Elma Saiz reivindica en Palma la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Van a salir de los márgenes y dejarán de ser invisibles"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este lunes en Palma el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central y ha destacado que permitirá que miles de personas que ya residen en España puedan desarrollar sus proyectos de vida "con derechos y obligaciones".

Saiz ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con entidades colaboradoras en materia de extranjería en la Delegación del Gobierno en Baleares, a una semana de que finalice el plazo para acogerse al procedimiento, que concluye el próximo 30 de junio. La ministra ha agradecido el trabajo de las más de 40 entidades que participan en el proceso en Baleares y ha destacado la colaboración entre administraciones y sociedad civil para sacar adelante una iniciativa que, según ha señalado, busca "dar derechos a personas que ya viven junto a nosotros".

Sus declaraciones llegan en un contexto de fuerte confrontación política entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico por esta medida. El pasado mes de mayo, el Govern balear acordó recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para impulsar la regularización extraordinaria. El Ejecutivo de Marga Prohens sostiene que la norma se aprobó "sin consenso" con las comunidades autónomas y advierte de que puede incrementar la presión sobre servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la atención a menores en una comunidad que ya sufre una elevada tensión demográfica.

Pese a la oposición del Govern, el proceso continúa avanzando en las Islas. Según los últimos datos disponibles, más de 15.000 personas se han acogido ya a la regularización extraordinaria en Baleares, una cifra que supera ampliamente las cerca de 6.500 solicitudes registradas durante las dos primeras semanas de funcionamiento del procedimiento.

"Esta regularización no es un punto final, sino que se encardina en una política mucho más amplia", ha afirmado Saiz, quien ha defendido que la política migratoria del Gobierno mantiene una línea "absolutamente coherente" basada en los derechos humanos y en la empleabilidad como principal factor de inclusión social.

La ministra ha explicado que el procedimiento se está desarrollando conforme a las previsiones iniciales y ha evitado ofrecer cifras actualizadas antes del cierre del plazo. No obstante, ha insistido en la importancia de que las personas que cumplen los requisitos aprovechen estos últimos días para presentar la documentación necesaria. "Más allá de las cifras estamos hablando de la vida, de proyectos de vida de miles de personas que por fin van a salir de los márgenes, dejarán de ser invisibles y van a tener derechos y obligaciones", ha señalado.

En este sentido, Saiz ha subrayado que detrás de cada expediente existen historias personales y familiares que justifican la medida impulsada por el Ejecutivo. "Detrás de cada cifra hay historias de vida", ha afirmado, tras recordar los testimonios que ha conocido durante las visitas realizadas en distintas comunidades autónomas.

La ministra ha defendido que la regularización permitirá que miles de personas puedan integrarse plenamente en la sociedad española y desarrollar sus proyectos vitales "en igualdad de condiciones". "Hablamos de la vida de personas que van a ver por fin cómo van a poder desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones, con derechos y con obligaciones", ha remarcado.

Críticas a Ayuso

Durante su comparecencia, Saiz también ha cargado contra la posición mantenida por algunos gobiernos autonómicos, si bien solo ha citado el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, a pesar de que Baleares también ha impulsado un recurso contra el decreto. La ministra ha recordado que algunos gobiernos autonómicos recurrieron judicialmente el procedimiento e incluso, según ha dicho, han puesto obstáculos a la tramitación de determinados informes necesarios para completar los expedientes.

En este contexto, ha acusado al PP de mantener una posición contradictoria en materia migratoria y ha reivindicado el modelo impulsado por el Gobierno de España, que ha definido como un "faro mundial" por situar "los derechos humanos" en el centro de la política migratoria. Asimismo, ha insistido en que el 15% de los afiliados a la Seguridad Social son personas extranjeras y ha defendido la aportación económica y social de la inmigración. "Vamos a seguir peleando para que la ciudadanía siga encontrando en el Gobierno de España un gobierno que responde a sus desafíos y que pone en el centro a las personas", ha concluido la ministra.

Críticas de Prohens

La visita de la ministra también ha provocado la reacción del Govern balear, que ha acusado al Ejecutivo central de actuar con "deslealtad institucional" al no comunicar oficialmente el desplazamiento de Saiz a Mallorca. En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha asegurado que tuvo conocimiento de la agenda de la ministra a través de los medios de comunicación y ha lamentado la falta de coordinación en una cuestión que considera especialmente sensible para las Islas.

El Govern sostiene que la regularización extraordinaria ha sido impulsada "sin consenso" con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pese a que serán estas administraciones las que deberán afrontar sus consecuencias en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o la convivencia. Además, reprocha al Gobierno central que no haya facilitado información suficiente sobre el alcance real del proceso ni sobre el número de personas que podrían beneficiarse de la medida.

En este sentido, el Ejecutivo de Marga Prohens ha criticado que la propia ministra evitara concretar durante su visita cuántas personas se han acogido hasta ahora al procedimiento extraordinario, a pesar de que el plazo concluye el próximo 30 de junio. Según el Govern, esta falta de datos dificulta la planificación de recursos y el diseño de políticas de integración en un contexto marcado por una fuerte presión migratoria.

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