Del "falso feminismo" a la "islamofobia": Bronco debate en el Parlament por la ley para prohibir el burka

El Parlament balear ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos de toda España gracias al apoyo del PP, mientras PSOE y Més per Mallorca cargan contra una iniciativa que consideran un ataque contra la comunidad musulmana disfrazado de defensa de los derechos de las mujeres.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, presenta la iniciativa como una batalla cultural. "Queremos que España siga siendo España. Queremos que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España y no de países como Marruecos, Afganistán o cualquier otro país islámico donde la mujer es considerada un ser inferior", afirma desde la tribuna. La diputada sostiene que cualquier persona que llegue al país debe hacerlo con voluntad de adaptarse a una sociedad que, según defiende, se fundamenta en la tradición grecorromana, el derecho romano y la herencia cristiana. Para Vox, el burka y el niqab no constituyen una simple prenda religiosa, sino símbolos incompatibles con los valores occidentales.

"Defendemos el rostro humano como base de la libertad", asegura Cañadas, quien define el velo integral como una herramienta destinada a borrar la identidad de las mujeres. A su juicio, estas prendas representan una forma de sometimiento incompatible con una sociedad democrática y su normalización supone aceptar "una involución medieval en pleno siglo XXI". La portavoz acusa a la izquierda de practicar un "falso feminismo" por denunciar el machismo en las sociedades occidentales mientras, según afirma, guarda silencio ante prácticas que considera opresivas para las mujeres en determinadas comunidades islámicas. Cañadas reivindica las protestas de las mujeres iraníes contra la obligación de llevar velo y defiende que la verdadera solidaridad feminista consiste en respaldar a quienes desafían el fundamentalismo religioso.

Aunque comparte el sentido de la iniciativa, el PP opta por un discurso menos identitario y más jurídico. La diputada popular Cristina Gil sostiene que el Estado no puede considerar una manifestación cultural legítima una práctica que invisibiliza a las mujeres y dificulta su participación en la vida pública. A lo largo de su intervención invoca la Constitución española, la legislación de igualdad y distintos tratados internacionales para justificar la prohibición. La diputada popular describe el velo integral como "una pieza de tela que camina, sin rostro, sin expresión, sin identidad" y sostiene que simboliza la negación misma de la mujer. También recuerda las protestas desencadenadas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini y presenta aquellas movilizaciones como un ejemplo de lucha contra la imposición religiosa. Gil argumenta que la identificación facial constituye un elemento esencial para la convivencia y la seguridad ciudadana y defiende que la jurisprudencia europea respalda plenamente este tipo de limitaciones.

Junto al argumento de la igualdad, el PP pone el foco en la seguridad ciudadana. Gil defiende que la identificación visual de las personas constituye una exigencia legítima en cualquier sociedad democrática y recuerda que la legislación española ya contempla la necesidad de facilitar la labor de las fuerzas de seguridad y la prevención de delitos. En este sentido, sostiene que el problema no aparece únicamente cuando una autoridad requiere la identificación de una persona, sino cuando se normaliza en los espacios públicos una práctica que dificulta la interacción cívica ordinaria.

La parlamentaria popular recurre de forma reiterada al marco normativo nacional e internacional para justificar la iniciativa. Cita la Constitución española, la Ley de Igualdad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio de Estambul para sostener que la protección de la dignidad de las mujeres constituye una obligación de los poderes públicos. A su juicio, pocas prácticas representan una vulneración tan evidente de esos principios como el velo integral.

Més y PSOE, en contra

Frente al bloque de la derecha, PSOE y Més per Mallorca coinciden en acusar a Vox de utilizar los derechos de las mujeres como una coartada para atacar a la comunidad musulmana. La diputada de Més per Mallorca Marta Carrió rechaza de plano que la iniciativa tenga como finalidad la emancipación femenina. "Esta iniciativa no va de mujeres ni de derechos de las mujeres. Va de islamofobia", asegura.

Carrió sostiene que el texto comienza hablando de una supuesta amenaza a la civilización occidental y de inmigración masiva antes de mencionar a las mujeres, lo que a su juicio demuestra cuáles son las verdaderas prioridades de la propuesta. La diputada reconoce que el burka y el niqab representan expresiones de desigualdad, pero rechaza que la solución pase por sancionar a las propias mujeres que los llevan.

Según denuncia, la ley convierte precisamente a esas mujeres en las principales perjudicadas al prever multas y abrir la puerta a expulsiones del territorio nacional en determinados supuestos. "Lo que hace Vox es instrumentalizar el feminismo para alimentar el racismo", afirma. La ecosoberanista acusa además al PP de facilitar una estrategia política basada en identificar una minoría como una amenaza para la convivencia. A su juicio, la iniciativa no resolverá ningún problema real de Baleares y únicamente servirá para aumentar la división social.

La diputada socialista Teresa Suárez centra buena parte de su intervención en cuestionar la legitimidad de Vox para presentarse como defensor de los derechos de las mujeres. Antes de entrar en el fondo de la propuesta, recuerda que este año ya son 24 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España y reprocha a la formación de extrema derecha su historial de enfrentamientos con las políticas de igualdad.

"Cuando las mujeres reclaman igualdad, Vox lo rechaza. Cuando denuncian violencia machista, Vox cuestiona las estadísticas. Cuando exigen más conciliación, habla de ideología. Pero cuando una mujer lleva burka, entonces aparece preocupado por su libertad", resume durante el debate.

A partir de ahí, la diputada socialista sostiene que la iniciativa no pretende resolver ningún problema relacionado con la igualdad entre hombres y mujeres, sino construir un relato político sobre la inmigración y el islam. Según afirma, basta leer la exposición de motivos para comprobar que el protagonismo no lo ocupan las mujeres, sino conceptos como la inmigración masiva, la supuesta decadencia de Occidente o la incompatibilidad del islam con las sociedades europeas.

Suárez reconoce que el burka y el niqab representan elementos de desigualdad y subordinación femenina, pero distingue entre combatir esas prácticas y utilizar su existencia para estigmatizar a toda una comunidad religiosa. "Una cosa es discutir sobre el burka y otra muy diferente es utilizarlo para explicar una historia sobre la decadencia occidental, la inmigración masiva o una supuesta amenaza cultural", afirma.

La diputada acusa a Vox de recurrir a un mecanismo político clásico: identificar una minoría, convertirla en un problema público y utilizarla como chivo expiatorio de problemas mucho más complejos. En este sentido, advierte de que los estigmas modernos ya no se marcan sobre la piel de las personas, sino que se construyen mediante prejuicios, discursos políticos y leyes que terminan señalando a colectivos enteros por la conducta de unos pocos.

Suárez también dirige parte de sus críticas al PP por facilitar la tramitación de la iniciativa. A su juicio, los populares contribuyen a legitimar una narrativa que presenta a los musulmanes como una amenaza para la convivencia. "Las mujeres aparecen aquí sobre todo como una excusa moral para justificar una agenda política que tiene poco que ver con la defensa de sus derechos", sostiene.

La parlamentaria socialista concluye afirmando que, detrás de la retórica sobre la libertad de las mujeres, se esconde una operación destinada a alimentar la islamofobia y la desconfianza hacia las personas migrantes, presentando como un problema de seguridad e identidad colectiva una realidad que, según subraya, apenas tiene incidencia en Baleares.

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