La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero

El escándalo Plus Ultra pivota sobre dos ejes. En primer lugar, la incomprensible donación de 53 millones de euros de fondos públicos para rescatar a la minúscula compañía aérea Plus Ultra en plena covid, a cargo del consejo de ministros presidido por Pedro Sánchez. En segundo lugar, el presunto desvío delictivo del dinero obtenido a actividades de blanqueo y pago de comisiones bajo el liderazgo de Zapatero, según la imputación de la Audiencia Nacional. El nexo entre ambas fases es un residente en Santa Maria. El juez José Luis Calama define a Simon Verhoeven, domiciliado en un aislado chalet del término mallorquín, como la «principal persona en la generación de facturas falsas». De ahí la «orden internacional de detención» instada en marzo, y que ha sido activada por la Interpol.

La investigación atribuye a Simon Leendert Verhoeven la creación de un auténtico «pseudobanco» encaminado al lavado de capitales. Nacido en Holanda hace 66 años y con doble residencia en Mallorca y en Suiza, la Audiencia Nacional establece en presente que «existe una organización criminal dedicada al blanqueo», que actuaría fundamentalmente desde la isla y el país helvético. Plus Ultra sería un cliente destacado de la trama. Al día siguiente de recibir el dinero, el engranaje supuestamente dirigido por Zapatero ya desvió 16 millones para que fueran tratados por el residente mallorquín, según el juez Calama.

El financiero afincado en Mallorca y ahora buscado internacionalmente reside en una de las parcelas segregadas de una gran propiedad inicial de un terrateniente de la isla. La UDEF policial refiere el registro llevado a cabo a finales de 2024 en la «Finca Torrent Fals», sin relación alguna con el agroturismo del mismo nombre que ocupa los edificios principales de la antigua possessió. Aunque es propietario de otros activos inmobiliarios en la isla, los vecinos más conspicuos de Verhoeven niegan conocerlo, refrendando la privacidad que ofrece el suelo parcelado entre Santa Maria y Consell, junto a la carretera antigua de Sencelles.

A raíz del registro en Mallorca, el financiero figura ahora como «una Notificación Roja en la base de datos de Interpol». Esta calificación implica «la detención preventiva para extradición» del residente en Santa Maria, en aplicación de la orden internacional dimanada de la autoridad judicial. La importancia que se concede a Verhoeven dentro de la trama de Zapatero puede medirse en sentido inverso por las reticencias policiales ante «la tramitación de Notificaciones Rojas respecto al resto de los investigados». El inspector jefe de grupo se opone y exige «que concreten la implicación individualizada de cada uno de ellos, acompañado de un resumen de hechos más preciso».

Las autoridades judicial y policial han convertido a Verhoeven en un símbolo en negro del cosmopolitismo mallorquín. Desde una casa aislada en la part forana, con ayuda de los tres ordenadores intervenidos en el registro, controlaba una red con ramificaciones en Francia, Suiza, Gibraltar, Mauricio, Montenegro, Panamá o Dominica. El juez Calama concreta su convicción de que «Verhoeven ha utilizado su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a Plus Ultra, amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamos». Las autoridades francesas y suizas que dispararon la investigación hablaban ya de un entramado de «facturas falsas».

El residente en Santa Maria está investigado por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Si Interpol localiza y procede a la «detención preventiva» de Verhoeven, la Audiencia Nacional se compromete a presentar la demanda de extradición, salvo que la «persona principal» fuera localizada en un país que garantiza la entrega automática a España.

Aunque la primera orden de detención internacional del residente mallorquín fue cursada por un juzgado de Instrucción, la Audiencia ha reforzado considerablemente el papel jugado por el objetivo de la Interpol. Se «considera a Verhoeven como la persona encargada de dar cobertura a la generación de facturas falsas, utilizando diferentes sociedades».

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