La oposición ve indicios de malversación en el caso Bestard y estudia llevarlo a Fiscalía

La oposición en bloque carga duramente contra la decisión de PP y Vox de dar por cerrado el expediente sobre el uso de vehículos oficiales por parte del vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard. PSIB-PSOE, Més per Mallorca y El Pi consideran que los informes elaborados por la Secretaría Técnica, la Secretaría General y la Intervención contienen hechos de suficiente gravedad como para exigir responsabilidades políticas e incluso estudiar posibles consecuencias contables o penales.

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, sostiene que los informes describen la utilización de recursos públicos para fines personales. "Son casi cien páginas de hechos objetivos", afirma Cladera, quien califica el informe de "demoledor". Para la expresidenta del Consell, los hechos recogidos en la documentación acreditan un incumplimiento claro del Código Ético. "¿Ahora hay barra libre? ¿Esto es lo que nos están diciendo?", se pregunta durante su intervención.

Cladera rechaza frontalmente la interpretación realizada por PP y Vox y sostiene que los hechos descritos son "muy graves". Por este motivo, defiende que el vicepresidente ha disfrutado de recursos públicos durante más tiempo y en condiciones distintas a las que le correspondían, algo que, en su opinión, podría encajar incluso en una posible malversación de fondos públicos.

Por ello reclama que el caso se remita a la Sindicatura de Cuentas para analizar las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de los vehículos y plantea solicitar informes jurídicos adicionales para determinar si existen indicios de responsabilidad penal. "No nos conformaremos con lo que se diga aquí, lo llevaremos a Fiscalía si hace falta. Galmés ya le tendría que haber cesado. Si no lo hace es porque está enganchado a Vox", avisa.

Més acusa a Bestard de mentir

La portavoz de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, insiste en que ya no se habla de sospechas ni de informaciones periodísticas, sino de hechos que han quedado acreditados en los propios informes encargados por el presidente del Consell.

Perelló sostiene que el vicepresidente no respondió a las preguntas formuladas por la oposición y ocultó información que posteriormente aparece recogida en la documentación oficial. Entre los ejemplos que cita figura la utilización de los vehículos fuera de Mallorca. Según explica, el informe recoge desplazamientos a Menorca durante tres días vinculados a actos que, según su interpretación, no tenían carácter oficial.

También reprocha que el vicepresidente dispusiera de tres vehículos de uso exclusivo, mantuviera las llaves bajo su control y disfrutara de una disponibilidad de medios que ningún otro miembro del equipo de gobierno tenía a su alcance. Para Més, todo ello constituye un incumplimiento del Código Ético y justifica plenamente la petición de dimisión que el grupo mantiene desde el inicio de la polémica.

Perelló cuestiona además que Bestard siga disponiendo de vehículos oficiales mientras el expediente continúa generando controversia política y se pregunta si esta situación puede seguir considerándose compatible con una gestión adecuada de los recursos públicos.

El Pi denuncia una pérdida de credibilidad

Las críticas también llegan desde El Pi. Su portavoz, Antoni Salas, considera que los informes jurídicos no tienen como función valorar políticamente los hechos, pero advierte de que la documentación conocida incrementa todavía más las dudas sobre la actuación del vicepresidente. Según Salas, los informes tienden a relativizar determinadas conductas porque vienen a sostener que algunas actuaciones no fueron correctas, aunque tampoco estaban expresamente prohibidas por una norma específica.

Esta interpretación , asegura, conduce a una situación preocupante porque deja sin resolver cuestiones esenciales relacionadas con la responsabilidad política de los cargos públicos. "Nos quedamos aún más neguitosos por lo que puede haber pasado", afirma.

Salas sostiene que una de las principales consecuencias de los informes es que erosionan la credibilidad de la comparecencia realizada por Bestard ante la Comisión de Transparencia. "La sensación es que Bestard ha mentido", asegura. También considera especialmente difícil de justificar que un conseller dispusiera de tres vehículos a su servicio cuando el resto de miembros del equipo de gobierno no disfrutaban de esa situación. También pone el foco en la retirada de los logotipos institucionales de algunos vehículos. "Lo hizo con intención", afirma.

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