Evacuación vertical y corte de suministros: así es el nuevo plan escolar ante emergencias y fenómenos meteorológicos adversos
Educación y la Dirección General de Emergencias unifican criterios con el plan Meteobal y fijan el GestIB y el 112 como canales únicos de comunicación ante borrascas, inundaciones o temperaturas extremas
El protocolo de actuación regula desde la organización del alumnado en espacios seguros hasta la revisión de las infraestructuras escolares para un retorno seguro a las aulas tras un temporal
Vera y Estarellas (centro), este miércoles durante la presentación del nuevo protocolo. / CAIB
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El Govern balear ha diseñado un marco de actuación unificado para dar respuesta a las situaciones de riesgo derivadas de incidentes graves o fenómenos meteorológicos adversos en los colegios e institutos de las islas. El denominado 'Protocolo general de actuación para hacer frente a las emergencias y al riesgo de fenómenos meteorológicos adversos en el ámbito educativo' se configura como "una directriz técnica dirigida a homogeneizar la protección del alumnado y del personal docente y administrativo".
Así lo han señalado este miércoles la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante la presentación del documento. Según han explicado, la nueva regulación sustituye a los anteriores marcos de carácter normativo genérico. Con este cambio se introduce un instrumento técnico que asigna funciones específicas a cada perfil profesional dentro de los centros y "coordina de manera directa las decisiones escolares con las directrices emanadas de la Dirección General de Emergencias e Interior".
Las medidas
El documento establece directrices que regulan el comportamiento interno de los centros durante un episodio crítico. Entre las medidas operativas concretas que introduce el texto, se contempla “la organización del alumnado en espacios seguros, la posibilidad de evacuación vertical hacia zonas protegidas, el corte de suministros en situaciones de riesgo, el control de las salidas del centro y la coordinación con la inspección educativa y las familias”.
Para asegurar el flujo de datos y evitar disfunciones informativas o bulos en la comunidad escolar, el protocolo estipula canales oficiales únicos de comunicación: la plataforma de gestión educativa GestIB (futuro Llull), el teléfono de emergencias 112 y las redes institucionales de protección civil.
El protocolo estipula canales oficiales únicos de comunicación: la plataforma de gestión educativa GestIB (futuro Llull), el teléfono de emergencias 112 y las redes institucionales de protección civil
Según han detallado, la gestión de las alertas meteorológicas se estructurará a partir de las categorías fijadas por el plan autonómico Meteobal, que divide los escenarios en cuatro índices de gravedad (IG). El protocolo contempla el nivel amarillo o IG0, aplicable cuando se prevé un fenómeno “habitual pero potencialmente peligroso para las personas o para alguna actividad”, y el nivel naranja o IG1, ante riesgos no habituales con “elevada probabilidad de riesgo para las personas y sus bienes”.
Las situaciones de mayor afección corresponden a los niveles rojos. El nivel IG2 se activará cuando la intensidad excepcional del fenómeno “supera la capacidad de atención de los medios o recursos locales”. Por último, el nivel IG3 se reserva para una “emergencia catastrófica no controlable con los recursos propios de la Comunidad Autónoma y/o que da lugar a la declaración de interés nacional”. Para cada uno de estos escenarios, los centros dispondrán de fichas técnicas específicas de intervención ante lluvias intensas, inundaciones, vientos, tormentas o temperaturas extremas de calor o frío.
Seguridad jurídica
Uno de los aspectos normativos del documento es el amparo administrativo de los profesionales en la toma de decisiones complejas, tales como la retención de alumnos o la evacuación de instalaciones. El texto “proporciona una cobertura jurídica clara a los equipos directivos y al personal docente en situaciones especialmente delicadas”, definiendo criterios de decisión fundamentados estrictamente en la protección de las personas y en el cumplimiento de las órdenes de las autoridades competentes.
El plan de contingencia abarca todo el ciclo de la incidencia, incluyendo la fase posterior al suceso. En este sentido, se pautan directrices obligatorias para organizar el retorno a la normalidad de forma segura. Esta última etapa exige de forma pormenorizada la revisión de las infraestructuras de los edificios, la comprobación de que los servicios básicos funcionan correctamente, así como la tramitación del registro y comunicación de las incidencias materiales que hayan podido sufrir las instalaciones.
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