La patronal del chárter náutico pide al Govern reorientar las inspecciones para centrarlas en el chárter ilegal

La Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (Apanib) ha hecho un llamamiento a la "prudencia y a la reconsideración" de la campaña de vigilancia del chárter náutico ilegal para no generar "perjuicios irreparables y litigios innecesarios". Esta es una de las reivindicaciones que ha hecho la agrupación de empresas ante los criterios aplicados en la octava campaña conjunta de inspección y vigilancia marítima presentada recientemente por la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, PortsIB y la Guardia Civil.

En una nota de prensa, han resaltado que la patronal mayoritaria del chárter náutico, que representa a más de un centenar de empresas, ha considerado que es "necesario" reorientar los esfuerzos inspectores para que estos "no recaigan de forma desproporcionada sobre las empresas legalmente constituidas". Desde Apanib han mostrado su "preocupación" porque una "parte sustancial" de las actas e inspecciones se dirijan a "operadores autorizados de la lista sexta" --registro en el que se incluyen las embarcaciones deportivas o de recreo que se exploten con fines lucrativos-- por el presunto incumplimiento de "ciertos requisitos formales específicos del decreto balear". En ese sentido, han alegado que son unas exigencias "perfectamente válidas" en el resto del Estado y que han sido objeto de "controversia jurídica".

En particular, Apanib ha apuntado a la "dudosa conveniencia" de sancionar en base a requisitos específicamente introducidos por el decreto balear y que han sido objeto de impugnación ante los tribunales y de revisión ante instancias competentes. "El diseño actual de la campaña parece responder a la presión ejercida por determinados operadores de asociaciones minoritarias que buscan obtener ventajas competitivas, para favorecer involuntariamente sus intereses comerciales frente a otras empresas que llevan años operando de forma legal, responsable y sostenible en las islas", han aseverado.

Por tanto, han reprochado que el foco de las actuaciones se "desvíe" hacia el propio tejido empresarial regulado en lugar de "dirigirse de forma decidida hacia el chárter pirata que opera impunemente en embarcaciones de lista séptima" --registro para los buques y embarcaciones con uso exclusivo para la práctica del deporte o recreo, sin propósito lucrativo o la pesca no profesional--.

La patronal ha recordado que la normativa autonómica actual cuenta con seis recursos contencioso-administrativos pendientes de resolución judicial, promovidos por instituciones como la Dirección General de la Marina Mercante y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por ello, Apanib ha abogado por un criterio de "prudencia" durante este periodo de transitoriedad y conflicto jurídico, ya que "no cuestionan" la función inspectora de la Administración, sino que pretenden "evitar que la presión de control recaiga de forma desproporcionada sobre empresas que operan de buena fe, con licencias y actividad real".

De este modo, han reclamado esta flexibilización mientras se resuelven los diversos recursos contenciosos y actuaciones promovidas ante la CNMC y la Dirección General de Marina Mercante. "Además, si en el futuro los tribunales o las autoridades competentes concluyeran que determinados preceptos del decreto no se ajustan a Derecho, podrían plantearse reclamaciones económicas adicionales, incluida la devolución de ingresos indebidos, la revisión de sanciones o, en su caso, eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial", han argumentado.

Precisamente, Apanib ha mantenido que sería "más sensato" actuar ahora con "cautela" que tener que corregir después decisiones que "podrían resultar costosas para todas las partes". Por este motivo, han abogado por aplicar un criterio de "cautela durante este periodo de transitoriedad".

Asimismo, Apanib ha advertido que focalizar el despliegue de las 22 unidades de vigilancia y los recursos de la Guardia Civil en los operadores comerciales de lista sexta genera "el riesgo de desatender el verdadero problema del sector", que, a su manera de ver, es "el intrusismo" de las embarcaciones particulares de lista séptima, que es precisamente donde "se produce la gran mayoría de las infracciones graves de intrusismo".

Apanib ha recalcado que una concentración "excesiva" de medios sobre operadores regulados puede "desviar la atención del verdadero problema del sector", que consiste en "la actividad no autorizada y el intrusismo que operan fuera del marco legal". Por este motivo, ha urgido al Govern a coordinarse con la Dirección General de la Marina Mercante y actúen conjuntamente contra los particulares que "ofrecen clandestinamente sus embarcaciones para actividades comerciales ilícitas".

"La asociación no pide menos control, sino mejor orientación del control, para que los recursos públicos se dirijan allí donde existe una infracción real y no sobre quienes ya están sometidos a rigurosas obligaciones fiscales, laborales, administrativas y de seguridad marítima y medioambiental", han alegado. No obstante, han defendido que la vía "más eficaz" pasa por "la cooperación y el consenso", y no por una presión administrativa "excesiva" sobre las empresas que cumplen en su mayoría con la normativa.

En este contexto, Apanib ha reiterado su disposición plena al diálogo con el Govern y con las autoridades estatales para buscar un marco de actuación "equilibrado, eficaz y estable". La asociación ha defendido una respuesta institucional que combine "seguridad en el mar, control del intrusismo y respeto al tejido empresarial que genera empleo, inversión y actividad económica en Baleares".