El Colegio de Abogados de Baleares denuncia “un caos sin precedentes” en los juzgados con los nuevos tribunales de instancia

El Colegio de Abogados de Baleares ha dado la voz de alarma al denunciar “un caos sin precedentes” en los juzgados del archipiélago con la implantación de los nuevos tribunales de instancia de forma precipitada y sin medios.

Esta queja se suma a las reiteradas reclamaciones que han efectuado los sindicatos de funcionarios de justicia desde principios de año, los abogados del turno de oficio o los letrados especializados en derecho de familia.

La junta de gobierno de la corporación ha alertado en un duro comunicado difundido hoy de la inseguridad jurídica generada y de los “nuevos e intolerables retrasos” existentes debido al déficit de personal, las incidencias tecnológicas y la disparidad de criterios en la admisión por parte de los tribunales del requisito de procedibilidad, que obliga al ciudadano a acudir a mediación, a un MASC, antes de interponer una demanda en las jurisdicciones civil y mercantil.

El Colegio de Abogados de las islas ha mostrado su “extrema preocupación” por el modo en el que se está implantando el nuevo modelo de organización judicial previsto en la Ley de eficiencia de la Justicia, basado en la sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de instancia y oficinas judiciales.

La corporación critica que la escasa inversión en medios materiales y, sobre todo, el “colosal déficit de personal”, tanto en la judicatura como en la plantilla de trabajadores de tramitación y gestión, están agravando la situación en la que ya se encontraba la Administración de Justicia en Baleares y provocando nuevos retrasos que afectan a prácticamente todas las fases de los procedimientos y jurisdicciones, con especial incidencia en civil. Estas demoras son “inasumibles”, por cuanto alejan al ciudadano de la posibilidad de obtener la rápida respuesta judicial que merece y necesita.

Los miembros de la junta de gobierno reprochan a los poderes públicos no haber llevado a cabo esta reforma judicial de forma “planificada, pausada y consensuada” con quienes diariamente trabajan en los tribunales. “Las prisas y el método impositivo por el que finalmente se ha optado han generado, como era de esperar, más problemas que soluciones”, se lamentan.

Los integrantes del máximo órgano de gobierno colegial han subrayado que la situación de caos que se está viviendo, “inédita hasta ahora”, no puede atribuirse en absoluto a los operadores jurídicos ni a quienes trabajan en este servicio público, quienes tratan de minimizar con su sobresfuerzo las dificultades que se van planteando.

Afectación muy grave

El comunicado destaca que las disfunciones van mucho más allá de la confusión inicial y de las incidencias lógicas que conllevan cualquier cambio o reforma de la estructura judicial para “acabar tensionando y afectando de forma muy grave al funcionamiento de los órganos judiciales”, en los que se suceden las suspensiones y aplazamientos constantes, los retrasos en la tramitación de unas causas que ya se están señalando para dentro de tres y, en algún caso, cuatro años, y con asuntos ya instruidos que llevan más de un año esperando sentencia.

En Baleares la situación es especialmente más grave que en el resto del país por “el precio casi inasumible de la vivienda” que hace que el archipiélago no sea el destino elegido por los funcionarios de justicia o bien que el personal abandone la isla en cuanto tiene oportunidad de traslado. El déficit en la plantilla es estructural y la rotación, constante, lo que provoca una inestabilidad.

Los abogados advierten sobre la atención deficitaria que se ofrece en los tribunales a los profesionales y ciudadanos. También se quejan de que es muy difícil el seguimiento de los expedientes y conocer en qué estado se encuentran. A ello, hay que añadir los problemas tecnológicos que se producen prácticamente a diario.

Por último, el Colegio recalca que se ha incrementado la inseguridad jurídica en cuanto al requisito de acudir a mediación, a los MASC, antes de interponer una demanda, ya que no hay una pautas claras y homogéneas sobre el cumplimiento de esta exigencia y, especialmente, sobre su admisión por los tribunales, por lo que existe una disparidad de criterios y múltiples interpretaciones que son distintas de un órgano judicial a otro y de un partido judicial a otro. “En vez de aliviar la carga de los juzgados, ha generado una doble litigiosidad, en este caso relacionada con las acciones que se inician contra las decisiones de inadmisión”, añaden.

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