Denuncian a la cúpula de PortsIB ante Anticorrupción por instalar campos de boyas con la licitación suspendida
Un campo de boyas en Formentor, Mallorca. / CAIB
Añádenos en GoogleLa asociación de navegantes ADN Mediterráneo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra varios responsables de PortsIB, entre ellos su gerente, Francisco José Villalonga, por supuestamente implantar nuevos campos de boyas ecológicas mientras la licitación permanece suspendida.
La denuncia, ha indicado la asociación en un comunicado, llega tras meses de enfrentamiento entre la administración y las principales entidades representativas de los navegantes de Baleares, quienes han recurrido de forma reiterada una licitación valorada en más de 5,8 millones de euros.
El proceso administrativo, siempre de acuerdo con la denuncia de ADN Mediterráneo, única asociación de navegantes representada en la Mesa Náutica del Govern, ha seguido su curso pese a encontrarse suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Prueba de ello, ha señalado la asociación, es que el pasado 5 de junio se formalizó un contrato menor para el montaje de los campos de fondeo de la bahía de Fornells e Illa d'en Colom, instalaciones incluidas en la licitación actualmente suspendida.
Para la entidad, esta actuación podría constituir un fraccionamiento artificial de contratos con el objetivo de eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública.
A ello se suma la reciente aprobación de una prórroga extraordinaria de más de 314.000 euros para mantener la explotación de ocho campos de boyas, una decisión cuya legalidad también ha sido cuestionada por la asociación.
Fuentes de la asociación han detallado a Europa Press que uno de esos contratos viene firmado por el gerente de PortsIB, Francisco José Villalonga. El otro fue rubricado por el director general de Puertos, Antoni Mercant, y dos técnicos.
Contra los cuatro va dirigida la denuncia con la que la entidad pretende que la Fiscalía Anticorrupción investigue los hechos y determine qué responsabilidades pueden derivarse de las actuaciones denunciadas.
En paralelo, ADN Mediterráneo ha reclamado la paralización de la ejecución de los contratos cuestionados hasta que se esclarezca si tienen encaje legal o no.
Mientras se dirime esta cuestión, ha garantizado que continuará utilizando todas las vías administrativas, judiciales e institucionales a su alcance para defender el derecho de los navegantes a acceder de forma libre al mar.
La "mercantilización" del litoral
Desde la asociación han considerado que estas actuaciones son "un nuevo paso en la mercantilización del litoral balear" y forman parte de una estrategia para seguir adelante con un modelo que cuenta con una creciente contestación social dentro del sector náutico.
Su presidente, Lorenzo Pons, ha definido la actuación de PortsIB supone "una huida hacia adelante" que, a su parecer, nace de la voluntad de "implantar los campos de boyas a toda costa".
Aunque la protección de la posidonia "es un objetivo compartido por todos", ha sostenido, "no puede utilizarse como una excusa para restringir derechos históricos de los navegantes, convertir el litoral en un espacio cada vez más privatizado y saltarse las garantías legales que rigen la contratación pública".
La asociación ha recordado que lleva años denunciando la progresiva desaparición de espacios de fondeo libre sobre arena, el incremento constante de los costes asociados a la navegación recreativa y las dificultades crecientes para acceder a amarres en los puertos del archipiélago.
A su parecer, la expansión de los campos de boyas de pago forma parte de una política que limita cada vez más el acceso a los ciudadanos al mar y perjudica especialmente a la náutica social y familiar.
"La náutica tradicional atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia en Baleares. Cada año resulta más caro navegar, más difícil encontrar amarre y más complicado ejercer derechos que durante décadas han formado parte de nuestra cultura marítima. Nuestra obligación es defender a los navegantes frente a cualquier actuación que consideremos injusta o contraria a la legalidad", ha sentenciado Pons.
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