Hacienda cita al Govern de Prohens para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha dado este lunes el primer paso para negociar con las comunidades autónomas la reforma del sistema de financiación autonómica. El departamento que dirige el ministro Arcadi España ha remitido una carta a todas las consejerías de Hacienda de las autonomías de régimen común, así como a Ceuta y Melilla, para concertar reuniones bilaterales que "comenzarán de forma inmediata".

El objetivo del Gobierno, explican, es acelerar la tramitación de una reforma que permitiría incrementar en 20.975 millones de euros los recursos destinados a las comunidades autónomas y que, según el calendario previsto por el Ejecutivo, podría entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Las reuniones serán dirigidas por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y podrán celebrarse tanto de forma presencial como por videoconferencia, en función de las preferencias de cada comunidad. Posteriormente, el Ministerio prevé convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), paso previo a la aprobación del nuevo modelo por el Consejo de Ministros y a su posterior tramitación parlamentaria.

La reforma constituye una cuestión especialmente sensible para Baleares, una de las comunidades que históricamente ha denunciado infrafinanciación en comparación con otras autonomías. Tanto gobiernos del PP como del PSOE han reclamado durante años una revisión del sistema vigente para corregir los desequilibrios en el reparto de recursos. Según los cálculos del Ministerio, el nuevo modelo distribuiría en 2027 un total de 224.507 millones de euros entre las comunidades autónomas. La cifra supone un incremento muy significativo respecto a los 152.484 millones que recibieron las autonomías en 2023, último ejercicio liquidado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró que el planteamiento del Ministerio de Hacienda no recoge ninguna de las reivindicaciones históricas del archipiélago. "La insularidad pierde peso, no se recoge la característica del crecimiento poblacional, tampoco la población flotante, y la ordinalidad es solo para Cataluña", denunció a principios de año, cuando se presentó la propuesta, al considerar que el nuevo modelo es "un traje a medida para el independentismo catalán" que deja al resto de comunidades en un segundo plano.

Nuevos criterios de reparto

Hacienda plantea una profunda revisión de los mecanismos de distribución de fondos. Entre las principales novedades figura una nueva propuesta de población ajustada, que incorpora variables adicionales y una clasificación más precisa de los distintos grupos de población para calcular las necesidades de gasto de cada territorio.

El Ministerio defiende además un aumento de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, con el objetivo de reforzar su autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal. En este sentido, una de las medidas más destacadas es la posibilidad de que las autonomías reciban la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas radicadas en sus territorios.

La propuesta también contempla el refuerzo de los mecanismos de solidaridad interterritorial mediante un sistema de nivelación horizontal que el Gobierno define como "equitativo, objetivo y transparente". A ello se suma una aportación adicional del Estado para garantizar la denominada nivelación vertical, destinada principalmente a reforzar la financiación de servicios esenciales como la sanidad, la educación pública y las políticas sociales.

Cambio climático y garantía de recursos

Otra de las novedades del modelo es la creación de un fondo específico vinculado al impacto del cambio climático, una cuestión que podría resultar especialmente relevante para territorios como Baleares, particularmente expuestos a los efectos del calentamiento global sobre el litoral, los recursos hídricos y la actividad turística. El Ministerio también garantiza que ninguna comunidad autónoma verá reducidos sus recursos respecto al sistema actual. Este principio de "statu quo" busca facilitar el consenso político en torno a la reforma.

Además, se creará un mecanismo complementario, al margen del sistema ordinario de financiación, destinado a aquellas comunidades que se sitúan por debajo de la media estatal en recursos por habitante. La apertura de las negociaciones llega en un momento en el que diversas comunidades, entre ellas Baleares, reclaman una actualización urgente del modelo vigente, caducado desde hace más de una década. El Govern balear tendrá ahora la oportunidad de trasladar de forma bilateral al Ministerio sus reivindicaciones específicas antes de que la propuesta definitiva llegue al Congreso de los Diputados.

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