"Con la ampliación de los chiringuitos el Govern vuelve a supeditar el interés general al de unos pocos", denuncia la diputada del PSIB Mercedes Garrido

"Con la ampliación de los chiringuitos que permite la Ley Ómnibus, el Govern vuelve a supeditar el interés general al de unos pocos, beneficiando directamente a los propietarios de estas instalaciones con más ocupación de espacio público del que se permitía", ha denunciado a este diario la diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido, vicepresidenta segunda de la mesa del Parlament y secretaria de Política Autonómica. "Aunque en realidad ese es el modus operandi del Ejecutivo de Marga Prohens durante toda la legislatura", subraya la socialista.

Garrido se refiere al cambio que ha provocado la denominada Ley de aceleración de proyectos estratégicos, que ha modificado los criterios hasta ahora vigentes en Baleares de instalación y distribución de estas infraestructuras de temporada ubicadas en zonas de dominio público de la costa por la normativa estatal de la Ley de Costas, mucho más generosa en la superficie de ocupación que otorga a estas instalaciones. De modo que deroga el artículo la Orden de Biel Company de 2023 donde se regulaban las dimensiones máximas de los chiringuitos y la separación mínima que debía existir entre estas instalaciones por la normativa estatal más generosa. "El cambio introducido es exactamente el mismo que solicitaron los restaurantes de playa de ses Casetes de es Capellans, lo que ahora es aplicable a todos los chiringuitos situados en zona de dominio público este protegido o no", destaca.

"Y además, introducir una modificación de estas características, vía enmienda , en una ley de carácter económico, es una manera de evitar la participación y el debate parlamentario, porque no se puede impugnar una enmienda con otra enmienda. Y también es una manera de evitar la obligación de solicitar el informe técnico favorable de la conselleria que seguramente no obtendría, así como la impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que tiene una amplia jurisprudencia en protección de medio ambiente y muy difícilmente salvaría una medida de estas características sin poder demostrar que se trata de un asunto de interés general", argumenta la socialista.

Garrido se muestra muy crítica con las rebajas medioambientales que introduce la Ley Ómnibus, desde la desregulación de la protección del Parque Natural de es Trenc-es Salobrar de Campos, ya que todo su contenido normativo dejará de tener rango de ley y será más sencillo y rápido modificar sus usos permitidos, autorizables o prohibidos. Hasta la modificación siete artículos y la supresión de un octavo de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de Baleares (LECO), que por ejemplo reduce notablemente el tiempo de exposición pública en las modificaciones de los planes de ordenación de recursos naturales, de dos meses a 30 días. Y de dos meses a solo 20 días si las modificaciones se consideran puntuales, lo que afecta al Parque Natural de es Trenc y al resto de espacios protegidos de Baleares. Además, abre la puerta en los espacios naturales protegidos a los "usos pesqueros profesionales y recreativos, incluidas las competiciones de pesca deportiva". Y elimina el informe previo del ayuntamiento competente y del Consell de Mallorca, obligatorio para la autorización de instalaciones o equipamientos en la red de áreas de Lleure a la Natura.

"Ahora es evidente que el parque natural de es Trenc está en peligro. Y también lo están el resto de espacios protegidos de Baleares", asegura la diputada socialista. "Aunque como hemos visto también en otras ocasiones el Govern intenta engañar a la ciudadanía, diciendo en su discurso exactamente lo contrario de lo que ha aprobado de manera soterrada", explica

Garrido muestra su inquietud por los cambios que el Govern todavía puede introducir durante esta legislatura en las anunciadas leyes del Litoral de Baleares y también en la Ley Agraria. "La primera, por lo que hemos podido ver del borrador, ordena las actividades económicas en la costa. Pero la segunda, según el borrador, es demoledora, un desastre, que legaliza usos impropios y contaminantes en explotaciones agrarias, como talleres mecánicos. Y supone en otros puntos la modificación de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)", alerta.

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