La oposición fuerza a Galmés a convocar un pleno extraordinario para debatir el cese de Bestard

La oposición aprieta para que el caso Bestard no se cierre sin consecuencias para el vicepresidente del Consell de Mallorca y alto cargo de Vox. Ante la pasividad del equipo de gobierno de Llorenç Galmés, que dio por cerrado el caso el pasado miércoles pese a que los informes encargados por el propio presidente evidencian una conducta más que reprobable y en algunos casos injustificable de Pedro Bestard en relación al uso de coches oficiales de su departamento, Més per Mallorca, PSOE y Coalició per Mallorca han registrado conjuntamente una petición para convocar un pleno extraordinario en el que debatir la destitución de Bestard, estudiar posibles responsabilidades penales y contables y forzar la comparecencia pública de Galmés para que de las explicaciones pertinentes sobre el escándalo y asuma "las responsabilidades políticas que puedan derivarse de este asunto".

Más de 33% de los consellers de la cámara insular han firmado la petición para celebrar el pleno extraordinario, por lo que, tal y como establece el reglamento del Consell, Galmés dispone de 15 días para convocar la sesión; de lo contrario, la convotaroria se efectuará de forma automática.

Los grupos de la oposición continúan moviéndose para que el caso Bestard tenga consecuecias después de la pobre y escasa valoración de los informes que ofreció el pasado viernes el líder de la institución insular. El presidente (PP) y socio de Bestard (Vox) en el Consell decidió ignorar el informe de 92 páginas que él mismo encargo a la Secretaría Técnica del departamento de Medio Ambiente, el cual reconstruye mediante facturas, repostajes, agendas y registros internos el uso de los vehículos oficiales por parte del vicepresidente y documenta una veintena de desplazamientos sin reflejo en su agenda institucional, además de viajes y un sinfín de gastos extraordinarios, para centrarse en el corto documento jurídico-administrativo que elaboraron la interventora general del Consell, Elena Montejo, y el secretario general de la institución insular, Antoni Benlloch, y afirmar que "analizará" los gastos de su vicepresidente.

Ante este escenario, que cada día que pasa parece más favorable para Bestard, quien continúa en el cargo y transita por la vida política insular con aparente normalidad, la oposición sigue agotando todas las vías para que se depuren responsabilidades y que el alto cargo de Vox se enfrente a las posibles consecuencias derivadas del uso de los vehículos oficiales que ha venido haciendo desde su llegada al Consell.

Así, la propuesta de acuerdos que defenderá la oposición en el pleno extraordinario incluye, entre otras medidas, el cese inmediato de Bestard como vicepresidente segundo y conseller ejecutivo de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes; la solicitud de informes a la Sindicatura de Comptes y al Tribunal de Comptes sobre una posible malversación de fondos públicos; la petición de un informe a la Abogacía del Consell para determinar si existen indicios de delito penal; la adopción de medidas de transparencia en el uso de los vehículos oficiales, y la aplicación del Código Ético y de Buen Gobierno de la institución.

Més, PSIB y Coalició consideran que las explicacione ofrecidas hasta el momento por el equipo de gobierno de Galmés son "insuficientes" y "mantienen abiertos interrogantes sorbe el uso de recursos públicos y la gestión política de los hechos por parte de la Presidencia del Consell".

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que "lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía. Si los informes acreditan conductas que no son apropiadas y hechos que no tienen suficiente justificación institucional, el presidente Galmés no puede mirar hacia otro lado ni actuar como si no hubiera pasado nada". Perelló ha advertido de que "el Consell de Mallorca no puede transmitir el mensaje de que quien ocupa un cargo público puede utilizar recursos de todos como si fueran propios sin asumir ninguna consecuencia política. Este pleno extraordinario es una exigencia de transparencia, de rendición de cuentas y de dignidad".

Catalina Cladera, portavoz del PSIB en la institución insular, ha asegurado que la oposición quiere que "Galmés de la cara" y ha defendido que los informes sobre el caso Bestard evidencian que "hay una clara malversación de fondos públicos y un incumplimiento del Código Ético", hechos por lo que también piden un informe a la Sindicatura de Comptes "para que pueda emitir un dictamen sobre lo que dice el informe de la Secretaria Técnica, que describe de una forma muy objetiva y exhaustiva unos hechos que pueden dar a suponer un delito de malversación, un delito penal".

Desde Coalició per Mallorca consideran que "lo más grave de este asunto ya no son únicamente los hechos que afectan al vicepresidente, sino la decisión de Galmés de intentar dar el caso por cerrado sin haber aclarado todas las contradicciones y dudas que continúan existiendo". "Un presidente que ante unos hechos tan graves no exige todas las explicaciones necesarias, no depura responsabilidades y no promueve un debate político transparente ante el pleno está faltando al deber de ejemplaridad que exige su cargo", han manifestado desde el partido.

El PSIB lleva el caso al Parlament

De forma paralela a la petición de convocatoria del pleno extraordinario, el PSIB ha reclamado que la Sindicatura de Cuentas elabore un informe que determine si Bestard incurrió en un delito de malversación de recursos públicos al hacer uso exclusivo de tres vehículos oficiales. El grupo socialista en el Parlament ha registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) con este objetivo, aunque previsiblemente no se debatirá hasta el próximo periodo de sesiones, es decir, hasta después del verano.

Con esta iniciativa, el PSIB tratará de obtener la mayoría necesaria para instar a la Sindicatura de Cuentas a realizar "de manera prioritaria" un informe que dictamine si los hechos cometidos por Bestard se ajustan a la legalidad o si pueden ser constitutivos de un delito de malversación.

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