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PP y Vox dan el primer paso para prohibir el burka y el niqab en Baleares: multas de hasta 30.000 euros y prisión para quien obligue a una mujer a llevarlo

La proposición, que tendrá que ser aprobada de forma definitiva en el Congreso, pretende modificar la Ley de Extranjería para que los ciudadanos extranjeros que reincidan en estas conductas puedan ser expulsados de España tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo

PP y Vox dan el primer paso para prohibir el burka (ilustración de la izquiera) y el niqab (ilustración de la derecha) en Baleares: multas de hasta 30.000 euros y prisión para quien obligue a una mujer a llevarlo

PP y Vox dan el primer paso para prohibir el burka (ilustración de la izquiera) y el niqab (ilustración de la derecha) en Baleares: multas de hasta 30.000 euros y prisión para quien obligue a una mujer a llevarlo / DM

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Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Parlament ha dado este martes el primer paso para impulsar la prohibición del burka y el niqab en todo el territorio español. El pleno ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Vox y respaldada por el PP que pretende vetar el uso de estas prendas en los espacios públicos, endurecer las sanciones contra quienes las impongan a mujeres o menores y facilitar la expulsión de extranjeros reincidentes. Esta misma propuesta ya fue rechazada en el Congreso al no obtener el apoyo de Junts per Catalunya, si bien se está tramitando actualmente una norma idéntica en el Senado.

Aunque la votación se celebra en la Cámara balear, la iniciativa tiene alcance estatal. Al tratarse de una ley orgánica, el Parlament únicamente puede remitir la propuesta a las Cortes Generales para que sea debatida y, en su caso, aprobada por el Congreso de los Diputados. Si prosperara, España se sumaría a países como Francia, Bélgica, Austria o Dinamarca, que ya han limitado o prohibido el uso de velos integrales en espacios públicos.

La propuesta va mucho más allá de una declaración política. El texto plantea una prohibición general del uso del burka y el niqab en la vía pública y en cualquier espacio privado con proyección pública. Vox justifica la medida por razones de seguridad ciudadana y por considerar que estas prendas representan una forma de sometimiento de la mujer incompatible con los principios de igualdad y dignidad recogidos en la Constitución.

Multas de hasta 30.000 euros

La iniciativa prevé incorporar el uso del burka y el niqab a la Ley de Seguridad Ciudadana. En la práctica, ello supondría la imposición de sanciones administrativas a quienes utilicen estas prendas y también a quienes obliguen a menores de edad a llevarlas. Además, la reincidencia convertiría la conducta en una infracción más grave, susceptible de acarrear multas que podrían alcanzar los 30.000 euros.

Uno de los aspectos más duros de la propuesta afecta a quienes impongan estas vestimentas a otras personas. La reforma del Código Penal incluida en el texto establece penas de prisión de entre un año y medio y tres años para quienes obliguen a una mujer a llevar burka o niqab mediante violencia, intimidación o coacción. Cuando la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable, la condena podría elevarse hasta los cuatro años de cárcel.

Expulsión para extranjeros reincidentes

La proposición también modifica la Ley de Extranjería para que los ciudadanos extranjeros que reincidan en estas conductas puedan ser expulsados de España tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo. Vox defiende que la medida es necesaria para evitar la implantación de prácticas que considera incompatibles con el modelo de convivencia occidental. La iniciativa fue registrada por la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en noviembre de 2025. En su exposición de motivos, el partido sostiene que el burka y el niqab simbolizan la subordinación de la mujer y dificultan la identificación de las personas, por lo que los considera contrarios al orden público y a la seguridad ciudadana.

Con la votación de este martes, el Parlament no ha aprobado directamente la prohibición, pero sí da luz verde a que la propuesta inicie su recorrido político en Madrid. El debate llega además en un momento de creciente protagonismo de las cuestiones migratorias en la política balear, convertidas en uno de los principales ejes de confrontación entre la izquierda, el PP y Vox durante la presente legislatura.

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