Unanimidad en el Consell para poner fin al peaje en la sombra de la carretera de Manacor: pagará 118 millones para recuperar la vía

El Consell de Mallorca ha decidido poner fin a uno de los contratos más costosos heredados de la época del peaje en la sombra. La institución insular desembolsará alrededor de 118 millones de euros para recuperar la gestión de la carretera de Manacor, actualmente en manos de la UTE Pamasa, una operación que permitirá un ahorro estimado de entre 141 y 267 millones de euros y evitará que la concesión siga generando una factura millonaria para las arcas públicas durante los próximos quince años. El pleno de la institución ha aprobado por unanimidad esta modificación de crédito para posibilitar el pago a la empresa.

La decisión ha sido defendida este jueves en el pleno por el conseller de Movilidad, Fernando Rubio, quien ha asegurado que el Consell está ante una "oportunidad financiera" que no puede dejar escapar. Según ha explicado, mantener el contrato vigente hasta su finalización supondría seguir pagando cerca de 20 millones de euros anuales por una infraestructura cuyo mantenimiento directo rondaría los cuatro millones.

La carretera de Manacor fue ampliada en 2004 durante la presidencia de Maria Antònia Munar mediante el sistema de peaje en la sombra. La fórmula consistía en que la empresa adjudicataria financiaba las obras y asumía el mantenimiento de la vía a cambio de recibir un canon anual por parte del Consell. El contrato otorgó la explotación de la carretera a la UTE Pamasa hasta el año 2041.

Desde su inauguración, la institución insular ya ha abonado unos 306 millones de euros por esta infraestructura. Si la concesión continuara vigente hasta el final del contrato, el Consell tendría que desembolsar otros 396 millones. En total, la carretera habría costado más de 700 millones de euros a los contribuyentes mallorquines. Para evitarlo, el departamento de Carreteras ha optado por activar una cláusula incluida en el propio contrato que permite resolver anticipadamente la concesión durante este año a cambio de una indemnización previamente fijada. El coste de la operación se sitúa en torno a los 118 millones de euros.

Los cálculos realizados por los servicios económicos del Consell sitúan el ahorro mínimo de la operación en 141 millones de euros. La cifra podría elevarse hasta los 267 millones si la inflación repunta durante los próximos años, ya que el contrato de concesión contempla actualizaciones vinculadas al IPC. Según detalla Rubio, la diferencia entre el coste actual de la concesión y el mantenimiento directo de la carretera justifica plenamente la decisión. "Estamos hablando de que pagamos casi 20 millones de euros anuales por esta carretera. Es una barbaridad", afirmó durante el pleno.

El responsable de Infraestructuras ha llegado incluso a advertir de que renunciar a esta posibilidad podría interpretarse como una mala gestión de los recursos públicos. "Si no aprovecháramos esta oportunidad financiera, podría ser un malbaratamiento de dinero público", ha defendido. La operación se produce además después de que durante anteriores mandatos se renegociaran las condiciones económicas de la concesión, reduciendo parte de las tarifas previstas inicialmente y facilitando ahora la viabilidad de la resolución anticipada.

Una reunión con todos los partidos

Ante las dudas planteadas por la oposición, Rubio ha anunciado que convocará una reunión con todos los grupos políticos para explicar en detalle el informe económico que sustenta la medida. El Consell quiere exhibir consenso en torno a una operación que supondrá uno de los mayores movimientos financieros de la legislatura y que permitirá recuperar la gestión directa de una de las carreteras con mayor volumen de tráfico de Mallorca. Si la resolución se formaliza en las próximas semanas, la institución insular pondrá fin a una concesión nacida hace más de dos décadas y cerrará definitivamente uno de los capítulos más controvertidos de la política de infraestructuras de Mallorca.

Rubio ha insistido en que no se trata de un rescate como el que se llevó a cabo en el túnel de Sóller, posteriormente anulado por los tribunales. "Hay una diferencia muy sustancial", ha señalado porque mientras aquel procedimiento exigía justificar el interés general y negociar una compensación económica, en este caso la resolución anticipada está prevista expresamente en las condiciones de la concesión.

El conseller recuerda además las consecuencias económicas que todavía arrastra el rescate del túnel de Sóller. Según explica, las sentencias judiciales que declararon nula aquella operación podrían acabar costando más de 13 millones de euros a la institución. "Si hubiéramos esperado cinco años, cero euros. En el peor de los casos tendremos que pagar más de 13 millones", ha afirmado.

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