Entra en vigor la moratoria para nuevos proyectos fotovoltaicos en suelo rústico de Baleares

La moratoria para ordenar la implantación de nuevos proyectos fotovoltaicos en suelo rústico de Baleares ya ha entrado en vigor. La medida, aprobada por el Govern dentro de la Ley 4/2026 de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos y simplificar procedimientos administrativos, suspende temporalmente las vías prioritarias que permitían tramitar determinadas instalaciones renovables mediante las figuras de utilidad pública y de interés autonómico energético.

La decisión llega mientras el Ejecutivo autonómico prepara una nueva planificación de las energías renovables y del almacenamiento energético que deberá definir dónde y bajo qué condiciones podrán desarrollarse futuros proyectos en el territorio. El nuevo marco tendrá que estar aprobado en un plazo máximo de dos años e incorporarse al Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.

Según ha explicado el Govern, el objetivo de la moratoria es garantizar un despliegue más ordenado de las energías renovables y compatibilizar la transición energética con la protección del suelo rústico, la actividad agraria y los valores ambientales y paisajísticos de las islas.

La suspensión no supone un freno general a las energías renovables. La regulación establece que no tendrá efectos retroactivos y, por tanto, no afectará a los proyectos que ya disponían de permisos de acceso y conexión antes de la entrada en vigor de la ley. También quedan excluidas de la moratoria las instalaciones destinadas al autoconsumo energético, así como las actuaciones de repotenciación e hibridación de plantas ya existentes.

El Govern defiende que la medida permitirá evitar que sigan avanzando proyectos mediante procedimientos excepcionales mientras se elabora una estrategia territorial más precisa sobre la implantación de estas infraestructuras. La futura planificación energética deberá determinar cuáles son las zonas más adecuadas para acoger nuevas instalaciones, fijar criterios sobre su tamaño y establecer mecanismos que favorezcan una mejor integración paisajística y territorial.

La nueva ordenación también busca mejorar la coordinación entre los objetivos de descarbonización, la preservación del territorio y el desarrollo económico de las islas. En los últimos años, la proliferación de proyectos fotovoltaicos en suelo rústico ha generado debate entre administraciones, organizaciones agrarias y colectivos ecologistas, que reclamaban una regulación más detallada sobre la ubicación y las dimensiones de estas instalaciones.

Con la entrada en vigor de la moratoria, el Govern gana margen para redefinir el modelo de implantación de las energías renovables en Baleares antes de autorizar nuevos proyectos que recurran a las figuras excepcionales de interés autonómico o utilidad pública. Mientras tanto, los proyectos ya autorizados y las instalaciones vinculadas al autoconsumo podrán seguir adelante sin cambios.

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