por ello, le retiró el pasaporte. Dos meses más tarde, en junio, fue detenida de nuevo en Torrevieja (Alicante). Sobre ella pesaba una orden de busca y captura internacional cursada por las autoridades austriacas por una supuesta estafa millonaria en Internet en la que ella y su marido presuntamente habían engañado a empresarios de Alemania, Eslovaquia y Austria. Quedó a disposición de la Audiencia Nacional y su pista luego se perdió. Huyó al extranjero.

En Mallorca estaba acusada de crear un entramado societario que luego vendía a terceros con el objetivo de mover ingentes cantidades de dinero negro y defraudar a Hacienda.

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