El Consell aprobará esta semana la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca sin concretar aún el techo de coches ni la recaudación prevista

El Consell de Mallorca aprobará este viernes en un pleno extraordinario la esperada ley para limitar la entrada de vehículos en la isla, una de las principales promesas del presidente insular, Llorenç Galmés, al inicio de la legislatura y una medida largamente reclamada por buena parte de la sociedad mallorquina ante el aumento de la saturación viaria y las retenciones que cada año se repiten en la red de carreteras de la isla. Galmés (PP) tendrá que apoyarse en la oposición (Més per Mallorca, Coalició per Mallorca y PSIB) para sacar adelante la norma, pues sus socios de Vox parecen mantener el rechazo a una iniciativa que consideran discriminaría a los españoles y atentaría contra la normativa europea de libre circulación de personas.

La aprobación por parte de la institución insular supondrá un paso decisivo para una normativa que todavía deberá superar su tramitación en el Parlament antes de entrar definitivamente en vigor, previsiblemente antes de que finalice este año. Sin embargo, pese a dar luz verde al texto, el Consell todavía no ha podido concretar algunos de los aspectos más relevantes de la futura regulación. Ni el presidente insular ni el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, han podido detallar cuál será el límite máximo de vehículos que podrán acceder a Mallorca ni tampoco la recaudación que podría generar la futura tasa que se aplicará a determinados vehículos.

Según han explicado, esos extremos quedarán definidos posteriormente mediante estudios de capacidad de carga que deberán elaborarse de forma periódica y ser aprobados por el pleno de la institución insular. Será precisamente ese análisis el que determine el techo máximo de vehículos autorizado en cada momento.

Tasas, sanciones y apoyos

La proposición de ley habilita al Consell para fijar un límite de entrada de vehículos y establecer una tasa para aquellos automóviles que no tributen en Baleares que, de cumplirse los plazos, podría aplicarse ya durante la temporada turística de 2027. Además, contempla un techo específico para los vehículos de alquiler, uno de los principales focos de crecimiento del parque móvil durante la temporada. La gestión de las autorizaciones y del cobro de la tasa recaerá sobre las compañías navieras, siguiendo un modelo similar al implantado en Ibiza.

La norma incluye también un régimen sancionador que prevé multas de entre 300 y 30.000 euros para quienes incumplan las restricciones, así como la posibilidad de inmovilizar vehículos que accedan a la isla sin la correspondiente autorización. Asimismo, quedarán exentos los residentes en Mallorca y los vehículos domiciliados y tributados en la isla, además de aquellas personas que se desplacen a Mallorca por motivos laborales, una excepción que el equipo de gobierno insular ha defendido para evitar perjuicios a trabajadores desplazados. Los no residentes que dispongan de una vivienda en la isla, por su parte, solo podrán circular con un coche por casa siempre y cuando esté matriculado y tribute en Mallorca. También se permitirán desplazamientos interislas siempre que acrediten la necesidad de trasladarse por razones laborales o médicas.

Aunque el texto todavía deberá completar su recorrido parlamentario, el Consell ha subrayado que la ley podrá entrar en vigor una vez sea aprobada y publicada, aun cuando el reglamento de desarrollo todavía no esté finalizado. Paralelamente, la institución ya trabaja en la puesta en marcha de la estructura administrativa encargada de gestionar el nuevo sistema de control.

Durante la presentación de la iniciativa, Galmés ha insistido en que el objetivo ha sido alcanzar el mayor consenso posible alrededor de una medida que considera "una cuestión de Estado". El presidente ha recordado que el Consell ha mantenido más de una veintena de reuniones con representantes de sectores económicos, agentes sociales y grupos políticos para consensuar el contenido de la ley, un proceso que, según ha defendido, ha permitido incorporar propuestas y mejoras planteadas durante los últimos meses.

Esa búsqueda de acuerdos explica también la prudencia con la que la institución ha abordado públicamente la regulación desde que presentó el primer borrador. De hecho, el pasado febrero el pleno del Consell ya debatió una moción impulsada por el PSOE para aprobar una limitación de entrada de vehículos, una iniciativa que finalmente fue rechazada por el equipo de gobierno, que defendió entonces la necesidad de culminar primero su propio proceso de negociación y consenso.

Ahora, con el texto definitivo sobre la mesa, Galmés ha trasladado la presión a los grupos políticos y especialmente a Vox, socio de gobierno del PP que en los últimos debates sobre la norma de ha mostraddo muy crítico y reticente hacia la misma, pues considera que podría suponer una discriminación hacia la libre circulación de los ciudadanos españoles, hecho que además choca frontalmente con el concepto de 'prioridad nacional' que los de Abascal vienen defendiendo durante los últimos meses. El presidente ha evitado confirmar si la formación respaldará finalmente la ley, aunque ha lanzado un mensaje directo al considerar que la regulación responde a una demanda ampliamente compartida por la ciudadanía mallorquina.

"Es una cuestión de responsabilidad", ha sostenido Galmés, quien ha asegurado que no contempla otra alternativa que aprobar una regulación de la entrada de vehículos. En este sentido, ha advertido de que aquellos partidos que no respalden la norma "tendrán que dar explicaciones" a los ciudadanos de Mallorca.

Més per Mallorca ha criticado esta mañana el "falso discurso de contención" del Consell tras anunciar la ley para limitar la entrada de coches asegunrando que "Mallorca está más colapsada que nunca", mientras que desde el PSIB han denunciado que en la institución insular "han esperado un año para sacar una ley que ya tenían hecha".

La aprobación de este viernes pondrá fin a una tramitación más larga de lo inicialmente previsto. El Consell anunció la limitación en septiembre de 2023 y presentó el primer borrador de la ley en 2025, defendiendo entonces que la regulación podría quedar aprobada ese mismo año. Sin embargo, las negociaciones con sectores afectados, administraciones y formaciones políticas han prolongado los plazos hasta 2026.

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