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¿Qué casos quedarán exentos de la limitación de entrada de vehículos en Mallorca?

La ley iniciará el viernes, tras ser aprobada por el Consell, un recorrido parlamentario que podría prolongarse hasta el final de la legislatura

Coches de alquiler en el puerto de Palma.

Coches de alquiler en el puerto de Palma. / DM

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Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

El Consell de Mallorca aprobará este viernes en un pleno extraordinario la esperada proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en la isla, una de las principales promesas del presidente insular, Llorenç Galmés, desde el inicio de la legislatura. La aprobación por parte de la institución insular supondrá un paso decisivo para una norma que todavía deberá completar toda su tramitación en el Parlament antes de entrar definitivamente en vigor. El texto permitirá al Consell fijar un techo máximo de vehículos que podrán acceder a la isla y establecer una tasa para determinados automóviles no residentes, además de limitar específicamente el número de vehículos de alquiler durante la temporada alta, tres datos que la institución insular no ha concretado todavía.

Según ha defendido la institución insular, esos extremos quedarán definidos posteriormente mediante estudios periódicos de capacidad de carga de la red viaria que deberán ser aprobados por el pleno del Consell y que serán los encargados de determinar el número máximo de vehículos autorizados en cada momento.

Qué vehículos quedarán exentos

La futura regulación no afectará a todos los vehículos que accedan a Mallorca. La proposición de ley contempla una amplia batería de excepciones que dejarán fuera de las limitaciones a residentes, trabajadores desplazados y determinados servicios esenciales.

Quedarán exentos, en primer lugar, los vehículos cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas residentes en Mallorca, siempre que los automóviles estén domiciliados fiscalmente en algún municipio de la isla. La excepción no será aplicable a los vehículos destinados al alquiler. También podrán quedar fuera de la limitación los no residentes propietarios de una vivienda en Mallorca, aunque únicamente podrán disponer de un vehículo por inmueble y deberán acreditar que dicho automóvil tributa y tiene domicilio fiscal en esa vivienda.

La norma incluye igualmente a los residentes en Mallorca que utilicen vehículos mediante contratos de renting o leasing, así como a aquellas personas que acrediten desplazarse temporalmente a la isla por motivos laborales. Entre las excepciones figuran además los residentes de Ibiza, Menorca y Formentera que necesiten desplazarse a Mallorca por razones laborales o médicas, así como los residentes mallorquines que se encuentren temporalmente fuera de la isla y deban regresar por circunstancias médicas o familiares graves.

También quedarán excluidos los vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida y todos aquellos considerados de servicio público u oficial, entre ellos los de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ambulancias, bomberos, protección civil, transporte público, transporte escolar, taxis, servicios funerarios, limpieza pública o recogida de residuos.

La gestión de las autorizaciones y del cobro de la futura tasa recaerá previsiblemente sobre las compañías navieras, siguiendo un modelo similar al que ya funciona en Ibiza.

Los plazos: qué ocurrirá con la ley

La aprobación prevista este viernes en el Consell no supondrá la entrada en vigor automática de la limitación de vehículos. El siguiente paso será remitir la proposición de ley al Parlament, donde deberá iniciar toda la tramitación parlamentaria antes de poder ser aprobada definitivamente. Ese recorrido incluye, entre otros pasos, la admisión a trámite de la iniciativa, la apertura del plazo de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, el debate en comisión y posteriormente la votación definitiva en el pleno de la Cámara autonómica.

El calendario juega además un papel relevante. El Reglamento del Parlament establece que la Cámara celebra sus periodos ordinarios de sesiones entre febrero y junio y entre septiembre y diciembre. Esto implica que, una vez concluya el actual periodo de sesiones, la actividad parlamentaria ordinaria no se retomará hasta después del verano.

Por ese motivo, aunque desde el Consell se mantiene el objetivo de sacar adelante la regulación durante esta legislatura, los plazos empiezan a ser ajustados. La norma todavía tendría que superar varios trámites parlamentarios y reunir los apoyos suficientes para su aprobación definitiva -Galmés cuenta, al menos en el Consell, con los votos de la oposición-, por lo que no puede descartarse que el proceso se prolongue más allá de lo inicialmente previsto.

A ello se suma además el calendario electoral. Salvo adelanto, las próximas elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2027. La convocatoria electoral implica además la disolución automática del Parlament semanas antes de la celebración de los comicios. Esto significa que la norma deberá completar su tramitación parlamentaria antes de que el calendario electoral empiece a condicionar la actividad legislativa del Parlament. Si el texto encuentra obstáculos durante su tramitación, se alargan las negociaciones entre los grupos o se presentan numerosas enmiendas, no puede descartarse que la ley llegue al tramo final de la legislatura sin haber completado todo su recorrido parlamentario.

La regulación llega además después de una tramitación mucho más larga de lo que el propio Consell había planteado en un principio. Galmés anunció por primera vez la posibilidad de limitar la entrada de vehículos el 5 de septiembre de 2023, cuando encargó el estudio de capacidad de carga de la red viaria y abrió la puerta a futuras restricciones. Posteriormente, en octubre de 2024, presentó los resultados de ese análisis y anunció ya una futura ley para regular la entrada de vehículos, establecer un techo máximo y crear una tasa para determinados automóviles no residentes. No fue hasta marzo de 2025 cuando el Consell inició formalmente la tramitación legislativa y en junio de ese mismo año presentó el primer borrador de la norma a los grupos políticos.

El precedente de Ibiza y Formentera

Los antecedentes de Ibiza y Formentera -dos islas gobernadas, al igual que Mallorca, por el Partido Popular-, muestran que entre el anuncio político de una limitación y su aplicación efectiva suelen transcurrir varios años. Formentera fue la pionera. El Govern presentó el anteproyecto de ley en febrero de 2018, el Parlament aprobó la norma en enero de 2019 y la regulación comenzó a aplicarse por primera vez el 1 de julio de ese mismo año.

Ibiza siguió un proceso más reciente. Los trabajos institucionales arrancaron en 2022, el Consell anunció formalmente la ley en mayo de 2024, el Parlament la aprobó en octubre de ese año y la primera limitación efectiva de entrada de vehículos no llegó hasta el 1 de junio de 2025.

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