La urgencia por exprimir los recursos

La denuncia elevada ayer al conocimiento de la opinión pública, de forma conjunta, por el GOB y Aliança per l’Aigua, viene a ratificar cuánto de hueco y tramposo puede llegar a acumularse entre el discurso oficial del Govern.

Promesas de contención y llamamientos al buen uso de recursos por un lado y, por el otro, disposiciones coladero con la intención de dar formato legal a la anormalidad consumada. No hay límite. Esta práctica afecta por igual a cuestiones tanto menores como sustanciales, importando muy poco si se vulneran o contradicen directrices europeas. Para eso están los paquetes ómnibus, esta especie de bufete legislativo de inagotable capacidad de sorpresa y disgusto.

La gente va tomando conciencia del estado en rojo del marcador del agua, tanto por lo que respecta a la calidad como a la cantidad. Siete municipios de Mallorca saben en red propia lo que significan las restricciones y otros tienen la soga al cuello en este sentido. Las fugas en las redes de abastecimiento siguen siendo escandalosas.

Seis de cada diez acuíferos de Balears están sobreexplotados, contaminados o salinizados. En Sa Pobla, estos índices alcanzan el 105%. No se cumple con los criterios de depuración de aguas y, con todo ello, PP y Vox cuelan en el Parlament una disposición por la cual los planeamientos urbanísticos de nuevo cuño podrán prescindir del hasta ahora preceptivo informe de suficiencia hídrica. Las aguas de este archipiélago ya no son cristalinas y van perdiendo potabilidad a marchas forzadas, pero las intenciones de las administración insular y autonómica van saliendo claramente a flote: expriman los recursos naturales que ya son pocos y pierden calidad. El que venga detrás, ya se apañará. Se ha llegado a una situación en la que solo la intervención ministerial o de los comisariados europeos puede reconducir los cauces hacia usos más razonables. n

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