Los plazos para aplicar la limitación de vehículos en Mallorca enfrentan a gobierno y oposición en el Consell

La futura entrada en vigor de la limitación de vehículos en Mallorca ha centrado buena parte del debate político durante el pleno extraordinario celebrado este viernes en el Consell. Mientras el equipo de gobierno defendía que la regulación podrá aplicarse en la temporada turística de 2027, los grupos de la izquierda y Coalició per Mallorca han puesto en duda ese calendario y han acusado al PP de haber demorado innecesariamente una ley que, a su juicio, llega tarde.

La portavoz del PSOE, Catalina Cladera, ha sostenido que la aprobación de la proposición de ley supone un paso necesario, pero ha advertido de que la vía parlamentaria elegida por el Consell dificulta que las restricciones puedan aplicarse durante la presente legislatura. La dirigente socialista ha acusado al presidente a Llorenç Galmés de haber mantenido la iniciativa "guardada en un cajón" durante un año y ha reclamado al Govern que la aprobara mediante decreto ley para acelerar su entrada en vigor. "Mallorca está colapsada de coches, cada día, a toda hora y en todas partes. Mallorca no puede esperar más", ha defendido.

En una línea similar se ha expresado MÉS per Mallorca. Su portavoz, Catalina Inés Perelló, ha manifestado su respaldo a la ley, pero ha lamentado que la regulación llegue con más de dos años de retraso y ha asegurado que no podrá aplicarse ni este verano ni el próximo. La ecosoberanista ha aprovechado además el debate para reivindicar la autoría política de la medida y recordar que su formación registró una propuesta legislativa similar en el Parlament en marzo de 2024. "Si hoy esta ley llega a este pleno no es gracias al Partido Popular. Es a pesar del Partido Popular", ha afirmado.

Coalició per Mallorca también ha votado a favor de la iniciativa, aunque con importantes reservas. Su portavoz, Antoni Salas, ha criticado la lentitud con la que se ha tramitado la norma y ha reprochado al equipo de gobierno que, a estas alturas de la legislatura, todavía no haya concretado cuestiones esenciales para evaluar su alcance real. La formación ha lamentado que aún no se conozca cuántos vehículos podrán verse afectados por las futuras restricciones ni cuál será el importe de la tasa prevista, dos incógnitas que, a su juicio, dificultan saber cuándo y cómo podrá desplegar efectos la regulación.

Frente a esas críticas, la portavoz del PP, Núria Riera, ha defendido que el Consell ha sido capaz de afrontar en dos años y medio un problema que anteriores gobiernos dejaron sin resolver. La popular ha reivindicado el trabajo realizado para sacar adelante la norma y ha destcado las negociaciones mantenidas con sectores, ayuntamientos y grupos políticos. "Este gobierno ha sido capaz de hacer en dos años y medio lo que otros no hicieron en ocho años: afrontar un problema real con datos, consenso y determinación", ha aseverado. En la misma línea, Riera también ha cargado contra el PSOE por tratar de atribuirse una iniciativa que, según ha defendido , ha sido impulsada desde el primer momento por el presidente del Consell. "Los mallorquines saben perfectamente quién ha actuado y quién no", ha afirmado durante su intervención.

La posición más incómoda ha sido probablemente la de Vox. Los de Abascal, que durante la comisión informativa habían votado en contra de la proposición de ley, han optado finalmente por la abstención. El cambio de criterio ha evidenciado las dificultades del partido para negar una realidad que todos los grupos han reconocido durante el debate: el colapso que sufren las carreteras de Mallorca. Sin embargo, lejos de acercarse a los planteamientos del resto de formaciones, Vox ha optado por cargar contra el bipartidismo de PP y PSOE, a quienes ha responsabilizado directamente de la situación actual.

Su portavoz Toni Gili ha sostenido que la saturación viaria es consecuencia de "años de gobiernos del PP y del PSOE" incapaces de planificar las infraestructuras necesarias y ha acusado a ambos partidos de pretender ahora que sean los ciudadanos quienes paguen las consecuencias. "Primero generan el caos y después quieren cobrar a los ciudadanos por sufrirlo", ha afrimado. Gili ha justificado la abstención alegando que existe "un problema real de saturación" que preocupa a los mallorquines, pero ha rechazado respaldar una ley que, en su opinión, "castiga a los ciudadanos mientras exonera a los responsables políticos que durante años no hicieron su trabajo".

Pese a las diferencias sobre los tiempos, la autoría de la iniciativa y las medidas concretas que deberá desarrollar la futura ley, la proposición ha salido adelante con el apoyo de PP, PSOE, MÉS per Mallorca y Coalició per Mallorca y con la única abstención de Vox. El texto iniciará ahora su tramitación en el Parlament, donde deberá superar todavía varios meses de debate y negociación antes de poder convertirse definitivamente en ley.

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