El Govern aprueba la primera ley balear de Costas: más poder a los ayuntamientos en la gestión de las playas, limitación de la velocidad de las embarcaciones y protección de los 'escars'

El Consell de Govern ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares, la primera norma autonómica que regulará de forma global la gestión de la costa tras el traspaso de competencias del Estado a la comunidad autónoma en 2023. El texto será remitido ahora al Parlament para iniciar su tramitación y constituye una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo de Marga Prohens en materia de autogobierno.

La presidenta del Govern ha defendido que la nueva ley supone desarrollar plenamente las competencias que el Estatut d'Autonomia reconoce a Baleares en materia de ordenación del litoral. Según ha señalado, hasta ahora existía una "anomalía", ya que las islas disponían de capacidad para ordenar el territorio, pero carecían de una ley propia que regulase específicamente la costa, pese a tratarse de un archipiélago con más de 1.500 kilómetros de litoral.

Prohens ha asegurado que la norma pretende encontrar un equilibrio entre la conservación del litoral y la actividad humana y económica, al tiempo que reivindica una regulación adaptada a la realidad insular. "Es una ley hecha aquí, para la gente de aquí", ha afirmado, al tiempo que ha contrapuesto el futuro texto autonómico a la ley estatal de Costas, que ha calificado de alejada de las particularidades de Baleares.

Ayuntamientos

El Govern fijará las directrices generales y coordinará la política litoral. Los consells insulares asumirán la elaboración de los instrumentos de ordenación y de los planes de servicios de temporada. Y los ayuntamientos pasarán a gestionar directamente sus playas y determinadas autorizaciones administrativas.

El conseller del Mar, del Ciclo del Agua y del Litoral, Juan Manuel Lafuente, ha explicado que la principal finalidad de la ley es dotar a Baleares de una arquitectura administrativa que clarifique qué competencias corresponden a cada institución y agilice la gestión del litoral. En este sentido, ha destacado que la norma simplifica procedimientos, fija un plazo máximo de dos meses para la emisión de informes sectoriales y atribuye a los ayuntamientos la tramitación de las autorizaciones más sencillas vinculadas a las playas.

El Govern ha precisado que la nueva ley autonómica no modificará la situación de las construcciones costeras que ya tienen una orden de demolición. Lafuente ha explicado que estos expedientes siguen rigiéndose por la legislación estatal de Costas, por lo que el proyecto balear no puede alterar su tramitación. "Si pudiéramos, sí que les afectaría, pero no es el caso", ha afirmado el conseller, que ha vuelto a reclamar una reforma de la normativa estatal.

Protección del patrimonio y adaptación al cambio climático

La ley incorpora por primera vez la protección específica del patrimonio litoral tradicional mediante la creación de registros insulares destinados a conservar elementos históricos como los escars, casetas de varadero y otras construcciones vinculadas a la cultura marinera balear. También refuerza la evaluación ambiental de todas las actuaciones e incluye la adaptación al cambio climático como uno de los ejes de la planificación del litoral.

El objetivo del Govern es que sean los propios ayuntamientos quienes se encarguen de hacer sus inventarios de bienes para, posteriormente, proponer qué propiedades deben ser protegidas y haya un registro único por cada isla. Hace dos años, el conseller Lafuente explicaba a este diario que la ley solo se centra en la protección de los espacios y no en la actividad económica que se desarrolle, ya que esta cuestión deberá ser conforme a la ley de Costas estatal: "El objetivo es proteger para que no se destruyan las casetas de la costa, los muelles o los varaderos, que estén protegidos con una norma con rango de ley pero sin entrar en el tema de la gestión económica".

Asimismo, el texto diferencia entre playas urbanas, naturales y de especial protección, estableciendo criterios específicos para cada una de ellas en materia de accesos, aparcamientos y servicios de temporada, que deberán ajustarse a parámetros de sostenibilidad y calidad. El Govern quiere que la gestión sea más ágil y simple para que las autorizaciones de eventos puntuales como actividades deportivas en zonas de dominio publico maritimo-terrestre no tengan que gestionarse desde la direccion general, sino que puedan ser los propios ayuntamientos quienes lo autoricen. Esta decisión, explica Lafuente, busca "descentralizar" la toma de decisiones y dar más poderes a los consistorios locales.

Límite de diez nudos junto a la costa

Entre las novedades más relevantes figura la limitación de la velocidad de navegación dentro de la franja de una milla marina desde la costa. Las embarcaciones de más de doce metros de eslora y las motos acuáticas no podrán superar los diez nudos, una medida que el Govern considera clave para mejorar la seguridad de los bañistas, favorecer la convivencia entre los distintos usos del mar y reducir el impacto ambiental, especialmente en los espacios naturales protegidos. La norma contempla excepciones para determinadas embarcaciones profesionales sujetas a normativa marítima internacional.

El proyecto también actualiza el régimen de inspección y sanciones, incorpora nuevas infracciones relacionadas con el incumplimiento de las limitaciones de uso y refuerza la capacidad de actuación de la Administración frente a ocupaciones ilegales o actividades irregulares en el dominio público marítimo-terrestre.

Reivindicación de una nueva Ley estatal

Durante la presentación, Prohens ha insistido en reclamar al Gobierno central una reforma de la Ley estatal de Costas. La presidenta ha criticado que la proposición de ley impulsada por el Partido Popular permanezca bloqueada en el Congreso y ha sostenido que la normativa estatal vigente no responde a las necesidades de Baleares, especialmente en cuestiones como los deslindes que afectan a Ibiza y Formentera. Por su parte, Lafuente ha subrayado que la futura ley autonómica respeta plenamente el reparto competencial vigente con el Estado, aunque ha reiterado la necesidad de modernizar la legislación estatal para adaptarla a la realidad del archipiélago.

Suscríbete para seguir leyendo