El edificio de alquiler social de la Playa de Palma cuya adjudicación el Govern lleva demorando dos años obtuvo licencia de primer ocupación en febrero de 2025

El edificio de alquiler social del barrio de La Ribera, en la Playa de Palma, cuya adjudicación el Govern demora desde hace dos años, obtuvo licencia de primera ocupación en febrero de 2025, concedida por el Ayuntamiento de Palma, según la documentación que ha podido consultar este diario.

Previamente, el 22 de marzo de 2024, el proyecto obtuvo el certificado de final de obra y fue visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Baleares, certificación que coincidió con la presentación de la memoria del proyecto y con el detalle del cumplimiento detallado del Código Técnico de Edificación en todos sus apartados de seguridad estructural, antiincendios, utilización y accesibilidad, ruido, ahorro de energía.

La  conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad justifica el retraso en la adjudicación de la pequeña promoción pública del Ibavi en las graves deficiencias detectadas en la construcción. "Las viviendas de esta promoción del Ibavi no están en disposición de ser entregadas debido a toda una serie de graves deficiencias que están siendo convenientemente analizadas, a través de toda la información técnica y jurídica recabada en relación con ella", manifestaron a este diario el pasado 1 de junio fuentes de la Conselleria. "Estamos pendientes de peritaciones técnicas detalladas", añadieron. "Una vez analizadas, se tomarán las medidas correspondientes para poder entregar estas viviendas con todas las garantías". Las viviendas no cuentan todavía con cédula de habitabilidad, ha podido confirmar este diario, que sería el paso inmediatamente posterior a la obtención de licencia de primera ocupación.

Los arquitectos de la obra desconocen las deficiencias que alega el Govern

Sin embargo, ni técnicos de la conselleria de Vivienda ni tampoco del Ibavi se han puesto en contacto con los dos arquitectos autores del proyecto, que además dirigieron la obra, Àngels Castellarnau y Josep Bunyesc, referentes nacionales en la arquitectura bioclimática en la que el proyecto de alquiler social se inscribe. ""Entregué el proyecto para entrar a vivir. Y desde entonces nadie me ha comentado que existiera problema alguno", manifestó a este diario Àngels Castellarnau el pasado 1 de junio, añadiendo que a estas alturas pensaba que las viviendas ya habrían sido adjudicadas, "con la falta de vivienda pública que hay en Mallorca".

Josep Bunyesc respondió este martes a Diaro de Mallorca en términos muy similares. "No sabía que el proyecto todavía no estaba adjudicado y mucho menos que sufriera deficiencias", aseguró. "Nadie del Govern se ha puesto en contacto conmigo para notificarme lo que ocurre con esta promoción", manifestó.

Tras dos años cerrado, el inmueble, ubicado en el número 41 de la calle Carbussó, en el barrio de La Ribera de la Playa de Palma, ha caído en el abandono y ya muestra sus primeros síntomas de degradación. El entorno del edificio se ha convertido en una selva de malas hierbas que traspasan la barrera exterior y escalan por la fachada tapando parte de los ventanales de la planta baja. Algunas cerraduras de puertas y buzones ya muestran rastros de óxido. Y las puertas de los contadores de electricidad y agua muestras han sido golpeadas y una de ellas forzada, mientras el acceso exterior se ha convertido el aparcamiento habitual de una caravana. También hay manchas de humedad en las fachadas de madera.

La construcción de este edificio de seis viviendas sociales en régimen de alquiler fue impulsado por el Govern del Pacto durante la pasada legislatura . Y fue el Govern del PP durante el inicio de su mandato que terminó la obra, aunque en mayo de 2024, hace más de dos años, todavía alegaba a este diario que estaba pendiente "del informe de calificación definitiva de la obra", sin apuntar ninguna posible fecha de entrega.

La obra tuvo un presupuesto de 660.990,37 euros, con 231.041,00 financiados con fondos de la Unión Europea Netx Generation y un plazo de ejecución de quince meses a partir de mayo de 2022, con lo que el proyecto quedó por terminar con el cambio de legislatura por el actual Govern del PP. El Consell de Mallorca también aportó al inmueble otros 108.000 euros a través de los Fondos Mitma.

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