Ecologistas alertan de que la ley ómnibus pone en riesgo el control sobre los recursos hídricos de Baleares

El Grupo Ornitológico Balear (GOB Mallorca) y l’Aliança per l’Aigua han mostrado este martes su rechazo a la nueva ley ómnibus aprobada por el Parlament el pasado 26 de mayo. Ambos consideran que debilita los mecanismos de control sobre los recursos hídricos de Baleares en un contexto marcado por la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del GOB, el director de l’Aliança per l’Aigua, Joan Calvo; y la vicepresidenta de la entidad ecologista, Tonina Siquier; han criticado la modificación legislativa que permitirá a los ayuntamientos aprobar nuevos planteamientos urbanísticos sin solicitar previamente el informe de suficiencia hídrica a la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern. Ambas organizaciones consideran que esta medida supone una reducción de los controles ambientales sobre el crecimiento urbanístico, especialmente cuando seis de cada diez masas de agua subterránea de las Islas Baleares presentan problemas de contaminación o sobreexplotación.

Estas entidades también han denunciado los cambios normativos aprobados en Baleares durante los últimos meses, al considerar que "favorecen la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los acuíferos". En concreto, se han referido a tres leyes impulsadas desde 2024 por el Parlament balear: la de simplificación administrativa, la de actuaciones urgentes y la última ley ómnibus. Asimismo, han alertado de que Palma y otros municipios de las islas no disponen de una capacidad de depuración suficiente.

Según los datos del Plan Hidrológico de les Illes Balears, el consumo urbano, principalmente destinado al uso residencial, representa más del 70% del agua utilizada en el archipiélago. La situación varía según la isla: en Formentera alcanza el 94%, en Ibiza el 89%, en Menorca el 73% y en Mallorca el 65%; mientras que el uso agrario supone un 22% y la actividad industrial apenas un 3%. Calvo ha defendido que no se puede seguir apostando por el crecimiento urbanístico cuando todavía existen problemas en la gestión del agua. “No tiene sentido tratar de crecer si hay municipios que tienen pérdidas de agua”, ha señalado.

Demandas a las entidades

Ante este escenario, GOB Mallorca y l’Aliança per l’Aigua reclaman la retirada de la disposición que elimina la obligatoriedad del informe de suficiencia hídrica, así como mantener este trámite como una herramienta indispensable para evaluar la capacidad real del territorio antes de autorizar nuevos desarrollos urbanísticos y turísticos.

Asimismo, piden frenar nuevos crecimientos mientras no se garantice una disponibilidad de agua que no implique aumentar la presión sobre los acuíferos y rechazan que la crisis de acceso a la vivienda se utilice como argumento para reducir los controles ambientales. También exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) que impugne la disposición adicional de la ley ómnibus ante el Tribunal Constitucional y que inste al Govern a restablecer el control de suficiencia hídrica. Siquier considera que “tiene que haber más límites a la hora de utilizar el agua porque ya los hemos sobrepasado”, ha afirmado.

La vicepresidenta del GOB también ha criticado la dirección de las políticas del Govern en materia de territorio y recursos naturales, por lo que ha anunciado “la convocatoria de una manifestación el próximo 26 de julio” para reivindicar cambios en cuestiones relacionadas con “la construcción, el modelo turístico, el acceso a la vivienda y la escasez de agua”.

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