El Govern recorta un 60% las multas por alquiler turístico ilegal si la vivienda se cede al programa Lloguer Segur

El Govern ha decidido dar un paso más en su pretensión de que viviendas que hasta ahora se destinaban al alquiler turístico pasen al mercado residencial y se sumen al programa Lloguer Segur, y ha abierto esta puerta también a las que hasta ahora se han comercializado de forma ilegal. En la ley ómnibus recientemente publicada en el Boletín Oficial de las islas (BOIB) aparece una enmienda que contempla la posibilidad de reducir un 60% el importe de la sanción por ese alquiler turístico ilegal si el inmueble pasa a manos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) permitiendo que el propietario perciba la renta máxima autorizada, pero sin la bonificación que cubre la Administración autonómica.

Para beneficiarse de esa reducción en la multa el titular de la vivienda comercializada ilegalmente debe de reconocer su responsabilidad durante la tramitación del expediente y debe de ceder ese inmueble a "programas públicos que tengan como objetivo estimular la salida al mercado de viviendas vacías", como en el caso de Lloguer Segur. A cambio, el propietario podrá recibir durante un mínimo de siete años el alquiler limitado que se fija en el citado programa, pero sin el 30% que viene bonificado por el Ejecutivo balear.

Hay que recordar que Lloguer Segur contempla que el precio máximo de una vivienda que forme parte de ese programa es de 1.500 euros mensuales que percibe el propietario, pero el inquilino solo debe pagar 1.050, siendo el Ejecutivo balear el que cubre esa diferencia. Pues bien, en el caso de los pisos que se hayan expedientado por alquiler turístico ilegal, el titular solo podrá recibir durante esos siete años un máximo de 1.050 euros mensuales, sin recibir la parte que financia el Govern.

Nuevas ventajas

La ley turística ya contemplaba una reducción de hasta el 80% de las multas por ese tipo de comercializaciones ilegales, pero a cambio la vivienda debía de cederse a un programa de alquiler a precio limitado o social durante cinco años, pero sin recibir la menor renta a cambio. Con esta nueva posibilidad, se reduce el descuento de la multa, pero a cambio el propietario podrá percibir durante siete años el importe del Lloguer Segur, pero sin la bonificación pública, es decir, por debajo del valor de mercado.

Desde la conselleria de Vivienda se destaca que esta medida tiene como objetivo facilitar el que pisos que se estaban dedicando al alquiler vacacional ilegal pasen al mercado destinado a los residentes y para largos periodos de tiempo.

Hay que recordar que el Ejecutivo ya había anunciado que incluía la posibilidad de sumarse al programa Lloguer Segur también a los propietarios de viviendas que se estaban alquilando a turistas de forma legal, y finalmente ha decidido incorporar igualmente a los que las comercializaban ilegalmente a cambio de una reducción en la multa y de que sus condiciones respecto a la cantidad a percibir por ese concepto sea inferior.

Otros cambios

La decisión del Ejecutivo de Marga Prohens de ampliar el abanico de viviendas que pueden sumarse al programa Lloguer Segur se explica porque el impacto que esta iniciativa está teniendo es muy inferior al que se anunció durante su presentación. Si en aquel momento se habló de conseguir unos 2.000 pisos por esta vía, el resultado es que a mediados del mes pasado solo se habían incorporado 82 inmuebles.

Por ello, se aprobó que también pudieran sumarse a este plan aquellos pisos que no cumplen con las condiciones exigidas de habitabilidad, pero que los propietarios acepten hacer las obras de reforma necesarias a cambio de que el Govern avance ese dinero, con un importe máximo de 50.000 euros, que luego será descontado del alquiler a cobrar.

También se ha posibilitado que se sumen a Lloguer Segur las viviendas que se dedicaban al alquiler turístico legal, abriéndose ahora a que también entren con las citadas condiciones las expedientadas por una comercialización irregular.

Lo mismo sucede con los inmuebles que hayan sido objeto de ocupación ilegal o desahucio por impago, saltándose la exigencia de que esas propiedades hayan estado vacías durante al menos los seis meses anteriores, al igual que en las que se comercializaban turísticamente.

Finalmente, se posibilita que formen parte de esta iniciativa las residencias que estaban en manos de los denominados 'grandes tenedores'.

Hay que tener en cuenta que estos cambios han sido publicados ya en el BOIB, por lo que han entrado en vigor.

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