Juicio en Mallorca por una estafa informática de 320.000 euros a una empresa alemana

La Audiencia de Palma tiene previsto juzgar a tres hombres, todos ellos españoles, por una estafa informática de 320.000 euros a una empresa alemana dedicada al comercio hortofrutícola a finales de 2019.

La fiscalía solicita para los encausados penas de cinco años y medio de prisión, cuatro años y tres, respectivamente, además de multas, por un delito de estafa informática agravada por la cuantía. En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público pide que los tres sospechosos abonen los 320.000 euros defraudados a la sociedad perjudicada.

La vista oral prevista para ayer al mediodía se suspendió porque uno de los acusados no compareció ante el tribunal de la Sección Primera. De hecho, se trata del hombre que se enfrenta a una mayor petición de condena, ya que la acusación pública aprecia la circunstancia agravante de reincidencia al contar con antecedentes, puesto que fue sentenciado en 2018 por falsificación de documento público y estafa a la pena de 16 meses de cárcel, pena que le fue suspendida.

Debido a su incomparecencia, la Sala pospuso el juicio para el próximo día 6 de octubre. Mientras, el resto de sospechosos, uno de ellos en prisión por otra causa, sí acudieron al Palacio de Justicia de Palma.

Según la versión del fiscal, la mercantil germana perjudicada mantenía relaciones comerciales con otras dos personas, que también se dedicaban a la misma actividad de distribución de productos hortofrutícolas, derivándose de las mismas obligaciones de pagos y cobros de distintas cantidades de dinero.

En noviembre de 2019, los acusados, por sí mismos o con la ayuda de otras personas no identificadas, consiguieron tener conocimiento de las obligaciones de pago contraídas por la sociedad alemana con las otras dos personas, por un lado, y de la dirección de correo electrónico de la mercantil, sin que se haya determinado la forma en que lo hicieron.

Así, el 15 de noviembre de 2019, esta empresa recibió un mensaje de correo proveniente de la cuenta supuestamente del otro proveedor, en el que se solicitaba el envío de forma urgente de 70.000 euros al agente de España de la sociedad remitente. En nombre de la mercantil alemana, se envió una contestación en la que se pedía más detalles e instrucciones claras sobre la transferencia, según el ministerio público.

Ese mismo día se confirmó que debía hacer la transferencia a una cuenta bancaria. La operación se realizó tres días más tarde, el 18 de noviembre, por un importe de 70.000 euros. Una vez recibido el dinero, uno de los encausados, autorizado de esa cuenta, “con ánimo de enriquecimiento injusto”, extrajo el importe y lo hizo suyo, según la acusación.

Pocos días después, el 21 de noviembre de 2019 una persona que se hacía pasar por un proveedor, también desde la misma cuenta de correo, confirmó la recepción de los 70.000 euros y solicitó que se realizara una nueva transferencia por un importe de 100.000 euros, esta vez a la cuenta bancaria de una sucursal ubicada en Sóller. La transferencia se realizó el 22 de noviembre y, una vez recibido el dinero, otro de los sospechosos extrajo dicha cantidad y la hizo suya.

Tercera transferencia

Por último, desde el 25 de noviembre y hasta el 4 de diciembre de 2019, una persona que se hacía pasar por un distribuidor, también desde la anterior cuenta de correo, inició una serie de comunicaciones por correo electrónico sobre un nuevo pago, esta vez de 150.000 euros, concretando en fecha 4 de diciembre de 2019 que debería hacerse a la cuenta bancaria de una sucursal de Málaga una tercera transferencia.

La operación se llevó a cabo ese mismo día 4 de diciembre por un importe de 150.000 euros, indicando en el concepto “see e-mail from 04.12.2019”. Una vez recibido el dinero, el tercer acusado, autorizado de esa cuenta, presuntamente extrajo esa cantidad y la hizo suya, siempre según la versión de la fiscalía.

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