Galmés y el PP absuelven a Bestard pese a su uso inapropiado de los coches oficiales: "Le reiteramos nuestro apoyo y se da por cerrado el expediente"
Tanto los populares como Vox dan por zanjada la polémica de los vehículos oficiales y defienden que no existió uso indebido de recursos públicos ni vulneración del Código Ético

Los portavoces del Consell, esta tarde durante la comisión de transparencia. / GUILLEM BOSCH

El Consell de Mallorca da carpetazo al caso de los coches oficiales de Pedro Bestard. PP y Vox han cerrado filas esta tarde en la Comisión de Transparencia con el vicepresidente segundo de la institución insular y dan por concluido el expediente abierto tras las informaciones sobre el uso personal de vehículos públicos. La mayoría que sostiene a Llorenç Galmés interpreta que los informes descartan cualquier uso indebido de recursos públicos o vulneración del Código Ético y mantiene intacto su apoyo al conseller de Medio Ambiente, pese a que los propios servicios jurídicos consideran que reservar tres vehículos para su uso exclusivo fue una conducta "no apropiada".
Ambas formaciones se apoyan en la siguiente frase de las conclusiones del informe para defender sin ambages a Bestard: «Respecto a las incidencias que se señalan en el informe de la Secretaría Técnica, se consideran carentes de relevancia destacable». Sin embargo, el propio informe deja claro en el siguiente punto que "adscribir tres vehículos al uso exclusivo del conseller ejecutivo no es una conducta apropiada, más aún cuando existe una disponibilidad limitada del parque móvil del departamento" y apunta que "tampoco se considera, en principio, correcta la retirada de la rotulación institucional o la orden de no instalarla". Además, los funcionarios reconocen que Bestard obligó a su departamento a quitar la rotulación de uno de los vehículos.
La defensa más cerrada del vicepresidente ha llegado con la portavoz del PP, Nuria Riera, quien agradece la "profesionalidad", la "agilidad" y el trabajo realizado por los secretarios del Consell y la interventora. Según sostiene, los informes son "rigurosos y exhaustivos" y no dejan "ninguna duda jurídica ni económica" sobre la actuación de Bestard. "Le reiteramos nuestro apoyo y se da por cerrado el expediente", apunta.
"Queda clarísimo que no ha habido ningún uso indebido ni ninguna vulneración del Código Ético", afirma Riera, quien insiste en que el expediente se basa en "hechos totalmente completos" y que las conclusiones de los técnicos son concluyentes. La dirigente popular recuerda que desde el primer momento el equipo de gobierno se comprometió a aplicar literalmente lo que determinaran los informes y asegura que eso es precisamente lo que se hace ahora.
Por ello, el PP mantiene todo su apoyo al vicepresidente segundo y considera que no existe "ninguna responsabilidad ni ninguna incidencia" atribuible a Bestard. "No hay ningún uso indebido de recursos públicos ni ningún malbaratamiento de recursos públicos", afirma.
La portavoz popular también se refiere a los dos aspectos que los servicios jurídicos consideran improcedentes: la reserva de tres vehículos para uso exclusivo del conseller y la ausencia de rotulación institucional en algunos de ellos. La portavoz popular subraya que Bestard ya pidió disculpas públicamente cuando compareció en la Comisión de Transparencia y que, en cuanto se detectaron posibles deficiencias, se actuó de forma inmediata. "Si había algo incorrecto, pidió disculpas y se rectificó de forma inmediata por parte del presidente Galmés", señala.
Además, insiste en que no existe ninguna norma que obligue a rotular los vehículos oficiales y sostiene que la conducta considerada "no adecuada" por los informes deriva fundamentalmente de la escasez de vehículos disponibles en el departamento y no de un uso irregular por parte del vicepresidente.
La dirigente popular anuncia también que el Consell trabaja ya en una instrucción específica para regular el uso de los vehículos oficiales, una normativa interna que hasta ahora no existía. Asimismo, señala que los vehículos utilizados por Bestard pasarán a estar a disposición del departamento. "Este Consell ha actuado de forma pulcra e inmediata", asegura Riera, quien pide a la oposición que deje de "crear sombras de duda donde no las hay" y reclama incluso disculpas por el "uso perverso" que, a su juicio, se ha hecho políticamente de esta polémica.
La defensa por parte de Vox ha sido más tímida y contenida. El portavoz de la formación, Toni Gili, enmarca toda la controversia en lo que califica como un "desvarío ideológico" impulsado por la oposición y defiende que la política debe sustentarse sobre elementos objetivos y jurídicos, no sobre valoraciones subjetivas.
Para Vox, la clave del asunto es que tanto la Secretaría General como la Intervención dictaminan sobre la base de hechos objetivos y concluyen que no existe ninguna infracción normativa. Gili sostiene que no corresponde a los partidos políticos discutir el criterio de los máximos responsables técnicos y jurídicos de la institución. "Es muy complicado ir en contra de los técnicos porque es ir en contra de la ley", afirma.
El portavoz insiste en que los informes señalan que no existe ninguna norma que regule específicamente el uso de los vehículos, que no hay obligación de rotularlos y que tampoco existe la obligación de reflejar absolutamente todos los desplazamientos en la agenda pública.
Por ello, concluye que "no hay ninguna relevancia destacable" en los hechos investigados y que no se vulnera ninguna norma jurídica vigente. Gili insiste en que Bestard ya reconoció la posibilidad de haber cometido errores administrativos y pidió disculpas por ello, pero recalca que esos errores no constituyen ninguna infracción. "Se han rotulado los vehículos y las llaves están donde tienen que estar", resume.
Con este posicionamiento conjunto, PP y Vox dan por cerrado definitivamente el expediente. La mayoría que sostiene a Galmés interpreta que los informes descartan cualquier uso indebido de recursos públicos por parte de Bestard y considera que las incidencias detectadas ya han sido corregidas. Todo ello pese a que los propios servicios jurídicos señalan expresamente que reservar tres vehículos para uso exclusivo del conseller en un departamento con limitaciones de medios "no es una conducta apropiada" y consideran que la Comisión de Transparencia debía pronunciarse sobre este hecho y sobre la retirada de la rotulación institucional de algunos vehículos.
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