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El juez decide abrir piezas separadas para cada afectado en el caso de la estafa con casas modulares en Mallorca

El magistrado de Inca reactiva la investigación para esclarecer si el constructor encausado actuó con “un plan preconcebido”

Una decena de perjudicados solicitaron sumarse a la querella inicial, por lo que se calcula que el presunto fraude rondaría el millón de euros

El constructor y administrador de Design Modular Haus SL volverá a ser investigado por estafa.

El constructor y administrador de Design Modular Haus SL volverá a ser investigado por estafa. / D.M.

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B. Palau

B. Palau

Palma

Un magistrado de Inca ha decidido abrir piezas separadas para cada afectado en el caso de la presunta estafa con casas modulares que se gestó en Mallorca entre 2020 y 2022.

El juez ha reactivado la investigación para esclarecer si el constructor encausado actuó con “un plan preconcebido”, tal como ordenó el pasado mes de marzo la Audiencia de Palma, que reabrió la causa. El tribunal de la Sección Segunda revocó el sobreseimiento provisional dictado en abril de 2025 por un juzgado de Inca, que cerró el caso contra un constructor de la isla, su pareja y la empresa Design Modular Haus SLU al no ver delito en los hechos.

La Sala acordó hace un par de meses que se investigue si existía una “estrategia prediseñada con propósito engañoso” que se repitió con varios perjudicados en poco tiempo. La Audiencia Provincial subrayó entonces que se produjeron conductas similares, “sino idénticas”, con diferentes afectados, que pagaron por adelantado por unas obras que se iniciaron, pero luego nunca finalizaron. De esta manera, las víctimas se quedaron sin su dinero y sin su nueva casa que iba a ser construida por la empresa investigada.

Una decena de perjudicados solicitaron sumarse a la querella inicial, que formuló otro ciudadano, por lo que se calcula que el presunto fraude rondaría el millón de euros.

El magistrado de Inca encargado del macrocaso, en una reciente providencia del mes de mayo, ya prevé la complejidad del procedimiento judicial ante el número de afectados y hechos distintos que se denuncian.

Con el objeto de ordenar la investigación de cada caso, el juez ha acordado que se abran piezas separadas para tramitar cada uno de los hechos y las diligencias que se ordenen en relación exclusiva a cada uno de ellos, “limitándose al cuerpo principal de la causa las diligencias generales afectantes a todas ellas y, en todo caso, para las declaraciones del investigado”.

La providencia recuerda que la Audiencia Provincial ordenó la instrucción conjunta de los distintos hechos cuya notitia criminis se ha traído a la causa “por si en el actuar del investigado existiera un plan preconcebido o una actuación que aprovechare idéntica ocasión”.

En primer lugar, el magistrado instructor ha decidido abrir una pieza separada en la que se incluyan todas las diligencias ya practicadas que se refieren a los hechos denunciados por el primer querellante.

Después, ha acordado abrir diferentes piezas separadas por cada uno de los hechos distintos que denuncian el resto de afectados. Una vez tramitado todo esto, el juez decidirá en cada una de las piezas separadas si procede o no la personación de los diferentes perjudicados y, en su caso, las diligencias que deben practicarse.

La providencia también da traslado a la fiscalía y a las partes personadas en el procedimiento para que se pronuncien sobre la necesidad de prorrogar el plazo de instrucción, ya que esta caducará el próximo 5 de agosto de 2026.

Sospechas de engaño

La Audiencia de Palma analizó el caso cuando el querellante inicial, representado por el abogado Antoni Monserrat, recurrió en apelación el auto de archivo y concluyó: “De tal conjunto indiciario sí que resulta sospecha de una posible conducta engañosa, derivada del sistemático acometimiento inicial de obras que, tras haber obtenido pagos por adelantado de cara a su continuación, resultaban invariablemente afectadas por desavenencias a partir de las cuales se aminoraba la ejecución hasta abandonarla por completo, sin rendir cuentas, ni devolver los importes percibidos de más”.

La Sala animó entonces a “descifrar” las causas de las desavenencias entre el constructor y los afectados por las que las obras de las viviendas no continuaron. En el caso del querellante, pagó 63.410 euros en 2022, mientras que el valor de las obras ejecutadas ascendía a 13.193 euros por la excavación del solar y parte de la cimentación para construir una casa con piscina en Muro cuyo presupuesto total ascendía a unos 300.000 euros. A principios de 2023, el constructor abandonó la obra, después de varios retrasos y paralizaciones.

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