Los alcaldes del PSOE reclaman más financiación para afrontar el coste de los servicios públicos en Mallorca

Los alcaldes socialistas aprovecharán la Asamblea de Batles i Batlesses de Mallorca que se celebra hoy para reclamar más financiación y más herramientas para los ayuntamientos ante el aumento de los costes que deben asumir los municipios. A través de cuatro mociones impulsadas por los consistorios de Artà, Pollença, Algaida y Montuïri, el PSIB pondrá sobre la mesa reivindicaciones relacionadas con el transporte público, el socorrismo en las playas, los servicios sociales y las inversiones en equipamientos culturales y deportivos.

Aunque las propuestas abordan ámbitos diferentes, todas comparten un mismo diagnóstico: los ayuntamientos afrontan cada vez más responsabilidades y más gastos sin contar con recursos suficientes para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Una de las principales reivindicaciones llegará desde Artà. El alcalde, Manolo Galán, defenderá una moción para reclamar al Govern balear que constituya en un plazo máximo de dos meses la comisión mixta encargada de negociar el traspaso al Consell de Mallorca de las competencias en transporte terrestre y ferroviario previstas en el Estatut d'Autonomia.

El consistorio considera que esta transferencia debería hacerse efectiva este mismo año y contar con la financiación necesaria para impulsar una política de movilidad adaptada a las necesidades de la isla. Galán denuncia que el proyecto para extender el tren desde Manacor hasta el municipio ha quedado fuera de las prioridades anunciadas por el Govern y el Consell. Desde el ayuntamiento insisten en que la prolongación del tren del Llevant llegó a contar con planificación y financiación comprometidas en anteriores legislaturas, mientras que ahora las administraciones han situado el foco en futuros proyectos ferroviarios hacia Llucmajor-Campos y Alcúdia.

Otra de las preocupaciones que llegará a la Asamblea de Batles será el incremento de los costes asociados al socorrismo en las playas. El Ayuntamiento de Pollença defenderá una moción para reclamar un mecanismo estable de financiación que permita a los municipios hacer frente al encarecimiento de este servicio. El alcalde, Martí March, sostiene que muchos consistorios han optado por modelos de gestión que priorizan la preservación ambiental de las playas y limitan su explotación comercial, lo que obliga a asumir íntegramente el coste de servicios esenciales como el salvamento y socorrismo. A ello se suma el impacto económico derivado del nuevo convenio colectivo del sector, que ha supuesto una mejora de las condiciones laborales y un incremento estructural de los gastos municipales. La propuesta reclama que el Govern y el Consell habiliten vías de financiación permanentes a través del Fondo de Seguridad, del Impuesto de Turismo Sostenible o mediante líneas específicas de ayudas.

Los servicios sociales también protagonizarán parte del debate. La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, defenderá una moción contra los requisitos de residencia prolongada para acceder a determinadas prestaciones públicas. El consistorio considera que medidas como exigir cinco años de residencia para acceder a ayudas sociales básicas generan situaciones de desigualdad y aumentan la presión sobre los servicios municipales.

La propuesta sostiene que la vulnerabilidad social no puede abordarse en función de la nacionalidad o del tiempo de residencia y reclama que las ayudas se concedan atendiendo exclusivamente a criterios técnicos y sociales. Asimismo, la moción expresa su apoyo al proceso extraordinario de regularización previsto por el Gobierno central y reclama más personal para facilitar la integración social y la atención a colectivos vulnerables.

La cuarta iniciativa llegará desde Montuïri. El alcalde, Antoni Miralles, propondrá la creación de un plan específico de equipamientos culturales dotado con diez millones de euros y la ampliación en otros diez millones del actual Plan de Instalaciones Deportivas del Consell de Mallorca. El municipio argumenta que las ayudas existentes resultan insuficientes para acometer inversiones estructurales en teatros, bibliotecas o instalaciones deportivas, especialmente en los pueblos de menor tamaño. Por ello, plantea aprovechar parte de los remanentes de tesorería de la institución insular, que superaron los 130 millones de euros en 2025, para impulsar nuevas convocatorias de carácter anual que permitan planificar actuaciones a medio y largo plazo.

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