Los promotores avisan: el déficit de vivienda de Baleares se ha duplicado en siete años

La práctica totalidad de las asociaciones empresariales vinculadas a la construcción balear comparecieron públicamente en mayo de 2019 para denunciar que en las islas hacían falta 16.000 viviendas más para hacer frente a sus necesidades residenciales, y que en lugar de edificar las 3.000 anuales que se contabilizaban en ese momento era necesario llegar a las 6.000. Siete años después, ese déficit se ha elevado hasta las 30.000, según se advierte desde la asociación de promotores inmobiliarios del archipiélago (Proinba), fruto de que el ritmo de edificación no ha sido el necesario y al constante incremento de la población durante los últimos ejercicios.

La citada comparecencia en 2019 tenía como objetivo presentar el ‘Libro Blanco’ de la construcción de Baleares, en el que se proponían diferentes medidas, como un mejor uso del suelo existente y un impulso a la vivienda protegida para alquiler y compra, entre otras. Según Proinba, no ha sido hasta 2024 cuando han comenzado a aprobarse algunas de las iniciativas propuestas. Desde esta patronal se lamenta la parálisis que se registró durante las tres legislaturas anteriores, la presidida por José Ramón Bauzá (PP) y las dos de Francina Armengol (PSOE), lo que en su opinión ha favorecido que se haya llegado a la situación actual.

Si en 2019 se señalaba que las 3.000 viviendas que anualmente se edificaban en las islas eran insuficientes y que era necesario llegar a las 6.000, la primera de estas cifras ha seguido sin elevarse durante los últimos años, haciendo que el déficit de nuevas residencias se haya situado ya en las 30.000, de las que cerca de 25.000 corresponderían a Mallorca y unas 5.000 a Ibiza, siendo Menorca la isla en la que este problema se mantiene en niveles más moderados.

Medidas lentas

Desde la asociación de promotores de las islas se pone en valor que desde 2024, ya con Marga Prohens en la presidencia del Govern, hayan empezado a asumirse las iniciativas que el sector de la construcción balear puso sobre la mesa en 2019 con su Libro Blanco, como la posibilidad de elevar la altura de las edificaciones, la transformación de locales comerciales en residencias y un mejor aprovechamiento del suelo de la mano de los Proyectos Residenciales Estratégicos que tienen como objetivo favorecer el desarrollo de los terrenos urbanizables, A ello suman el impulso que se quiere dar a las viviendas protegidas a través de la modalidad de precio limitado.

Se admite igualmente que actuaciones como la transformación de locales está aportando ya nuevos pisos para los residentes, pero en cifras que distan de cubrir las necesidades de las islas y que el gran volumen de nuevos inmuebles solo llegará a medida que se desarrollen los terrenos vinculados a los Proyectos Residenciales Estratégicos existentes principalmente en Palma, para lo que se van a necesitar entre tres y cinco años para ver resultados relevantes, con la salida al mercado de unas 10.000 residencias, de las unas 6.000 serán de precio limitado, «lo que nos va a dar oxígeno para empezar a mejorar la situación actual».

Pero desde esta organización empresarial se lanza una advertencia adicional: con el actual modelo económico de Baleares, que se sustenta en un incesante crecimiento poblacional debido a una necesidad de mano de obra intensiva, el problema no va a tener solución, de ahí que se defienda la adopción de iniciativas encaminadas a elevar la oferta de calidad y un turismo de mayor poder adquisitivo, pero sin que siga creciendo el número de visitantes.

Plan estatal de la vivienda

Por otro lado, desde Proinba se pone en valor que el nuevo plan estatal de la vivienda haya incorporado muchas de las medidas que desde el sector se venían reclamando, con ayudas tanto para el comprador como para las empresas, y la inversión que se va a poner en marcha desde el Estado y las comunidades autónomas.

Sin embargo, se recuerda que en materia de inversiones, para Baleares se fijan 30 millones de euros anuales, una cifra que solo es más baja para Ceuta, Melilla y Asturias, algo que se considera claramente injusto.

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